El Congreso de Puebla prevé celebrar una sesión extraordinaria el próximo viernes 25 de julio para discutir y aprobar un paquete de reformas, entre las que destacan las leyes secundarias de la reforma electoral que definirán el mecanismo para asignar las regidurías de representación proporcional en los ayuntamientos del estado.
El diputado de Morena, Pavel Gaspar Ramírez, informó que la realización de la sesión aún deberá ser avalada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), órgano que en los próximos días definirá el orden del día y los asuntos que serán sometidos a votación del Pleno.
El legislador explicó que uno de los temas prioritarios es establecer las reglas para el reparto de las regidurías, luego de que las reformas constitucionales aprobadas el pasado 9 de julio eliminaron el esquema explícito para asignar estos cargos, por lo que ahora es necesario armonizar la legislación secundaria y evitar un vacío legal antes del próximo proceso electoral.
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Además de las modificaciones en materia electoral, los diputados buscarán designar a los integrantes del Consejo Técnico de Adopciones del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), organismo encargado de analizar y autorizar los procesos de adopción en la entidad.
"La intención es hacer esta sesión extraordinaria, pero primero debe pasar por la Junta de Gobierno. Se está trabajando para que el viernes se realice", declaró Pavel Gaspar.
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Tres propuestas para repartir las regidurías en Puebla
Actualmente existen tres iniciativas presentadas por legisladores de distintas fuerzas políticas que plantean diferentes criterios para distribuir las regidurías de representación proporcional en los cabildos.
La propuesta del diputado de Morena, Julio Huerta, plantea reducir del 3 al 2 por ciento el porcentaje mínimo de votación municipal requerido para que un partido político pueda acceder al reparto de regidurías plurinominales, con el argumento de ampliar la representación de las fuerzas minoritarias.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, propone reformar la Ley Orgánica Municipal para que, específicamente en el Ayuntamiento de Puebla capital, el Cabildo quede integrado por 10 regidurías electas por mayoría relativa y cinco por representación proporcional.
En tanto, el diputado del PAN, Marcos Castro Martínez, presentó una iniciativa que busca subsanar el vacío legal generado tras la reforma constitucional del 9 de julio. Su propuesta reforma la Ley Orgánica Municipal y el Código Electoral del Estado para establecer un nuevo esquema de distribución de regidurías respetando el límite constitucional de 15 integrantes en los cabildos.
Para el municipio de Puebla, el proyecto del PAN también contempla que 10 regidurías sean asignadas a la planilla ganadora y cinco mediante representación proporcional. Sin embargo, a diferencia de la iniciativa de Morena, propone elevar del 2 al 3 por ciento el umbral mínimo de votación para que los partidos puedan acceder al reparto de regidurías plurinominales, con el argumento de garantizar que únicamente las fuerzas políticas con un respaldo ciudadano suficiente obtengan representación en los cabildos.
La iniciativa panista también incluye un régimen transitorio para establecer que la eliminación de la elección consecutiva de presidentes municipales, síndicos y regidores entre en vigor hasta el proceso electoral local de 2030, con el fin de respetar los derechos políticos de quienes actualmente ocupan esos cargos.
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Contexto: plan B de la reforma electoral
Luego de que la reforma electoral constitucional propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum no obtuvo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados en marzo de 2026, el gobierno federal anunció un "Plan B" enfocado en modificaciones que sí podían aprobarse mediante mayoría simple o con cambios constitucionales distintos a los que fueron rechazados.
La estrategia dejó fuera los puntos que requerían una reforma constitucional, como la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, la modificación del sistema de representación proporcional y la reducción del número de senadores, debido a que esas disposiciones ya habían sido desechadas por el Congreso.
En su lugar, el Plan B se centró en medidas para reducir el gasto de los congresos locales y los ayuntamientos, mediante topes a los recursos destinados a esos órganos, así como en fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, entre ellos la consulta popular.
El objetivo era eliminar privilegios en los poderes legislativos locales y destinar los recursos ahorrados a obras y servicios públicos, sin modificar el financiamiento de los partidos políticos ni otros aspectos que dependen de la Constitución.
Como parte de esa estrategia, el Congreso de la Unión comenzó a aprobar diversas reformas secundarias en materia electoral para armonizar las nuevas disposiciones federales. En los estados, los congresos locales iniciaron procesos de adecuación de sus constituciones y leyes electorales para implementar cambios como las nuevas reglas para la integración de los ayuntamientos, entre ellas el mecanismo para la asignación de regidurías y otras disposiciones relacionadas con la organización de las elecciones locales.