Habitantes del ejido Guajes de Ayala, ubicado en la sierra del municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, denunciaron que la mañana de este miércoles fueron objeto de ataques armados presuntamente perpetrados por integrantes de la delincuencia organizada, hechos que dejaron personas heridas y obligaron a varias familias a resguardarse para proteger su integridad.
Los pobladores hicieron un llamado urgente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, para que envíen fuerzas de seguridad a la zona. Afirmaron que desde hace aproximadamente 15 días han solicitado apoyo ante el avance de hombres armados, sin que, aseguran, las autoridades estatales hayan atendido su petición, de acuerdo con información de Proceso.
De acuerdo con testimonios difundidos por habitantes del ejido, mientras los hombres permanecían en el exterior tratando de defender la comunidad, mujeres y niños se refugiaron en un inmueble de salud. En sus mensajes señalaron que existen personas fallecidas y lesionadas como consecuencia de la violencia.
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Durante la mañana, los ejidatarios difundieron videos y un pronunciamiento dirigido a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional para alertar sobre la situación que enfrenta el núcleo agrario, integrado por siete comunidades. En las grabaciones se observa a familias resguardadas mientras solicitan la intervención inmediata de las autoridades.
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Los habitantes sostuvieron que su población enfrenta una condición de alta vulnerabilidad debido a los ataques atribuidos a grupos del crimen organizado, los cuales, afirmaron, incluso habrían utilizado drones con explosivos. Según su denuncia, esta situación ha provocado personas heridas, desplazamiento de familias y un ambiente de temor entre los habitantes.
En uno de los videos, mujeres aseguran que las agresiones comenzaron alrededor de las 6:00 de la mañana. Entre lágrimas, pidieron apoyo a las autoridades federales y afirmaron que las explosiones alcanzaban viviendas donde se encontraban menores de edad.
La situación de seguridad en Guajes de Ayala se mantiene deteriorada desde octubre de 2025, cuando se registró un enfrentamiento entre presuntos integrantes de La Nueva Familia Michoacana y un grupo de autodefensa de la comunidad. Desde entonces, los pobladores aseguran que las siete localidades del ejido permanecen sin servicios permanentes de salud ni personal docente.
Contexto: además, recordaron que el pasado 14 de junio las autoridades del núcleo agrario advirtieron sobre el desplazamiento de un grupo armado identificado con La Nueva Familia Michoacana hacia las comunidades del ejido, por lo que solicitaron la intervención del Ejército y de la Guardia Nacional con el objetivo de evitar un nuevo enfrentamiento con los grupos de autodefensa presentes en la zona.
De acuerdo con un comunicado difundido por las autoridades ejidales, un convoy de hombres armados presuntamente vinculado a ese grupo criminal se desplazó por el camino de terracería que comunica a la comunidad desde El Coyol. Además, señalaron que los presuntos delincuentes utilizaron maquinaria pesada para bloquear el acceso.
Los representantes del ejido solicitaron la intervención de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno de Guerrero para atender la situación y garantizar la seguridad de las comunidades. Indicaron que corresponde a las autoridades salvaguardar la integridad de la población.
Los ejidatarios afirmaron que mantendrán su negativa a permitir el ingreso de grupos armados a su territorio y advirtieron sobre el riesgo de nuevos enfrentamientos. También alertaron que, en episodios previos de violencia en la zona, se han registrado ataques con drones que lanzan explosivos contra viviendas, con afectaciones a la población civil, incluidas mujeres y menores de edad.
Antecedentes de violencia en Tierra Caliente
La violencia en la sierra de la Tierra Caliente de Guerrero tiene antecedentes que se remontan varios años. En junio de 2021, La Silla Rota documentó una nueva escalada de enfrentamientos en el ejido Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, donde habitantes denunciaron ataques armados atribuidos a un grupo delictivo y la ausencia de apoyo de las autoridades pese a los llamados de auxilio.
En ese entonces, pobladores difundieron audios y videos en los que mujeres refugiadas junto con niños narraban que las comunidades permanecían rodeadas por hombres armados y que los accesos habían sido bloqueados. De acuerdo con sus testimonios, las agresiones se prolongaron durante varios días, mientras los habitantes organizaban la defensa del ejido ante la falta de presencia de fuerzas de seguridad.
Los habitantes también señalaron que las balaceras provocaron el desplazamiento de familias y el abandono de viviendas, además de denunciar que comunidades de la zona permanecían incomunicadas tras la destrucción de caminos. Organizaciones civiles, entre ellas el Observatorio por la Paz y el Desarrollo de los Pueblos de la Sierra, solicitaron entonces la intervención de autoridades estatales y federales para contener la violencia y proteger a la población.
Aquellos hechos ocurrieron apenas unos meses después de otra crisis de seguridad registrada en la misma región. En febrero de 2021 también se reportaron enfrentamientos que derivaron en el desplazamiento de habitantes de comunidades serranas de Coyuca de Catalán. A raíz de esa situación, autoridades federales y estatales realizaron recorridos en la zona y legisladores solicitaron el establecimiento de retenes permanentes para reforzar la seguridad en los municipios de Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan.
La problemática, sin embargo, tiene un origen aún más antiguo. En abril de 2018, La Silla Rota documentó el éxodo de decenas de familias provenientes de más de 30 comunidades de San Miguel Totolapan, quienes abandonaron sus hogares debido a la violencia generada desde 2012 por el grupo criminal conocido como "Los Tequileros". Los desplazados fueron trasladados a un albergue habilitado en Atoyac de Álvarez, donde recibieron asistencia humanitaria después de denunciar que habían solicitado apoyo sin obtener una respuesta suficiente de las autoridades.
Las crónicas de ese periodo describieron cómo comunidades completas quedaron prácticamente deshabitadas por el temor a los enfrentamientos, secuestros y homicidios atribuidos a esa organización criminal. De acuerdo con testimonios de habitantes y reportes periodísticos, decenas de localidades de la sierra fueron abandonadas parcial o totalmente, mientras otras registraron un retorno limitado de familias una vez que disminuyeron los episodios de violencia.
El desplazamiento también tuvo consecuencias sociales e institucionales. En 2018, autoridades electorales analizaron la reubicación de casillas en algunas comunidades debido a la disminución de la población, mientras datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mostraban una reducción significativa de habitantes en San Miguel Totolapan respecto de la década anterior, reflejo del impacto que la violencia había tenido sobre la permanencia de las familias en la región.
Autoridades señalan que no hay heridos en Guajes de Ayala
Pese a ello y luego de la petición de la población, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz del Estado de Guerrero informó que, tras verificar los reportes difundidos en redes sociales sobre presuntos hechos de violencia en las comunidades que integran el ejido Guajes de Ayala, en el municipio de Coyuca de Catalán, no se encontraron personas lesionadas ni fallecidas.
En un comunicado emitido este 9 de julio, las autoridades señalaron que, desde que tuvieron conocimiento de las publicaciones, se desplegó un operativo interinstitucional en la región de Tierra Caliente con el propósito de corroborar la información y reforzar la seguridad de la población.
De acuerdo con los primeros recorridos de campo, así como entrevistas con habitantes de la comunidad y comunicación con autoridades ejidales y municipales, las instituciones participantes determinaron que no existen víctimas por los hechos reportados.
Las autoridades indicaron que en la zona continúa un operativo integrado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado, quienes mantienen presencia permanente y realizan recorridos de vigilancia, además de sobrevuelos en helicóptero para monitorear el área.
Finalmente, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz reiteró que las labores de vigilancia y atención continuarán de manera permanente e hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada que pueda generar incertidumbre entre la población.
djh