Guanajuato.- Por unanimidad de votos, el Congreso del Estado de Guanajuato aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Municipales, relativo a la iniciativa suscrita por las y los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, mediante la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, que desaparece síndicos en varios municipios de Guanajuato.
Al fijar su posicionamiento a favor del dictamen, el diputado Ernesto Millán Soberanes destacó que la propuesta incorpora ajustes al número de regidurías y sindicaturas por municipio dentro de la reforma electoral.
"El dictamen reduce sindicaturas en municipio que así lo tienen, dejando de dos a uno, esta reforma aplica en los municipio de León, Acámbaro, Salamanca, Celaya, Irapuato y Guanajuato", explicó.
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También se dio a conocer las disposiciones en materia de suplencias, licencias y representación, entre otros aspectos conocidos públicamente como “Plan B”. Con ello, subrayó, se busca actualizar el marco legal para fortalecer la representación democrática y la gobernabilidad municipal, dentro de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Ley para el Gobierno y la Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.
Estas modificaciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado tienen como propósito dotar de mayor certeza, legalidad y operatividad a la elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial, mediante la creación de un régimen normativo específico y diferenciado, plenamente armonizado con la Constitución y con la legislación orgánica del Poder Judicial.
Millán Soberanes agregó que este diseño normativo responde a la necesidad de contar con reglas claras y procedimientos especializados para la resolución de controversias en materia electoral.
Esta reforma no constituye solo una extensión del modelo electoral ordinario, sino la conformación de un subsistema jurídico especializado, acorde con la naturaleza de la función jurisdiccional.
Además, se preservan y refuerzan principios como la independencia judicial, la división de poderes, el mérito profesional y el acceso equitativo a los cargos públicos, pilares indispensables para la confianza ciudadana en las instituciones.
La legislación establece las disposiciones aplicables para regular los procesos electorales ordinarios, especiales y extraordinarios en la entidad, incluyendo la elección de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal, de las diputaciones locales, de las y los integrantes de los ayuntamientos y de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, todo ello en congruencia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local y las leyes generales en la materia.
"Con estas reformas, los diputados reafirman su compromiso con la modernización del sistema electoral, el fortalecimiento de los gobiernos municipales y la consolidación de un marco jurídico que brinde mayor claridad, certeza y confianza a la ciudadanía en cada etapa de los procesos electorales", puntualizó.