León.- Raúl, taxista de 58 años, aceptó cuando una mujer en moto le fue a ofrecer un crédito. “Accesible, vas pagando poco a poco y sin requisitos”, le dijo la promotora, quien le dejó una tarjeta. Raúl llamó y al día siguiente ya tenía en las manos 5,000 pesos.
Ahora, el trabajador del volante vive en un constante sobresalto, se retiró de la línea de taxis donde laboró durante 10 años y se cambió a Uber, donde cree que es más difícil su localización, pues no hay base a la que puedan ir a buscarlo.
También se cambió de casa, porque ahí llegaban a amenazarlo, cuando vivía en la colonia San Ignacio. Ya no da su dirección a nadie, por temor a que le cumplan las advertencias: “Si sigues sin pagar vas a necesitar una silla de ruedas”. Ya le habían ido a patear la puerta y a gritar desde la calle.
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Y es que obtener el crédito le había resultado fácil. Firmó unas boletas en las que se indicaban los días de pago, dio su número telefónico y su dirección, y fue ahí a donde le fueron a llevar el dinero; tomaron una foto de él y una de la fachada de su casa, y listo.
Sería el inicio de un calvario para el chofer, que sin embargo no terminó como el caso de Jorge, un empresario a quien mataron por una deuda original de 20,000 pesos.
Se vuelve impagable
De acuerdo con el artículo 205 del Código Penal del Estado de Guanajuato, al que obtenga de otra persona ventajas usurarias por medio de contratos o convenios en los que se estipulen réditos o lucros superiores a los vigentes en el sistema financiero, se le aplicará de dos a diez años de prisión y de diez a sesenta días multa.
Estos réditos, según el artículo 2395 del Código de Comercio federal, deben ser del 9 por ciento anual como interés legal, aunque el interés convencional lo fijan los contratantes, pero este nunca debe exceder del 18 por ciento anual.
El lucro de los prestamistas colombianos, conocidos como “Gota a gota”, llega hasta el 100 % anual. El delito de usura se persigue únicamente por querella, pero las víctimas, atemorizadas, no se atreven a denunciarlo ante la Fiscalía General del Estado.
Por los 5,000 pesos, Raúl tenía que pagar 520 pesos semanales durante 13 semanas. Terminaría pagando, en el mejor de los casos, 6,760 pesos. Pagaría 35 por ciento de interés por 3 meses.
Miedo y golpes
De las violaciones a los artículos de la ley mencionados anteriormente, los prestamistas colombianos pasan al 213 del Código Penal de Guanajuato: la extorsión: “A quien obtenga un provecho indebido obligando a otra persona por medio de la violencia a dar, hacer o dejar de hacer algo en su perjuicio o en el de tercero”. Pero como el miedo sigue, la impunidad también y las denuncias no aparecen.
A Raúl le golpearon la puerta y le gritaron “insultos colombianos”. Llegó a creer que realmente era un “gonorrea”, un “huevón” o un “garbimba”. Sus vecinos abrían las cortinas, sin disimulo, para ver por qué los cobradores lo trataban así. Él ni siquiera se asomaba, por temor.
Se iba caminando desde su casa hasta la base, donde guardaba el taxi, pero ya los colombianos lo estaban esperando y mejor ni llegaba; era un día sin trabajar y la deuda seguía creciendo.
“Vivo con mucho estrés, siempre estoy angustiado porque tarde o temprano me van a ubicar, la deuda ya es de 14,500 pesos y no puedo pagar”, señala Raúl, entrevistado por La Silla Rota Guanajuato. Hoy maneja un “taxi ejecutivo” de plataforma y complementa sus ingresos preparando botanas y guisados para reuniones de sus excompañeros taxistas. Se cambió a vivir a un rumbo totalmente alejado de donde antes estaba.
Con menos suerte
El pasado 5 de abril, una mujer fue asesinada con arma de fuego cuando salía de hacer sus compras en Walmart Rentería; su familia declaró que había sido presuntamente por una deuda contraída con los de “Gota a gota”.
El 27 de noviembre de 2022, en Villas de San Juan, un vecino fue víctima de una golpiza por parte de cobradores; luego le dieron un balazo, dejándolo herido.
El 13 de septiembre, también del año pasado, Miguel fue baleado en su casa por 2 cobradores que llegaron en una moto a exigirle el dinero que debía, más los intereses. Ocurrió en la colonia Torres Doradas.
El 8 de septiembre, Ignacio, un mecánico de la comunidad de San Cristóbal, fue herido a balazos por la misma causa.
Un caso más sonado fue el del dueño de la forrajera “Torito” en Los Castillos, a quien los cobradores asesinaron en la puerta de su negocio. La forrajera fue traspasada al expárroco de la comunidad, quien semanas después también fue asesinado en el mismo lugar.
Los prestamistas colombianos también son acusados, por familiares de la víctima, del asesinato de un hombre en su negocio de botanas en el bulevar La Merced, de la colonia Bellavista, en junio del año pasado. Según los familiares, Jorge había pasado ya previamente por las etapas de amenazas, insultos, golpes y finalmente le quitaron la vida, cuando no pudo pagar un préstamo que inicialmente era de 20,000 pesos. Había pagado unos 35,000 y la deuda seguía creciendo.