La organización Articulo-19 advirtió que los procesos penales iniciados contra periodistas y personas comunicadoras en San Luis Potosí forman parte de un contexto de riesgos crecientes para la libertad de expresión en la entidad, donde la llamada "Ley IA" ha sido utilizada para perseguir judicialmente a voces críticas.
En un diagnóstico difundido este lunes, la organización recordó que desde noviembre de 2025 alertó sobre las deficiencias de las reformas al Código Penal estatal relacionadas con el uso de inteligencia artificial, al considerar que contienen disposiciones ambiguas que vulneran principios fundamentales del derecho penal y pueden derivar en restricciones indebidas a la libertad de expresión.
Además, la organización señala a Ruth González Silva, senadora y esposa del gobernador de SLP, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Guardia Civil Estatal y al diputado Hector Serrano Cortés como los denunciantes de los periodistas, activistas y comunicadores detenidos por la "ley IA".
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El pronunciamiento ocurre semanas después de que las periodistas Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo fueran detenidas y procesadas bajo disposiciones vinculadas a la denominada "Ley IA", en uno de los casos que generó mayor preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y de la prensa.
Ambas recuperaron su libertad tras la intervención de autoridades federales y una resolución judicial que les permitió continuar el proceso fuera de prisión.
De acuerdo con Artículo-19, las detenciones y órdenes de aprehensión emitidas contra periodistas, comunicadores y creadores de contenido evidencian los riesgos de utilizar figuras penales amplias para sancionar contenidos difundidos en plataformas digitales.
La organización ha sostenido que estas disposiciones generan incertidumbre jurídica y pueden convertirse en mecanismos de censura indirecta.
El caso adquirió relevancia nacional luego de que diversas organizaciones denunciaran la existencia de al menos 11 personas investigadas o sujetas a procesos judiciales relacionados con publicaciones digitales.
Entre ellas se encontraban periodistas, directivos de medios y creadores de contenido que difundieron información crítica sobre actores políticos de la entidad.
En su actualización sobre San Luis Potosí, Artículo-19 informó que ciudadanos acompañados por la organización presentaron ante el Congreso local una iniciativa para derogar los tipos penales relacionados con el uso de inteligencia artificial, al considerar que representan una amenaza para el debate público y el ejercicio periodístico.
Paralelamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantiene en análisis una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra dichas disposiciones.
La polémica en torno a la llamada "Ley IA" también se ha trasladado al terreno político. Organizaciones de periodistas han advertido que la aplicación de estas normas ocurre en un contexto preelectoral rumbo a la sucesión gubernamental de 2027, en medio de señalamientos sobre el uso del aparato judicial contra voces críticas del gobierno estatal.
Para Artículo-19, el caso de San Luis Potosí podría sentar un precedente nacional sobre los límites de la regulación de la inteligencia artificial y su impacto en los derechos fundamentales. La organización sostiene que cualquier legislación en la materia debe garantizar la protección de la libertad de expresión y evitar que el derecho penal sea utilizado para inhibir el escrutinio público o la crítica hacia funcionarios y figuras políticas.
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Contexto "Ley IA"
La llamada "ley IA" son una serie de reformas aprobadas en noviembre de 2025 por el congreso de San Luis Potosí al Código Penal del estado.
En específico, las reformas fueron:
- al artículo 187 TER, así como el Capítulo V denominado "Uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social"
- con los artículos 272 BIS y 272 TER, al Título Décimo Primero
Tras aprobar las reformas, la diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia, aseguró que no "se vulnera la libre expresión o el ejercicio del periodismo, ya que se establece un apartado específico en donde se indica que no constituye delito la generación o difusión de contenidos con fines periodísticos, académicos, artísticos, parodia o de crítica política, cuando de las circunstancias del hecho no se acredite el dolo de causar alarma o desinformación social".
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