Guadalajara, Jal.- El plan del gobierno de Jalisco para resolver la crisis de infraestructura del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) desató una disputa política sobre cómo se va a garantizar el derecho al agua potable de calidad para la población tapatía: si mediante el fortalecimiento del organismo público o con esquemas de participación privada para financiar y operar infraestructura hidráulica.
La discusión ocurre en medio de una crisis de calidad del agua que ha generado miles de reportes ciudadanos, la distribución emergente de garrafones y cuestionamientos sobre la capacidad financiera del SIAPA para renovar una infraestructura envejecida.
El gobernador Pablo Lemus Navarro planteó analizar un esquema de inversión público-privada conocido como CMRO (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación) para financiar la infraestructura hídrica que requiere el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).
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El bloque opositor en el Congreso del Estado —Morena, Hagamos, Futuro y el Partido del Trabajo (PT)— respondió que se trata de una “privatización silenciosa” que compromete el control público del servicio, mientras Movimiento Ciudadano (MC) pidió analizar a fondo el Plan Hídrico antes de fijar una postura definitiva.
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¿En qué consiste el esquema CMRO?
El gobernador rechazó de manera categórica que su gobierno busque privatizar el SIAPA.
“No implica privatizar, esto es muy importante. No vamos a privatizar al Siapa”, afirmó, al plantear el CMRO como una alternativa de financiamiento similar a mecanismos utilizados en proyectos federales como el Tren Maya, el tren México-Toluca y el Corredor Interoceánico.
Bajo este modelo, explicó, un inversionista privado construye, invierte y opera la infraestructura, mientras el Estado le paga de forma gradual esa inversión durante contratos que suelen extenderse entre 20 y 30 años. Lemus sostuvo que este esquema no se contabiliza como deuda pública tradicional. Agregó que la propuesta se someterá a mesas de trabajo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso local antes de avanzar.
El mandatario también lamentó que, según dijo, no ha llegado “un solo peso” federal para infraestructura hídrica durante este sexenio, luego de que el director regional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que la Federación no aportará recursos para nuevos proyectos de agua en Jalisco.
Pese a ello, descartó un choque con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una persona de palabra, y dijo que ya buscó una llamada directa con ella para presentarle los proyectos hídricos pendientes.
Un SIAPA con deudas y rezagos
El debate sobre el financiamiento del sistema ocurre en medio de problemas financieros acumulados.
De acuerdo con cifras presentadas por legisladores de oposición, el SIAPA mantiene una cartera vencida superior a los 11 mil millones de pesos.
También señalaron que en 2024 el organismo destinó 545 millones de pesos a empresas privadas para servicios de cobranza, consultoría y capacitación.
Para los diputados, una parte de los recursos que requiere el sistema podría obtenerse mediante la recuperación de adeudos y una mayor eficiencia operativa.
La oposición: “el agua no es un negocio, sino un derecho”
El bloque opositor de Morena, Hagamos, Futuro y el PT hizo un pronunciamiento conjunto tras la presentación del Plan Hídrico —un documento de más de 400 cuartillas— y adelantó que se opondrá a cualquier asociación público-privada o contratación de crédito millonario para el SIAPA.
En su lugar, propuso rescatar al organismo con recursos propios del estado, mediante una bolsa adicional de 5 mil millones de pesos para las obras que requiere la ciudad.
El coordinador de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, fue el más enfático al definir el concepto que da nombre a la controversia:
“Nosotros nos oponemos a la privatización silenciosa del agua. ¿Cuál es la privatización silenciosa? Otorgar concesiones en las que teóricamente se dice que no se va a privatizar el agua, pero sí el servicio o tramos del servicio”, dijo, al exigir un sistema público fortalecido con “agua para todos, eficiencia y resultados y el interés público primero”.
El coordinador de Morena, Miguel de la Rosa, sostuvo que sí ha habido inversión federal en la cuenca del río Santiago: entre 2025 y 2026 se destinaron 609 millones de pesos para tres nuevas plantas de tratamiento y la rehabilitación de otras tres.
Los legisladores también sostuvieron que antes de recurrir a asociaciones público-privadas debe fortalecerse financieramente al organismo mediante la recuperación de adeudos y la reducción de fugas.
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MC pide análisis antes que confrontación
La bancada de Movimiento Ciudadano tomó distancia del choque frontal entre el gobierno y la oposición.
El coordinador José Luis Tostado Bastidas pidió a sus pares analizar con seriedad la información del Plan Hídrico antes de fijar posturas, y les reprochó no querer “quedarse” con la responsabilidad del problema del agua.
“Tenemos que pensar en Jalisco (…) si estamos esperando la solución en la federación, que se nos quiten las ganas”, dijo, tras exigir también al gobierno federal que sanee el río Santiago, de donde proviene 60 por ciento del agua que consume la ciudad y cuya cuenca está contaminada por descargas industriales.
La diputada emecista Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda, respondió a la oposición pidiendo que se concentre en el análisis técnico y no en el uso político del tema.
Explicó que el gobierno estatal ya reasignó más de 2 mil 500 millones de pesos entre partidas presupuestales para atender el problema, y llamó a fiscalizar cada peso destinado al plan hídrico.
Los legisladores de MC insistieron, además, en que el Poder Judicial, los ayuntamientos y las empresas deben ponerse al corriente en sus pagos de agua para reducir la cartera vencida del SIAPA.
El plan de emergencia y las obras en marcha
Mientras se define la discusión legislativa, el gobierno estatal anunció una inversión de 100 millones de pesos para atender de manera inmediata la crisis en las colonias más afectadas del AMG.
El plan contempla reparto de pipas a domicilio, instalación de plantas potabilizadoras en espacios públicos —entre ellos la plaza de San Andrés, la plaza de Tesistán en Zapopan, el centro histórico de Tlaquepaque y la avenida Artesanos en Tonalá—, vales para llenado gratuito de garrafones en negocios privados y entrega directa de garrafones sellados en las zonas con mayor afectación.
Como solución de mediano plazo, el gobierno adelantó que en los próximos días arrancará la construcción del llamado “bypass de la Calera”, un conducto que conectará esa zona con la planta potabilizadora número uno (PP1) de Miravalle sin pasar por Las Pintas, lo que mejoraría la calidad del agua en la metrópoli hacia marzo del próximo año.
A largo plazo, Jalisco presentó ante la Conagua hace un año dos proyectos por 17 mil millones de pesos: el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara y la modernización de la PP1.
Ante la falta de respuesta federal, el estado decidió dividir la modernización de la PP1 —de 7 mil 500 millones de pesos— en tres etapas y financiar la primera, de 2 mil 500 millones, únicamente con recursos estatales.
Como parte de esa estrategia, este jueves comenzó operaciones la primera de 40 plantas potabilizadoras móviles que el gobierno estatal prevé desplegar en las zonas con mayores problemas de calidad del agua.
La primera planta fue instalada en la colonia El Sauz, identificada por las autoridades como una de las zonas con mayor número de reportes relacionados con la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara.
De acuerdo con la Comisión Estatal del Agua (CEA), cada planta tiene capacidad para producir hasta mil 500 garrafones de 20 litros diarios y operará inicialmente de manera fija para posteriormente trasladarse a otros puntos de la ciudad conforme a los reportes ciudadanos y evaluaciones técnicas.
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El diagnóstico ciudadano que respalda la urgencia
La disputa política ocurre en el contexto de reportes ciudadanos que documentan la mala calidad del agua desde hace años: solo entre 2020 y la fecha se han acumulado 9 mil 148 reportes en 475 colonias del AMG, un promedio de siete denuncias diarias, según cifras difundidas por los propios legisladores.
A esos reportes se suma el monitoreo comunitario que el ITESO ha desarrollado durante tres años en municipios como Tala, Acatlán, Villa Corona y Zacoalco, y que replicó recientemente con vecinos de colonias del AMG.
El profesor e investigador Héctor Morales Gil de la Torre presentó resultados ya conocidos públicamente: de 42 muestras analizadas, solo una registró presencia de cloro residual, mientras que en las 41 restantes el resultado fue nulo, lo que representa un alto riesgo de contaminación biológica.
Las pruebas también detectaron fluoruros, plomo, aluminio y nitratos, elementos asociados a daños óseos, neurológicos, renales y al síndrome del bebé azul en lactantes, con mayor riesgo para niñas, niños, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas.
Más allá de la disputa entre el gobierno estatal y la oposición, el debate ocurre mientras miles de familias continúan comprando garrafones o filtros para evitar consumir el agua que sale de sus llaves.
La decisión sobre el financiamiento del SIAPA definirá quién construirá la infraestructura futura, pero la presión social gira alrededor de una demanda más inmediata: recuperar la confianza en la calidad del agua que llega a los hogares.