El Congreso de Jalisco aprobó la noche del 15 de julio, las leyes secundarias de la reforma político-electoral en las que se establece que los aspirantes a cargos de elección popular presenten exámenes toxicológicos, pruebas de control de confianza, así como constancia de no antecedentes penales.
Los candidatos también estarán obligados a publicar su delcaración patrimonial y fiscal, además de una constancia de que no cuentan con sentencias por violencia familiar, delitos sexuales o sean deudores alimentarios
Como parte de los requisitos, también quedarán fuera quienes cuenten con antecedentes de delincuencia organizada y un certificado médico de aptitud para el desempeño del cargo.
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Horas antes, se aprobó la reforma constitucional que, de manera general, busca reducir el gasto público, eliminar privilegios de los servidores públicos, fortalecer la paridad de género y ampliar la transparencia de las candidaturas a cargos de elección popular.
La iniciativa, impulsada por el grupo parlamentario de Hagamos, fue avalada durante una sesión extraordinaria del Pleno y modifica diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco con el objetivo de establecer criterios de austeridad, rendición de cuentas, equidad en los poderes públicos y los gobiernos municipales.
Uno de los cambios más relevantes de la reforma establece un tope al presupuesto del Congreso de Jalisco. A partir de su entrada en vigor, el Poder Legislativo no podrá recibir recursos superiores al 0.70% del Presupuesto de Egresos del Estado, medida que busca contener el crecimiento del gasto legislativo y liberar recursos para programas y servicios públicos.
La reforma también armoniza la Constitución estatal con el artículo 127 de la Constitución federal, haciendo obligatorio el límite salarial para los servidores públicos.
Con esta modificación se prohíben remuneraciones que excedan los topes constitucionales, así como prestaciones extraordinarias financiadas con recursos públicos, entre ellas seguros privados y regímenes especiales de retiro.
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Reforma política en Jalisco: ayuntamientos tendrán menos regidores
Otro de los cambios aprobados impacta directamente en la integración de los gobiernos municipales. La nueva disposición establece que los ayuntamientos estarán conformados por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, con el propósito de reducir la estructura administrativa y disminuir el gasto público en los municipios.
En materia político-electoral, el Congreso elevó a rango constitucional el principio de paridad de género vertical y horizontal tanto en la integración del Poder Legislativo como de los ayuntamientos, convirtiéndolo en un criterio obligatorio para las autoridades electorales.
Además, la reforma incorpora el principio de máxima transparencia para las personas que aspiren a cargos de elección popular. La legislación secundaria deberá definir los mecanismos para que las y los candidatos presenten información patrimonial, fiscal, de intereses, jurídica, administrativa, médica y de confianza pública mediante formatos accesibles y verificables.
El dictamen aclara que la entrega de esta información tendrá fines exclusivamente de transparencia democrática y, por sí misma, no podrá ser utilizada para negar o cancelar un registro, salvo en los casos de inelegibilidad previstos en la Constitución y la legislación electoral.
Contexto
El coordinador parlamentario de Hagamos, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, aseguró que la reforma responde a una demanda ciudadana de mayor austeridad y rendición de cuentas.
"Con esta reforma, el Congreso de Jalisco le demuestra a la ciudadanía que es posible legislar con austeridad, con equidad y con transparencia", afirmó el legislador.
La iniciativa fue presentada por los diputados Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Enrique Velázquez González y Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez.
Aunque la reforma constitucional ya fue aprobada por el Congreso de Jalisco, varias de sus disposiciones requerirán modificaciones a la legislación secundaria y, en los casos previstos por la Constitución estatal, deberán ser avaladas por la mayoría de los ayuntamientos antes de entrar en vigor.
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