TUXTLA GUTIÉRREZ.- Aunque Chiapas no aparece entre las entidades con mayor número de masacres registradas en México, la violencia ligada al crimen organizado ha dejado episodios que marcaron a la entidad y exhibieron el deterioro de la seguridad en distintas regiones del estado.
De acuerdo con la organización civil Causa en Común, entre enero de 2020 y marzo de 2026 se documentaron 3 mil 306 masacres en el país.
Tan sólo en el primer cuatrimestre de este año se contabilizaron alrededor de 60 casos. Guanajuato, Guerrero y Michoacán encabezan la lista nacional, con 535, 237 y 233 hechos, respectivamente.
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Aunque Chiapas se mantiene fuera de las entidades con mayor incidencia, los episodios de violencia extrema no han sido ajenos. Uno de los más impactantes ocurrió a finales de junio de 2024, cuando fueron hallados alrededor de 20 cadáveres en la caja de un camión de volteo abandonado sobre un camino de terracería en el municipio de La Concordia.
En ese momento, durante el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS) mantenía al estado en uno de sus momentos más críticos. Días después, se difundió un video en el que un presunto integrante del CDS disparaba contra los cuerpos ya sin vida.
Sin embargo, la matanza que más conmocionó a Chiapas fue la ocurrida el 13 de mayo de 2024 en el ejido Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, donde 11 integrantes de una familia fueron asesinados por un grupo armado. Algunas de las víctimas fueron calcinadas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) condenó los hechos y recordó que la masacre ocurrió después de una serie de enfrentamientos en comunidades cercanas, como Lázaro Cárdenas.
Incluso, desde enero de ese año, cerca de 700 habitantes de Nueva Morelia habían sido desplazados por la violencia.
Policías emboscados y quemados
La violencia continuó durante 2025. En junio del año pasado, cinco elementos de la Policía Estatal fueron emboscados cuando realizaban un recorrido de vigilancia en una carretera que conecta Las Champas con Ciudad Cuauhtémoc, en Frontera Comalapa, municipio colindante con Guatemala.
Los agentes murieron por los impactos de bala y posteriormente los agresores incendiaron la patrulla con los cuerpos en su interior. Entre las víctimas se encontraba una mujer policía.
El ataque representó uno de los golpes más duros para la administración de Eduardo Ramírez Aguilar, quien desde el inicio de su mandato apostó por reforzar la seguridad con la creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), integrada por cerca de 500 elementos.
Villaflores, otro foco de violencia
Pese a los operativos y al despliegue de las fuerzas de seguridad, la violencia volvió a recrudecerse en diciembre pasado, cuando un grupo armado irrumpió en los bares "Anubis" y "La Cábala Sport Bar", en Villaflores, y privó de la libertad a por lo menos ocho personas. Después, los establecimientos fueron incendiados.
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Días más tarde, empleados y propietarios de ambos negocios fueron encontrados sin vida en la comunidad Santa Julia, municipio de Cintalapa. Dos trabajadoras sobrevivieron con quemaduras graves y permanecieron hospitalizadas en Tuxtla Gutiérrez.
Posteriormente, la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de cuatro presuntos integrantes del llamado Cártel Chiapas y Guatemala. Sin embargo, el miedo volvió a instalarse en uno de los municipios más golpeados por la delincuencia organizada.
Otro hecho reciente ocurrió el pasado 13 de abril, cuando cuatro hombres fueron asesinados a balazos dentro del bar "El Profe", en Ocozocoautla de Espinosa. De acuerdo con la Fiscalía estatal, la agresión estuvo relacionada con una disputa entre grupos dedicados al narcomenudeo.
Ese mismo día también fue privada de la libertad una joven, quien días después fue localizada con vida gracias a la movilización de familiares y amigos.
Para Causa en Común, estos patrones reflejan territorios donde convergen disputas criminales, economías ilegales y debilidades institucionales, factores que facilitan la reproducción de la violencia extrema.
La otra crisis: los desaparecidos
Jorge Luis López, integrante del Grupo de Litigantes para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos, consideró que la clasificación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos no beneficia al país y ha derivado en un mayor control de la frontera sur.
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Afirmó que, aunque las cifras oficiales muestran avances en materia de seguridad, la realidad en el territorio es distinta. Incluso, advirtió que las desapariciones representan una crisis comparable al impacto social de las masacres.
Datos del Observatorio Ciudadano de Chiapas y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran una tendencia ascendente en los homicidios dolosos. En 2022 se registraron 421 casos; en 2023, la cifra aumentó a 535 y para 2024 alcanzó los 620 asesinatos, uno de los años más violentos para la entidad.
Sin embargo, durante 2025 los homicidios dolosos descendieron a 355, casi la mitad de los registrados un año antes.
En paralelo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza alrededor de mil 900 personas desaparecidas en Chiapas, una problemática que especialistas y organizaciones consideran cada vez más preocupante.