León.- Jonathan Miguel decía que era licenciado y ya había estado antes vinculado a proceso como extorsionador a arrendatarios de viviendas. Esta vez fue capturado por el mismo delito y ya está de nuevo bajo proceso penal.
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró obtener las pruebas suficientes para que el imputado fuera vinculado a proceso acusado del delito de extorsión agravada, luego de que realizara amenazas y ejerciera violencia psicológica contra varias familias en el municipio de León, incrementando progresivamente la gravedad de sus actos hasta llegar a la extorsión mediante métodos violentos.
De acuerdo con los investigadores de la Fiscalía, el hecho más reciente por el que Jonathan Miguel fue denunciado ocurrió el pasado 19 de noviembre de 2025, cuando el arrendatario de un domicilio ubicado en la colonia Colinas del Carmen recibió una llamada telefónica de uno de sus vecinos, en la que se le alertaba que personas ajenas intentaban ingresar a su vivienda. Al acudir al lugar, encontró el portón cerrado con cadenas y un candado, además de un letrero con la leyenda “propiedad asegurada”.
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En ese momento se presentó Jonathan, quien se identificó como “licenciado” y afirmó ser el nuevo propietario del inmueble, exigiendo al arrendatario desalojar de inmediato. Además, lo amenazó con represalias físicas si no realizaba un pago de dos millones de pesos, tras asegurar que contaba con el respaldo de la Policía Municipal y pertenecer a un grupo delictivo.
Los agentes de la Fiscalía lograron más datos en contra del extorsionador, al obtener pruebas de que el imputado ya había sido vinculado a proceso por otros dos hechos similares, en los cuales utilizó amenazas para despojar a personas de sus propiedades, antecedentes que fortalecieron la investigación en su contra.
Durante las diligencias, se llevaron a cabo cateos en los que se aseguraron diversos indicios relacionados con estas actividades ilícitas.
Tras la denuncia presentada por la víctima, la Fiscalía inició una investigación exhaustiva que permitió establecer que las acciones de Jonathan Miguel no correspondían a ninguna diligencia legal, configurándose así el delito de extorsión agravada.
La violencia psicológica y las amenazas directas fueron elementos clave para sustentar la acusación, por lo que un juez determinó su vinculación a proceso, por lo que deberá permanecer en prisión preventiva hasta que se realicen las investigaciones complementarias, en las que se buscará determinar si Jonathan Miguel posee o controla otros inmuebles presuntamente obtenidos mediante despojo.
En este caso, las autoridades ministeriales exhortan a la ciudadanía que haya sido afectada por hechos similares a presentar denuncia, a fin de fortalecer las investigaciones para dictarle al imputado una sentencia.