La licencia temporal concedida a Rubén Rocha Moya para separarse del cargo de gobernador de Sinaloa llega este lunes 1 de junio a un punto clave, al cumplirse 30 días de la decisión aprobada por el Congreso del Estado en medio de las investigaciones abiertas tras las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos.
Aunque políticamente el plazo abre un nuevo momento de definición, jurídicamente no implica necesariamente que Rocha Moya deba regresar de manera automática al cargo, debido a que la licencia fue solicitada y aprobada por más de 30 días, lo que permitió al Congreso nombrar a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.
La decisión se tomó el pasado 2 de mayo, un día después de que Rocha Moya informó que solicitaba separarse temporalmente del cargo mientras se desarrollaban las investigaciones de la Fiscalía General de la República, derivadas de los señalamientos hechos por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Te podría interesar
En su solicitud, el mandatario con licencia argumentó que buscaba facilitar la actuación de las autoridades mexicanas y evitar que su permanencia en el cargo fuera interpretada como una interferencia en las indagatorias.
El siguiente paso dependerá de lo que ocurra con la licencia. Si Rocha Moya solicita su reincorporación, el Congreso tendría que ser notificado para dejar sin efecto la separación temporal y permitir su regreso al Poder Ejecutivo estatal.
Si no hay reincorporación, Yeraldine Bonilla Valverde puede continuar como gobernadora interina, debido a que ya fue designada por el Congreso para cubrir una ausencia superior a 30 días, como establece el artículo 58 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
CASO ROCHA MOYA - SIGUE LA COBERTURA COMPLETA
Ese artículo señala que las faltas temporales del gobernador hasta por 30 días son cubiertas por la persona titular de la Secretaría General de Gobierno, con carácter de encargada del despacho. Sin embargo, cuando la ausencia excede ese periodo, debe ser cubierta por un gobernador interino nombrado por el Congreso por mayoría absoluta de votos de los diputados presentes.
Ese fue el procedimiento aplicado en Sinaloa: el Congreso autorizó la licencia de Rocha Moya, turnó el asunto a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, y posteriormente designó a Bonilla Valverde como gobernadora interina.
El escenario cambiaría si la separación temporal se transforma en una falta absoluta, ya sea por renuncia, imposibilidad definitiva de regresar al cargo u otra causa prevista en la Constitución local.
En ese caso, al tratarse de la parte final del periodo constitucional, el Congreso tendría que nombrar a una persona como gobernadora o gobernador sustituto para concluir el mandato. El artículo 59 de la Constitución de Sinaloa establece que, cuando la falta absoluta ocurre en los últimos cuatro años del periodo, el Congreso designa a un gobernador sustituto que debe concluir el ejercicio constitucional.
Por ahora, el punto central es que Sinaloa no queda en un vacío de poder. Mientras no exista una reincorporación formal de Rocha Moya ni una declaratoria de falta absoluta, la administración estatal permanece bajo la conducción de Yeraldine Bonilla, en calidad de gobernadora interina.
El caso mantiene relevancia nacional porque Rocha Moya fue señalado por autoridades estadounidenses junto con otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado. Las acusaciones han sido rechazadas por el gobernador con licencia y por el Gobierno federal, que ha exigido pruebas y ha acusado una posible motivación política en el proceso.
La presión judicial también se mantiene en Estados Unidos. Este lunes, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, compareció ante una corte de Nueva York como uno de los señalados en el expediente. La audiencia mantuvo vigente el impacto político del caso sobre el grupo gobernante de Sinaloa.
Así, el vencimiento del primer tramo de 30 días no cierra la crisis política. Abre una etapa en la que Rocha Moya deberá definir si busca regresar al cargo, mantener su separación temporal o si el caso avanza hacia una ruta legislativa más profunda, con una eventual sustitución definitiva en el Gobierno de Sinaloa.