En abril de este año, el estudiante guanajuatense, Ángel Yael murió a manos de un elemento de la Guardia Nacional. Este lunes 26 de diciembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a Rosan Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.
Era el 27 de abril. Ángel Yael de 19 años; Edith Alejandra Carillo Franco de 22 años; Eduardo y Laisa, también en sus veintes, se habían dirigido a la comunidad El Copal cerca de la Universidad de Guanajuato, campus Irapuato-Salamanca para convivir con más amigos y compañeros.
Ahí en la ex Hacienda El Copal se juntaron 12 estudiantes. Todo trascendía con normalidad. Era una reunión exactamente igual a la que todos los jóvenes universitarios de Guanajuato comunmente asisten al salir de clases. Había alcohol, frituras y música. Se estaban divirtiendo.
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Todos mayores de edad, no había nada que estuvieran haciendo fuera del margen de la ley cuando a cuatro de ellos los atacaron como criminales.
Guardia Nacional mata a Ángel
Un muerto y un herido, fue el primer reporte. Solo decía eso, pero fue cuestión de minutos para que se supiera que eran estudiantes. Según lo relatado a La Silla Rota por Eduardo, quien sostuvo el cuerpo sin vida de Ángel, los Guardias Nacionales se aparecieron en el convivio y "para no tener problemas", mejor se retiraron.
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Ángel, Eduardo, Edith y Laisa se fueron juntos, pero mientras se retiraban el miedo los inundó y pisaron el acelerador para alejarse de ellos. Mientras se reitaraban, detrás apareció una unidad oficial, los elementos de la Guardia Nacional les apuntaron sus armas y les dispararon.
Mataron a Ángel e hirieron a Edith.
Una gran movilización social y discusión política surgió en torno a esto y a 8 meses del ataque, el caso sigue latiendo.
Emite CNDH recomendación; la vida de los estudiantes nunca será la misma
"La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigió la Recomendación 80VG/2022 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por violaciones graves a los derechos humanos a la vida en agravio de una persona estudiante de la Universidad de Guanajuato, y a la integridad personal y seguridad jurídica de otras tres, por el uso excesivo de la fuerza, atribuible a elementos de la Guardia Nacional (GN)o", deatlló la Comisión defensora en un comunicado.
La CNDH señaló que, a pesar de que los elementos argumentaron que tuvieron que dispararles porque habían huido y se negaron a detenerse, Derechos Humanos concluyó que uso de la fuerza fue ilegal porque no se estaban enfrentando a una amenaza real. No solo los jóvenes no los agredieron, sino que ni siquiera opusieron resistencia.
Su vida nunca será la misma. La CNDH indicó que, tras el ataque, el proyecto de vida de los cuatro jóvenes que anhelaban ser ingenieros fue "drásticamente afectado" de manera permanente. Las secuelas físicas, psicológicas y sociales los acompañarán por el resto de su vida en sus relaciones sociales en las que manifestarán estados de temor, ansiedad y depresión.
Becas y atención psicológica, la compensación a las víctimas
La CNDH virtió la responsabilidad más allá de los elementos que atacaron a los estudiantes y se extendieron hasta la institución por la falta de preparación de los guardias en cuanto a los protocolos de uso de la fuerza y armas de fuego. También en materia de rendición de cuentas, algo que consideró "totalmente imputable y reprochable a esa institución".
Recomendó a la Guardia Nacional inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a las cuatro víctimas y a sus familiares. La reparación integral deberá incluir atención médica integral, psicológica, tanatológica y de rehabilitación, según corresponda a cada una de ellas y, si los estudiantes desean continuar sus estudios, una beca o mecanismo para facilitarles el acceso a la educación.
Pidieron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal colaborar con el Juzgado encargado de la investigación, con el Órgano Interno de Control de la Guardia Nacional y la impartición de un curso sobre el uso de la fuerza a los que participaron en el ataque que provocó la muerte de Ángel Yael.
Finalmente, la CNDH pidió que se atienda lo establecido sobre el uso de la fuerza, con el propósito de que las personas servidoras públicas de dicha corporación registren audiovisualmente el desarrollo de los operativos en que participen.
PR