En la geografía de la violencia mexicana, la periferia suele ser el destino final de las purgas criminales o el origen discreto de las mercancías ilícitas. En la zona surponiente de Morelos, sin embargo, la periferia se ha vuelto una especie de nudo gordiano, una problemática imposible de resolver. Olvidada sistemáticamente por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, esta franja territorial es hoy bautizada por sus propios habitantes como “El corredor de la muerte”.
Ahí, la soberanía del Estado se ha diluido en una paradoja perversa: alcaldes, comisarios ejidales y pequeños comerciantes no solo comparten el espacio geográfico, sino también la condición de tributarios de la delincuencia organizada. La extorsión institucionalizada —el llamado derecho de piso— se ha transformado en el impuesto real que rige la economía local, cobrado indistintamente por células del narcotráfico y por los propios funcionarios municipales.
Pero el valor estratégico de este corredor de apenas 20 kilómetros trasciende las finanzas regionales: representa la principal aduana de acceso para el flujo de armas de alto poder y cargamentos de droga que, procedentes de Guerrero y Michoacán, tienen como destino final el mercado de la Ciudad de México.
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Los detalles de esta captura institucional constan en los expedientes de inteligencia penal derivados del Operativo Enjambre, una ofensiva judicial desplegada este año en la entidad federativa. La estrategia ha dejado al descubierto las cañerías del poder local, con la captura, hasta el momento, de tres alcaldes en funciones y cuatro expresidentes municipales.
La lista de alcaldes que durante los próximos meses podrían ser detenidos es extensa, puesto que la investigación sigue abierta y se extiende contra alcaldes de Ocuituco, Tetela del Volcán, Temoac, Jonacatepec, Ayala y Axochiapan, situados en la franja oriente de Morelos. De momento los resultados del Operativo Enjambre quedó de la siguiente manera:
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Agustín Toledano Amaro (Alcalde en funciones de Atlatlahucan)
- Fecha de detención: 20 de mayo de 2026.
- Cargos imputados: Delincuencia organizada, extorsión, tráfico de armas, desvío de recursos públicos y presunta participación en una estructura política para permitir financiamiento delictivo en campañas electorales.
Irving Sánchez Zavala (Exalcalde de Yecapixtla)
- Fecha de detención: 20 de mayo de 2026.
- Cargos imputados: Delincuencia organizada, extorsión, desvío de fondos y nexos con estructuras del crimen organizado.
Jesús Corona Damián (Alcalde de Cuautla)
- Fecha de detención: 30 de mayo de 2026.
- Cargos imputados: Delincuencia organizada, extorsión y presuntos vínculos/reuniones con líderes de grupos criminales en la región.
Antonio Domínguez Aragón (Exalcalde de Ayala)
- Fecha de detención: 25 de junio de 2026.
- Cargos imputados: Delitos relacionados con la delincuencia organizada y corrupción en el ámbito municipal.
Casos anteriores relevantes
Alfonso Miranda Galindo (Exalcalde de Amacuzac)
- Fecha de detención: 6 de mayo de 2018.
- Cargos imputados: Delincuencia organizada, secuestro agravado y presunta colaboración con el cártel de Los Rojos.
Enrique Alonso Plascencia (Exalcalde de Tlaquiltenango)
- Fechas de detención: 26 de abril de 2018 y 30 de septiembre de 2022.
- Cargos imputados: Delincuencia organizada, homicidio calificado, portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y vínculos con el grupo criminal Los Rojos.
El informe oficial detalla el valor logístico de un circuito que abarca los municipios de Amacuzac, Puente de Ixtla, Mazatepec, Tetecala y Coatlán del Río.
El expediente, al que La Silla Rota tuvo acceso, revela que este corredor funciona como una vena que surte de insumos bélicos y estupefacientes a las organizaciones criminales asentadas en la capital del país, entre ellas La Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac y la facción de Los malcriados, liderada por Lenin Canchola.
A pesar de que el operativo federal se mantiene en el estado al igual que las indagatorias contra más de 14 presidentes municipales de la entidad, los ajustes de cuenta contra los alcaldes continúan; apenas el pasado miércoles 22 de julio el alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero fue asesinado dentro de sus oficinas en el palacio municipal; las primeras versiones policiacas apuntan a que fue el crimen organizado el encargado de este homicidio.
Testigos y empleados municipales detallaron a la Fiscalía de Morelos que fueron dos sujetos armados los que ingresaron a la sede del Ayuntamiento, luego de burlar sin problema alguno la seguridad del recinto se dirigieron directamente a su oficina, le dispararon en cinco ocasiones con armas cortas y huyeron a bordo de una motocicleta.
Lavín Romero, perteneciente al PVEM ya había sobrevivido a un ataque armado el 31 de enero de este mismo año en la carretera federal México-Oaxaca, previo a este atentado, había recibido amenazas en mantas atribuidas al crimen organizado. Además, las autoridades -como parte del Operativo Enjambre- investigaban nexos de su entorno con el grupo delictivo local "Los Aparicio", puesto que su suegra (ex tesorera de la entidad) se encuentra bajo detención por presuntos vínculos con dicho cártel.
El triángulo de la libre circulación
La vulnerabilidad del corredor radica en su ubicación geopolítica. Se sitúa en el epicentro del triángulo que forman el Estado de México, Guerrero y Morelos. De acuerdo con el diagnóstico de las fuerzas federales, la permeabilidad de la ruta es total: desde estos municipios morelenses se accede sin contratiempos a las demarcaciones mexiquenses de Malinalco y Ocuilan; conecta directamente con los bastiones guerrerenses de Taxco, Iguala y Cocula; y desemboca en el sur de la Ciudad de México a través de Xochimilco, Milpa Alta y la densa zona boscosa del Ajusco, en Tlalpan.
A lo largo de este trayecto, la ausencia del Estado es física. No existen retenes militares, puntos de revisión interinstitucionales ni despliegues policiacos capaces de fiscalizar el tránsito diario de camionetas de tres toneladas que ingresan cargadas con mercancía ilícita.
El control territorial de esta aduana no está en disputa; tiene un administrador único. El informe de inteligencia identifica a una facción del grupo delictivo Los ardillos como la organización que ejerce el monopolio de la zona. Su modelo de negocios es dual: por un lado, operan como arrendadores de la ruta, cobrando un peaje a otros grupos criminales para permitir el paso seguro de sus cargamentos; por el otro, exigen una “renta mensual” a los presidentes municipales de la región bajo la premisa de mantener una paz artificial y evitar que la zona “se caliente” con operativos federales. Esta dinámica explica el bucle de silencio y complicidad: asfixiados por la coacción, ni un solo alcalde de estas pequeñas demarcaciones ha presentado denuncias ante las fiscalías civil o militar.
En los municipios de Tetecala, Puente de Ixtla y Coatlán del Río, la extorsión ha alcanzado niveles de formalidad pasmosa. El documento ministerial consigna que las empresas constructoras, los prestadores de servicios y las cadenas de tiendas de conveniencia de cobertura nacional se ven obligadas a depositar una cuota fija mensual que supera los 20 mil pesos. El pago garantiza una tregua mínima: que los comandos armados no saboteen sus operaciones comerciales, no atenten contra la integridad de los clientes o no terminen incendiando los puntos de venta.
El bucle de la complicidad local
“Desde mediados del año pasado hemos denunciado que las extorsiones han crecido de manera exponencial. En todo este corredor paga piso desde el que vende pollos en el mercado, el que tiene una fondita o un puesto de quesadillas, hasta las tiendas Oxxo”, relata bajo estricto anonimato un líder de la organización de Comerciantes en Pequeño de la región. “También hemos expuesto que a los camiones repartidores de grandes empresas como Corona o Coca-Cola los tienen completamente a raya. Aquí solo existe un camino de entrada y salida; geográficamente nadie puede escapar”, dice.
Para el líder empresarial, la única salida visible es la militarización temporal del corredor: “Lo que exigimos es la intervención directa del Ejército. Cada municipio de esta zona cuenta con apenas 10 policías preventivos, equipados con armas obsoletas que no sirven para nada. Pedirles ayuda a ellos es imposible; son nuestros vecinos, perciben sueldos miserables de apenas 6 mil pesos al mes y están completamente rebasados. Además, sabemos que los alcaldes están corrompidos; ellos son quienes permiten y validan que todo esto ocurra”, asegura.
La presión del crimen organizado sobre las tesorerías municipales ha creado un mecanismo de recaudación delictiva indirecta. Los alcaldes, forzados a cubrir las cuotas mensuales exigidas por Los ardillos para salvaguardar sus vidas, terminan trasladando ese costo financiero a la población. Mediante la imposición de “impuestos caseros” —arbitrios informales o cobros excesivos de licencias a los comercios establecidos—, los ayuntamientos buscan equilibrar las mermas financieras provocadas por el chantaje criminal. El gobierno local se convierte, así, en un intermediario de la extorsión.
Para Sergio Palacio, especialista e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), la crisis actual es el síntoma de una metástasis de largo recorrido: “Morelos es un caso de estudio que debería alarmar a nivel nacional. Desde la administración de Cuauhtémoc Blanco como gobernador se presentaron denuncias sólidas y se exhibieron evidencias públicas de colusión entre altos funcionarios del estado y organizaciones como Los Ardillos, Los Rojos, el cártel de los Beltrán Leyva y la Familia Michoacana. Sin embargo, la inacción fue la norma. Que ahora se esté deteniendo a cuentagotas a los alcaldes —ya van siete en total, tres de los cuales venían siendo señalados desde aquellas fechas— demuestra que el problema no es nuevo; es el resultado acumulado de una ingobernabilidad crónica”.
A decir del académico, la región surponiente ha mimetizado los comportamientos de las fronteras geopolíticas del país: “Se ha convertido en tierra de nadie. Ese triángulo fronterizo siempre ha sido gestionado por la delincuencia organizada: históricamente fue el paso obligado de la goma de opio y la amapola; posteriormente mutó al tráfico de marihuana y cocaína; y hoy en día es la ruta predilecta para el tránsito de fentanilo y sus precursores químicos. Es un enorme boquete de seguridad colindante con la Ciudad de México que ninguna administración parece dispuesta a sellar, bajo el pretexto de la competencia territorial: las autoridades del Estado de México argumentan que le corresponde a Morelos; las de Morelos culpan al Edomex, y el gobierno capitalino prefiere asumir que el problema nace fuera de sus fronteras”.
La distorsión estadística de las balas
El miedo ha logrado lo que ninguna política pública: disminuir artificialmente los índices de criminalidad en el papel. De acuerdo con las estadísticas oficiales del Gobierno del Estado de Morelos, las denuncias formales por el delito de extorsión presentaron una reducción del 15% durante el primer semestre de este 2026. Los registros de la Fiscalía estatal muestran que mientras el año pasado se iniciaron un total de mil 675 carpetas de investigación por este ilícito en la región, en lo que va del año apenas se han abierto 535 expedientes.
“Las cifras oficiales reflejan una realidad institucional, pero están divorciadas de lo que pasa en la calle”, matiza Gabino Ocampo. “¿Quién se va a atrever a pararse en una fiscalía a firmar una denuncia si, horas después, los criminales llegan a quemarte el negocio o te asesinan a balazos? De ese tamaño es el terror que se vive en la región. Los comerciantes, desde los grandes mayoristas hasta los más pequeños, han optado por el silencio. No tenemos el respaldo de nadie; estamos formalmente a su merced”.
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La verdadera numeralia del corredor no se escribe en las agencias del Ministerio Público, sino en los anfiteatros de los servicios periciales. El rastro de la disputa violenta por el control de la ruta dejó un saldo de 122 homicidios dolosos durante la primera mitad del año, con cuerpos localizados principalmente en los límites de Puente de Ixtla y Coatlán del Río.
Asimismo, en el transcurso de este 2026, los operativos federales han logrado el rescate de seis personas que permanecían en cautiverio tras ser víctimas de secuestro. Entre los casos resalta el de Rogelio Poblete Zamora, director de Agua Potable del municipio mexiquense de Malinalco, quien fue liberado por fuerzas de seguridad federales el pasado 18 de abril tras permanecer retenido en una casa de seguridad ubicada en el poblado de Coatlán del Río.
Mientras los patrullajes de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano continúan siendo intermitentes y de escaso impacto disuasivo, la población local advierte el riesgo del estancamiento. De no consolidarse una intervención federal profunda, estructural y de largo aliento, el triángulo geográfico que une a Morelos, Guerrero y el Estado de México corre el riesgo de consolidarse como un enclave criminal inexpugnable, confirmando que la delincuencia organizada ya no solo presiona a la política local, sino que se ha incrustado en los cimientos de sus instituciones.
VGB