León.- La actual administración municipal, encabezada por Alejandra Gutiérrez, ha dado de baja a más de 500 policías municipales, luego de filtros de control de confianza en los que han tenido que salir de la corporación quienes no acreditan los parámetros de confiabilidad para esas funciones.
En su primer informe de gobierno, la presidenta municipal reveló que la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana (SSPC) de León había despedido a un total de 636 elementos, de los cuales 425 eran policías preventivos y 211 de vialidad.
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Sin acusaciones
Sin embargo, el hecho de no permanecer en la corporación, no necesariamente significa que los elementos cesados hayan incurrido en delito alguno, y la mayoría están libres de cualquier tipo de acusación penal, por eso muchos de ellos mantienen litigio para recuperar su cargo.
La presión por parte del Ayuntamiento es hacia el secretario de la SSPC, Mario Bravo Arrona, a quien los ediles le exigen los resultados que la corporación no ha podido entregar a la sociedad leonesa. El síndico Arturo Sánchez Castellanos ha cuestionado sobre el periodo en que se recuperarán las plazas ahora vacantes, además de exigir que quienes ingresen sean personas que sí respondan a las necesidades de la sociedad.
Bravo Arrona ha respondido que en el mes de febrero de 2023 egresará la próxima generación de la Academia Metropolitana de Seguridad, con un estimado de entre 80 y 100 elementos que además cubran las pruebas a las que se les somete por parte del Centro Estatal de Control de Confianza.
En la actualidad, la vigilancia en la ciudad de León es cubierta por aproximadamente 2,700 elementos activos, entre policías y agentes viales.
¿Y los que se van?
De acuerdo con el secretario Bravo Arrona, a los elementos que han causado baja se les da seguimiento, lo cual corresponde al director de la Policía Municipal, Jorge Guillén Rico. “Estamos viendo cómo se mueven”, apuntó Bravo.
De acuerdo con la observación sobre los expolicías, se ha detectado que la mayoría han encontrado colocación como choferes de plataformas digitales de transporte público, como Uber, Didi, Indriver, etcétera, así como en taxis tradicionales.
Otros más se han colocado en empresas de seguridad privada, y algunos otros tienen sus propios negocios, según Bravo Arrona. “Seguimos monitoreando a todos los elementos que se dan de baja, muchos de ellos se dedican a andar en taxis, otros que se dedican a seguridad privada e incluso otros dan servicios en otras instituciones. Los tenemos monitoreando constantemente”.
Recientemente, un expolicía municipal fue detenido junto con dos agentes de la Fiscalía General de la República, todos miembros de una banda de asaltantes. Bravo Arrona confirmó que sí era un antiguo integrante de la corporación, quien tenía por lo menos dos años de haber sido dado de baja.
cv