Una jueza adscrita al municipio de Chetumal, Quintana Roo, fue denunciada pública y penalmente por presuntamente retrasar el avance de un proceso judicial al aplazar en 17 ocasiones la audiencia inicial de un caso de presunta violación. La víctima y su representación legal sostienen que las constantes suspensiones han impedido que el procedimiento llegue a la etapa de formulación de imputación, lo que, afirman, vulnera su derecho a una justicia pronta y expedita.
De acuerdo con la denuncia, la carpeta de investigación ya integra diversas pruebas periciales, entre ellas estudios de ADN, por lo que consideran que no existe justificación para los reiterados diferimientos del proceso.
La defensa sostiene que los constantes diferimientos han impedido que el Ministerio Público presente formalmente la imputación contra el señalado, retrasando el avance del procedimiento judicial.
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Asimismo, argumenta que esta situación representa una forma de revictimización, ya que obliga a la denunciante a enfrentar repetidas suspensiones sin que exista una resolución sobre el fondo del asunto.
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Aseguran que existen pruebas científicas en la investigación
De acuerdo con la representación legal de la víctima, la carpeta de investigación cuenta con elementos de prueba que respaldan la acusación, incluyendo dictámenes periciales y análisis de ADN.
Los abogados afirman que dichas evidencias ya forman parte del expediente y consideran que los reiterados aplazamientos carecen de sustento suficiente, por lo que solicitaron que el caso avance conforme a los plazos establecidos por la ley.
Hasta el momento, las autoridades judiciales no han informado públicamente las razones específicas por las que la audiencia ha sido diferida en tantas ocasiones.
Acusan dilación procesal y obstrucción del acceso a la justicia
La afectada presentó una denuncia contra la juzgadora al considerar que las suspensiones reiteradas constituyen una violación a su derecho de acceso a la justicia.
Según la parte denunciante, la demora procesal favorece un escenario de impunidad al impedir que el caso avance hacia las siguientes etapas del procedimiento penal.
La víctima también sostiene que la actuación del órgano jurisdiccional ha generado un desgaste emocional y jurídico, al prolongar durante meses la definición del proceso.
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Exigen una investigación sobre la actuación judicial
Ante estos hechos, la representación legal solicitó que las autoridades competentes investiguen la actuación de la jueza y determinen si existieron irregularidades en la conducción del proceso.
También pidieron que se garantice el derecho de la víctima a una justicia pronta, completa e imparcial, conforme a los principios establecidos en la Constitución y en el sistema penal acusatorio mexicano.
¿Cuál es la situación actual del caso?
Contexto: Hasta el momento, la audiencia inicial aún no se ha celebrado, por lo que el procedimiento permanece sin avanzar a la etapa de imputación formal.
Las autoridades judiciales no han emitido un posicionamiento público sobre la denuncia presentada contra la jueza ni sobre los motivos de los 17 diferimientos señalados por la víctima.
El caso ha generado atención por las denuncias de presunta dilación judicial y por el llamado de organizaciones y especialistas para que los procesos relacionados con delitos sexuales se desarrollen con apego a los principios de celeridad, acceso efectivo a la justicia y protección de los derechos de las víctimas.
AJA