La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que la decisión de Estados Unidos de no renovar el TMEC y someter a México a revisiones anuales genera un escenario de incertidumbre para la inversión, al tiempo que responsabilizó al gobierno federal de proteger a funcionarios señalados por la justicia estadounidense.
En un mensaje difundido este jueves, la mandataria estatal afirmó que la nueva relación comercial con Estados Unidos ya tiene efectos económicos y señaló como ejemplo el anuncio de que la empresa Toyota trasladará parte de su producción de Tijuana a Texas. De acuerdo con Campos, este tipo de decisiones ponen en riesgo empleos y la competitividad de estados con vocación manufacturera y exportadora, como Chihuahua.
La gobernadora sostuvo que la incertidumbre sobre las reglas comerciales desincentiva la inversión y atribuyó esa situación a la falta de confianza en el Estado de derecho. En ese contexto, vinculó el escenario económico con el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al afirmar que continúa sin rendir cuentas pese a los señalamientos en su contra.
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Campos también hizo referencia a declaraciones de la Fiscalía General de la República, al señalar que la institución informó que no cuenta con elementos probatorios suficientes para proceder contra Rocha Moya. La mandataria consideró que esa postura representa una protección política y sostuvo que el gobierno federal debe permitir que las investigaciones avancen.
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En la parte final de su mensaje, la gobernadora pidió al gobierno federal "recapacitar" y actuar para que los funcionarios señalados enfrenten a la justicia. Asimismo, convocó a la ciudadanía a mantener el tema en la agenda pública y reiteró sus cuestionamientos sobre el paradero de Rocha Moya, las razones por las que, dijo, es protegido y el impacto que esa situación podría tener para el país.
Antecedentes del caso
Contexto: el pasado 21 de junio, Maru Campos pidió que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea entregado a Estados Unidos, la mandataria mantiene desde hace varios meses una confrontación política con el gobierno federal derivada de investigaciones relacionadas con un operativo de seguridad realizado en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos policías mexicanos y dos agentes estadounidenses que participaban en labores de inteligencia.
Tras ese operativo, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la presencia de agentes de Estados Unidos en territorio mexicano y solicitó una explicación oficial sobre su participación, al considerar que debían cumplirse los mecanismos de coordinación previstos para este tipo de actividades. La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación sobre los hechos y requirió la comparecencia de la mandataria estatal.
En mayo pasado, Maru Campos acudió a instalaciones de la FGR en la Ciudad de México tras recibir un citatorio ministerial. Aunque asistió acompañada por dirigentes del PAN y su equipo jurídico, sostuvo que no comparecería como testigo debido a que, por su calidad de gobernadora, cuenta con protección constitucional. Su defensa presentó un escrito en el que impugnó la legalidad del citatorio al considerar que carecía de la fundamentación correspondiente.
Al salir de la diligencia, la gobernadora acusó al gobierno federal de intentar fabricar un caso en su contra y contrastó su situación con la del entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En ese momento afirmó que, mientras su administración era objeto de investigaciones federales, funcionarios sinaloenses señalados por autoridades estadounidenses no enfrentaban acciones similares por parte del gobierno mexicano.
La confrontación política se intensificó después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA hicieran públicos señalamientos contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico. Frente a esas acusaciones, el gobierno de México sostuvo que cualquier actuación debía sustentarse en pruebas y seguir los procedimientos legales correspondientes antes de emitir conclusiones.
En semanas posteriores, la FGR confirmó la existencia de actuaciones ministeriales relacionadas tanto con las investigaciones por el operativo en Chihuahua como con los señalamientos formulados por autoridades estadounidenses contra funcionarios sinaloenses. Ambos casos colocaron nuevamente en el debate temas como la cooperación bilateral en materia de seguridad, la soberanía nacional y el alcance de las investigaciones sobre servidores públicos de alto nivel.
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