Guanajuato, México. La comparecencia del fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, ante el Congreso del Estado de Guanajuato se convirtió en un episodios político tenso, luego de un fuerte intercambio con la diputada local de Morena Hades Berenice Aguilar Castillo durante la sesión de rendición de cuentas del titular de la Fiscalía.
El encuentro ocurrió el 10 de marzo, cuando el fiscal acudió al Poder Legislativo para exponer avances y responder preguntas sobre su primer año de gestión al frente de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. La comparecencia se desarrolló en un contexto ya marcado por diversas controversias alrededor de la institución, entre ellas cuestionamientos por vulneraciones a sistemas informáticos, confrontaciones con periodistas y críticas a decisiones administrativas dentro de la Fiscalía.
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Desde antes de la comparecencia, la diputada Hades Aguilar había adelantado que el ejercicio no debía ser un simple trámite legislativo, sino un espacio para exigir resultados concretos en materia de procuración de justicia. La legisladora morenista señaló públicamente que esperaba respuestas claras del fiscal sobre diversos temas que han generado preocupación en el estado, particularmente los relacionados con víctimas del delito y transparencia institucional.
Durante el intercambio en el Congreso, Aguilar centró parte de sus cuestionamientos en el destino de los recursos públicos. En su intervención señaló que la oficina del fiscal habría ejercido alrededor de 23 millones de pesos durante 2025, mientras que el monto destinado a reparación del daño para víctimas fue cercano a 16 millones de pesos, lo que —según su postura— reflejaría una desproporción entre el gasto administrativo y el apoyo directo a quienes han sufrido delitos.
El fiscal Vázquez Alatriste respondió que la Fiscalía atiende diversos apoyos emergentes y que existen mecanismos adicionales a través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Sin embargo, la respuesta generó un nuevo intercambio con la legisladora, quien acusó al funcionario de no dimensionar la situación que enfrentan muchas personas afectadas por la violencia en el estado.
Uno de los momentos que generó mayor polémica ocurrió cuando el fiscal se dirigió a la diputada sin mencionarla por su nombre y se refirió a ella como “segunda persona”. La expresión fue interpretada por Aguilar como un trato despectivo dentro de un ejercicio institucional de rendición de cuentas.
Tras la comparecencia, la diputada declaró que analizaba presentar una denuncia por violencia política en razón de género, al considerar que el trato recibido durante la sesión invisibilizaba su investidura como representante popular y reproducía prácticas de descalificación hacia mujeres en espacios de poder.
El intercambio entre ambos también incluyó críticas directas a la gestión de la Fiscalía. Aguilar cuestionó la falta de resultados visibles en algunos temas prioritarios y acusó al fiscal de responder con evasivas. En algunas crónicas del encuentro se reportó incluso que la legisladora tuvo que recordarle su nombre durante el intercambio, lo que intensificó la tensión en la sala.
La comparecencia también estuvo marcada por cuestionamientos sobre la seguridad de los sistemas informáticos de la Fiscalía. Vázquez Alatriste reconoció que hubo uso indebido de credenciales dentro de la institución, aunque evitó calificar los hechos como un “hackeo” y prefirió describirlos como posibles delitos informáticos en investigación.
Este tema ha generado preocupación en meses recientes debido a la posibilidad de que bases de datos sensibles —incluidas relacionadas con investigaciones y víctimas— pudieran haber sido vulneradas. Para legisladores de oposición, el episodio evidencia debilidades en los controles internos de la institución; para la Fiscalía, se trata de hechos que ya están bajo análisis técnico y penal.
El choque entre la diputada morenista y el fiscal también tiene antecedentes políticos. Desde 2025, Aguilar y otros legisladores de su bancada habían impulsado exhortos para que Vázquez Alatriste se separara temporalmente del cargo mientras se aclaraban investigaciones relacionadas con actuaciones de funcionarios que trabajaron con él cuando formaba parte de la Fiscalía General de la República.
En ese contexto, la comparecencia del 10 de marzo terminó convirtiéndose en un escenario donde se cruzaron cuestionamientos sobre resultados, manejo institucional y trato político dentro del Congreso.
Más allá del intercambio verbal, el episodio volvió a colocar bajo la lupa la gestión del fiscal de Guanajuato, quien llegó al cargo tras la salida de su antecesor y ha enfrentado desde entonces un ambiente político polarizado en torno al funcionamiento de la Fiscalía.
La confrontación con Hades Aguilar dejó claro que la relación entre el titular de la Fiscalía y parte del Congreso estatal seguirá marcada por la presión política y las exigencias de rendición de cuentas en uno de los temas más sensibles para la entidad: la procuración de justicia.
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