MATAMOROS, Coahuila.– Las autoridades de la Fiscalía General de Coahuila dieron inicio a una investigación bajo el protocolo de feminicidio tras el fallecimiento de una bebé de apenas dos años de edad, quien fue ingresada sin signos vitales a las instalaciones de la Cruz Roja local.
Alrededor de las 09:00 horas de este jueves, la menor fue llevada al área de urgencias por su madre y su padrastro.
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Al momento de su ingreso, el personal médico confirmó que la niña ya no contaba con signos vitales y dio aviso inmediato a las autoridades ministeriales al detectar que el cuerpo presentaba diversos golpes.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal se presentaron en el hospital de Coahuila para iniciar las primeras indagatorias y recolectar evidencias que ya forman parte de la carpeta de investigación.
Como parte del proceso, la madre y el padrastro de la menor fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Fiscalía estatal, donde permanecen bajo custodia mientras se define su situación jurídica.
Aunque inicialmente se mencionó que las lesiones podrían haber sido accidentales, las autoridades no descartan una agresión directa, razón por la cual se activó el protocolo de feminicidio para garantizar una investigación con perspectiva de género.
El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la realización de la necropsia de ley.
Este dictamen pericial será la prueba determinante para establecer científicamente la causa de la muerte y definir si se trata de un hecho culposo o doloso.
Va gobierno federal por homologar delito de feminicidio en todo México
Contexto: el pasado 15 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó la iniciativa de Ley General para Sancionar el Feminicidio, con la que busca homologar en todo el país la investigación, persecución y sanción de este delito, con el objetivo de garantizar cero impunidad.
La mandataria afirmó que la protección de las mujeres frente a la violencia es una prioridad de su gobierno y recordó que uno de sus primeros actos fue elevar los derechos de las mujeres a rango constitucional.
A su vez, Luisa María Alcalde, consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, explicó que la iniciativa busca establecer criterios uniformes en las 32 entidades del país para evitar diferencias en la investigación y sanción del feminicidio, fortaleciendo el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
Alcalde comentó que con esta nueva iniciativa de ley se homologa una pena de 50 a 70 años de prisión a quien cometa feminicidio, con 19 agravantes.
La iniciativa también define 10 razones de género para acreditar el feminicidio, entre las que destacan:
- Existencia de signos de violencia sexual
- Que el delito haya sido motivado por estereotipos de género
- Antecedentes de violencia del agresor contra la víctima
- Contextos de asimetría o abuso de poder
Con esta reforma, el gobierno federal busca que todas las fiscalías del país investiguen el feminicidio bajo los mismos criterios, eliminando diferencias entre estados y fortaleciendo la persecución de este delito.
Nueva ley plantea reparación integral por feminicidio
La iniciativa de Ley General contra el Feminicidio impulsada por el gobierno federal contempla protocolos homologados de investigación con perspectiva de género y un modelo de reparación integral del daño para garantizar una atención uniforme a las víctimas en todo el país.
Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, explicó que la propuesta busca establecer criterios únicos para la investigación del feminicidio, con el fin de asegurar que todas las fiscalías del país actúen bajo los mismos estándares y con perspectiva de género.
Por su parte, la subsecretaria de Derechos para una Vida Libre de Violencia, Ingrid Gómez, destacó que la iniciativa incorpora un modelo de reparación integral del daño que atenderá tanto a las víctimas directas como a las indirectas.
La funcionaria señaló que uno de los ejes centrales de la propuesta es brindar protección y acompañamiento a niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad como consecuencia de un feminicidio, mediante medidas de apoyo y acceso a la justicia.
lrc