Los ataques con explosivos, drones y agresiones directas contra policías han abierto una pregunta cada vez más difícil de esquivar en Escuinapa: ¿la violencia que vive el municipio puede considerarse sólo parte de la disputa entre grupos criminales o ya muestra rasgos de terrorismo por el miedo que provoca entre la población y el desafío directo a la autoridad?
La discusión no surge únicamente desde el análisis de seguridad. En febrero, el alcalde Víctor Díaz Simental declaró que Escuinapa vivía “ataques terroristas” que podían llegar en cualquier momento, luego de que un grupo armado arrojara un explosivo con dron contra instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Desde entonces, la violencia no ha dejado de escalar. Durante 2026, el municipio ha registrado ataques con drones, explosiones, agresiones contra corporaciones policiacas y asesinatos de elementos municipales, en una cadena de hechos que ha modificado la vida cotidiana de comunidades enteras.
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El término terrorismo tiene implicaciones legales específicas y corresponde a las autoridades investigadoras determinar si un hecho encuadra o no en ese delito. Sin embargo, en el terreno social, los ataques recientes han provocado temor colectivo, suspensión de actividades, desplazamiento de familias, cierre de negocios y una sensación de vulnerabilidad que rebasa el enfrentamiento directo entre grupos armados.
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La advertencia del alcalde
La declaración de Díaz Simental marcó uno de los primeros momentos en que una autoridad municipal describió la violencia de Escuinapa con una palabra de alto impacto: terrorismo.
El alcalde no hablaba sólo de enfrentamientos aislados. Se refería a ataques que podían ocurrir de manera repentina, con explosivos y contra instalaciones de seguridad, en un municipio donde la población ya había comenzado a modificar sus rutinas por miedo.
La expresión tomó mayor fuerza con el paso de los meses, cuando Escuinapa dejó de aparecer únicamente como un municipio golpeado por hechos violentos y comenzó a concentrar episodios de mayor intensidad contra policías, fuerzas de seguridad y espacios civiles.
Uno de los hechos más graves ocurrió el 31 de marzo, cuando cuatro policías municipales fueron asesinados en una emboscada en la comunidad de Tecualilla.
Entre las víctimas se encontraba Esteban Gutiérrez Mazariegos, director operativo de la Policía Municipal, lo que profundizó la crisis dentro de la corporación local.
El ataque ocurrió mientras los elementos realizaban recorridos de vigilancia. De acuerdo con los reportes del caso, hombres armados agredieron dos patrullas; en una de ellas quedaron los cuerpos de los cuatro agentes, mientras otro policía logró escapar y trasladar a un compañero herido para recibir atención médica.
La agresión no sólo representó un ataque contra elementos de seguridad. También evidenció la vulnerabilidad de las corporaciones municipales frente a grupos criminales que operan con capacidad de fuego, movilidad y control territorial.
Tras ese hecho, el propio alcalde llamó a la población a salir únicamente si era indispensable, al reconocer el temor que estos episodios provocan entre los habitantes del municipio.
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Drones con explosivos
La violencia volvió a escalar en junio, cuando elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva fueron agredidos con explosivos lanzados desde drones en Escuinapa.
El ataque ocurrió mientras fuerzas federales y estatales resguardaban armamento previamente asegurado en un domicilio del municipio.
Tras la agresión, el personal activó protocolos de seguridad y recibió apoyo del Grupo Interinstitucional, así como de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para trasladar el armamento de forma segura.
Aunque no se reportaron elementos lesionados, sí hubo daños materiales en una unidad oficial durante una segunda agresión.
El uso de drones con explosivos representa un cambio en el tipo de violencia que enfrentan las autoridades en Escuinapa. Ya no se trata únicamente de ataques con armas de fuego o emboscadas en caminos rurales, sino de agresiones a distancia contra corporaciones que operan en tierra.
Ese tipo de ataques aumenta el riesgo para policías, militares y población civil, porque permite agredir sin contacto directo y genera incertidumbre sobre el origen, alcance y momento de la agresión.
El 9 de junio, una explosión de vehículo volvió a elevar la tensión en Escuinapa. Autoridades localizaron una unidad siniestrada y daños en una tienda, en un hecho que movilizó a corporaciones de seguridad durante la madrugada.
El episodio ocurrió apenas un día después del asesinato de una menor de edad y su tío en medio de un tiroteo entre grupos criminales, hecho que también dejó una persona herida.
Ante la escalada, Díaz Simental solicitó mayor presencia y atención del Gabinete de Seguridad federal para pacificar el municipio, mientras la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde ofreció reforzar la seguridad en la zona.
Estos hechos no ocurrieron de manera aislada. Forman parte de una secuencia que mantiene a Escuinapa bajo presión, con familias desplazadas, comunidades en alerta y habitantes que han comenzado a reducir traslados, horarios y actividades por temor a quedar atrapados en nuevos ataques.
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Una violencia que busca intimidar
Los ataques registrados en Escuinapa tienen un efecto que va más allá del daño material o del saldo inmediato de víctimas.
Cuando una bomba es lanzada contra instalaciones de seguridad, cuando policías municipales son emboscados, cuando drones arrojan explosivos contra fuerzas estatales y federales, y cuando un vehículo estalla en una zona habitada, el mensaje también alcanza a la población.
La violencia se vuelve una forma de intimidación colectiva. No sólo golpea a la autoridad; también altera la vida diaria de quienes escuchan explosiones, ven patrullajes, cierran negocios temprano o deciden no salir por miedo.
Esa es la razón por la que la pregunta sobre el terrorismo aparece en la discusión pública. No porque exista una calificación judicial inmediata, sino porque los hechos producen alarma, temor y una percepción de que el municipio se encuentra bajo una amenaza constante.
En México, el delito de terrorismo está previsto en el Código Penal Federal y contempla actos realizados con explosivos, armas, incendios u otros medios violentos que generen alarma, temor o terror en la población, bajo determinados fines.
También se han incorporado agravantes relacionadas con el uso de aeronaves pilotadas a distancia, como drones, cuando son empleadas para cometer agresiones.
Sin embargo, llamar terrorista a un hecho no depende únicamente de su impacto social. La clasificación penal corresponde al Ministerio Público y a las autoridades competentes, que deben determinar intencionalidad, objetivos, medios utilizados y consecuencias jurídicas.
Por eso, en el caso de Escuinapa, la pregunta debe plantearse con cuidado: ¿son hechos de violencia criminal o actos que ya buscan infundir terror en la población y presionar a la autoridad?
Escuinapa bajo presión
Lo que sí puede afirmarse es que Escuinapa vive una etapa de violencia de alto impacto, marcada por ataques contra policías, uso de explosivos, drones, asesinatos y afectaciones directas a civiles.
La frase de Víctor Díaz Simental sobre “ataques terroristas” resumió una percepción que con el paso de los meses se ha vuelto más visible: el municipio no sólo enfrenta hechos violentos, sino una dinámica que busca imponer miedo.
La diferencia no es menor. Una cosa es que la violencia ocurra entre grupos criminales y otra que sus efectos paralicen comunidades, obliguen a familias a desplazarse, cambien rutinas y pongan a las autoridades locales en una condición permanente de emergencia.
En Escuinapa, la pregunta sigue abierta.
Si jurídicamente se trata o no de terrorismo lo tendrán que determinar las autoridades. Pero en la vida cotidiana, para quienes escuchan explosiones, ven patrullas atacadas o dejan de salir por miedo, la violencia ya opera como una forma de terror.
AJA