León.- Los 24 ejidatarios que se vieron afectados con el despojo de 94 hectáreas de tierras en la ampliación del ejido San Pedro de los Hernández, denunciaron irregularidades, omisiones y falta de atribuciones de las autoridades sobre los terrenos que se vendieron ya a un particular para comercializarlos.
Señalaron, a través de un comunicado de prensa, que estas tierras que ahora reclaman fueron sometidas a juicios y amparos legales por alrededor de 40 años y ahora, aprovechándose de la situación, acusan al comisariado ejidal como el responsable del terreno que les quitaron.
“Cuando el Gobierno Federal nos otorgó la ampliación del ejido hay un particular que las reclama, comenzamos con los juicios legales, pero las mismas autoridades federales no saben resolver el problema, que va desde no saber los límites del ejido, todo esto retrasa los juicios legales”, expuso el ejidatario Adolfo Vargas Gutiérrez.
Y agregó: “Han sido muchos años en los que se va de un Tribunal Federal al de Celaya, al de Guanajuato y nadie puede resolver nuestro problema, que nos ha implicado muchos gastos en abogados, en ir a México… y eso quién nos los va a recuperar, son nuestras tierras que nosotros necesitamos para vivir”.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP EN ESTA LIGA
Cabe recordar que fue el pasado 26 de septiembre cuando, mediante un fuerte operativo de seguridad se llevó a cabo el desalojo en las hectáreas que están en disputa, con la presencia de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, presuntamente porque un particular exige las tierras que han sido vendidas irregularmente por el comisariado ejidal.
La labor de desalojo terminó con la colocación de malla ciclónica alrededor del predio.
“Tampoco hemos tenido una explicación por parte del Gobierno del Estado y su participación en un operativo que movió a decenas de policías estatales sobre las hectáreas, vivimos momentos horribles, porque los elementos estaban con armas, no nos dejaban entrar a nadie, a mujeres, a nadie, sólo decían que cumplían una orden sin mostrar documentos, mientras que nosotros sí les mostrábamos los documentos que avalan que eran nuestra propiedad”, añadió el ejidatario Primitivo Granados.
Manifiestan que en el operativo participaron y daban indicaciones a los policías estatales personas que no se identificaron ni como funcionarios estatales ni federales.
Y detallaron que el desalojo fue realizado con grúas particulares, patrullas estatales, policías antimotines y varias camionetas de lujo con placas de otros estados.
“Tampoco vimos actuarios ni notarios que dieran fe o legalidad de este hecho, por ello pensamos que, o engañaron al Gobierno estatal para participar en este despojo o son parte de un fraude cometido por autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), del comisariado, y de los involucrados”, expuso.
Acusan directamente al Comisariado ejidal pro esta situación y señalaron que éste lo conforman: Serapio Granados (Presidente), Sergio Rizo (Secretario) y María de Lourdes (Tesorera).
“Estamos ahora en más juicios para anular el acta de esa supuesta reunión del comisariado ejidal, entre ellos nos han comentado que fueron vendidas a un señor Valente Aguirre, en esa reunión no estaba la mayoría de los ejidatarios e incluso ponen firmas de personas que ya murieron”, añadió una ejidataria.
El predio en disputa está ubicado entre los bulevares Juan Alonso de Torres y Vértiz Campero.