Alrededor de 200 personas marcharon la mañana de este martes desde la Alameda Juan Sarabia hasta el Congreso del Estado de San Luis Potosí para exigir la atención de diversas demandas sociales, entre ellas, la derogación de la denominada "Ley Serrano", que "castiga" a quien "desinforme" utilizando la Inteligencia artificial, así como conflictos agrarios, problemas del gremio taxista, denuncias por despidos laborales y señalamientos sobre la actuación de organismos públicos.
Los manifestantes, entre colectivos, taxistas, periodistas y madres buscadoras, encabezados por la abogada Natalia Castillo, exigieron ser recibidos por los legisladores ante el reclamo a la falta de atención a varias de sus problemáticas.
La asamblea estaba pactada para las 10:00 de la mañana, pero cerca de las 10:40 horas los manifestantes encontraron cerradas las puertas de acceso, provocando momentos de tensión, empujones y forcejeos entre algunos asistentes y los elementos encargados del resguardo del inmueble.
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El grupo que logró acceder a la fuerza a las instalaciones y avanzar hacia el interior del Congreso, reclamó la ausencia de una parte importante de los legisladores, pues varias curules estaban vacías. Durante la protesta, los asistentes exhibieron carteles con mensajes en defensa de la libertad de expresión y al rechazo a la también llamada "Ley IA".
Contexto: ¿de qué trata la "Ley Serrano"?
Es una reforma al Código Penal de San Luis Potosí que castiga con cárcel el uso ilegal o alterado de Inteligencia Artificial (IA) para imitar personas o crear desinformación, promovida por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano.
En los últimos meses, esta ley ha generado gran polémica e incluso protestas, ya que activistas y periodistas denuncian que se usa para censurar a la prensa.
El Congreso del Estado la aprobó tras la difusión de videos atribuidos a grupos criminales en los que, según las autoridades, se utilizó inteligencia artificial para manipular la información.
La "Ley Serrano" "castiga" a quien use IA o herramientas digitales para recrear, alterar o imitar la voz o la imagen de una persona sin su permiso. Las personas que sean declaradas culpables podrían recibir de 1 a 6 años de prisión.
Organizaciones de derechos humanos y periodistas señalan que es una ley que facilita la persecución a comunicadores o críticos del gobierno bajo el argumento de "desinformación".
CAGC