Guanajuato.- La magistrada Luz Elba de la Torre Orozco dedicó su último día de campara para revalidar su cargo a dar entrevistas y buscar el voto, pero en su escritorio espera un caso delicado: la revisión a la libertad que dictó una juez local a los acusados de asesinar a decanas de personas halladas en dos fosas en Salvatierra.
Ella debe decidir si revoca o no la suspensión de orden de aprehensión contra los presuntos responsables de asesinar a las víctimas halladas en fosa clandestina más grande que ha sido encontrada en Guanajuato en los últimos años, ubicada en Salvatierra, en la que se hallaron 80 cuerpos.
La magistrada está en la boleta rosa y está pidiendo el voto para el próximo domingo. “Vota por la magistrada número 02”, dice su campaña electoral. Luz Elba de la Torre quiere repetir en el cargo como magistrada del Primer Tribunal Colegiado del Material Penal del XVI Circuito de Guanajuato, pero la reforma no le permitió dejar el cargo para hacer campaña.
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Este miércoles, en su último día de campaña, acudió a una estación de radio y difundió tres mensajes en su cuenta de X. Usuarios le pidieron atender la revisión del auto de libertad, pero en el transcurso del día, restringió los comentarios y hacia las 8.30 de la noche publicó un agradecimiento en el que sólo se permitía participar a las cuentas que ella sigue.
Una revisión delicada
El caso complicado es una impugnación por la libertad de dos delincuentes acusados de la desaparición de 80 personas encontradas en una narcofosa en Salvatierra. La resolución que dictó Gabriela Berenice Pinedo Amador, magistrada del Tribunal de Justicia de Guanajuato se encuentra en revisión por la magistrada Luz Elba de la Torre, debido a posibles inconsistencias en la determinación de liberar a personas que están ligadas al Cártel de Santa Rosa de Lima.
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La orden de aprehensión que fue dictada en contra de Carlos Manuel Calderón Cardoso y de Julio César Zamudio Villagómez fue suspendida por la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato.
Los detenidos, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades, serían integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, organización criminal que fundó José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, que habría enterrado a 80 personas en la fosa clandestina en un predio en una colonia del municipio de Salvatierra la que sería la más grande que fuera encontrada en los últimos años.
Al respecto, los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que llevan el caso de la familia Barajas Piña, padres de una de las jóvenes halladas en la fosa han denunciado que ha habido “irregularidades” en el proceso pues “viola el derecho al acceso a la justicia y a la participación de las víctimas”.
Los familiares de la víctima temen represalias de los delincuentes que han sido vinculados con el Cártel de Santa Rosa de Lima, y acusan que hay “corrupción” en el sistema de justicia de Guanajuato.
A la familia Barajas Piña les desaparecieron a su hija Guadalupe y meses después, cuando su otro hijo, Javier, se unió a la búsqueda de su hermana, también lo asesinaron y a esto se suma que una sala penal en Guanajuato ahora dictó una resolución de liberación de los presuntos responsables de la narcofosa y de las desapariciones.
El pasado 9 de abril de este año la familia Barajas Piña se enteró que las autoridades habían detenido a Carlos Manuel Calderón Cardoso y casi al mismo tiempo, los abogados de la familia supieron que la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato concedió una suspensión a la orden de aprehensión en su contra.
Los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señalaron que la resolución de la magistrada Gabriela Berenice Pinedo Amador les pareció “inaudita y sin sustento”, debido a que se basó en el artículo 191 de la Ley de Amparo, “que no se relaciona con el debido proceso y no ordena la liberación de nadie”.
Los abogados indicaron que la irregularidad en la liberación se emitió sin que les fuera notificado a los familiares de las víctimas, “violando su derecho al acceso a la justicia” e impidiendo su participación.
Y esta misma resolución de suspensión fue otorgada también por la magistrada Pinedo Amador al otro de los detenidos, Julio César Zamudio Villagómez, quien fue puesto en libertad luego de que fuera interpuesto un amparo contra su orden de arresto.
Revisión del caso
Abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señalaron que “es un caso inaudito ya que es una medida de impunidad y que la ley era muy clara y no estaba sujeto a interpretación”.
Ante esto, el pasado 8 de mayo ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Circuito Judicial de Guanajuato del Poder Judicial de la Federación (PJF), fue abierto un incidente por exceso en el cumplimiento de la suspensión de la orden de aprehensión de Carlos Manuel Calderón Cardoso.
Dijeron los abogados que la finalidad de este incidente es que se determine que el dictado de este tipo de medidas de suspensión en un juicio de amparo directo, como en el caso en mención sobre la libertad de los presuntos responsables, sea considerado “inusitado y excesivo con los límites previstos en la Ley de Amparo, por lo que la autoridad debe corregir esta determinación para efecto de que el imputado quede a disposición del Tribunal Colegiado, permitiendo con ello su reaprehensión”.
Ahora la revisión de la resolución de este incidente está en manos de la magistrada Luz Elba de la Torre Orozco, quien está adscrita al Primer Tribunal Colegiado en materia Penal del Decimosexto Circuito con sede en Guanajuato, y que la decisión podría regresar a prisión a Carlos Manuel Calderón Cardoso y de Julio César Zamudio Villagómez, que de acuerdo a las autoridades son integrante del Cártel de Santa Rosa de Lima.
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Luz Elba de la Torre Orozco es magistrada federal pues el Tribunal Colegiado es parte del Poder Judicial de la Federación y se encuentra actualmente haciendo campaña para conseguir votos en la elección del Poder Judicial del 1 de junio para mantenerse en el cargo.