Habitantes de la comisaría de Santa María Chí, en Mérida, celebraron el retiro de más de 41 mil cerdos de una granja porcícola clausurada por autoridades ambientales; sin embargo, advirtieron que la lucha legal continúa y ahora exigen conocer cómo se va a resarcir el daño ambiental y de salud que, aseguran, dejó la operación de la empresa durante más de 30 años.
El comisario de la comunidad, Wilberth Náhuat Puc, confirmó que desde finales de abril ya no quedaban animales dentro de las instalaciones, luego de un proceso de vigilancia comunitaria derivado de la clausura definitiva y las multas impuestas a la empresa.
“Sí vimos que cumplieron. El 29 de abril estuvimos monitoreando y ya no había ningún animal. Ya para el 30 de abril no había ninguno adentro”, señaló.
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De acuerdo con el oficio entregado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente(Profepa), fueron retirados 41 mil 570 cerdos del sitio, además de imponerse una multa cercana a los 18 millones de pesos.
Para los habitantes, la salida de la granja representa el fin de años de malos olores, contaminación y afectaciones a la calidad de vida. “Estamos volviendo a vivir como hace 30 años, con tranquilidad y paz. Ya no tener esos olores es algo muy grato para todos”, expresó el comisario.
Acusan afectaciones ambientales y de salud
Santa María Chí cuenta con aproximadamente 500 habitantes, entre ellos más de 84 niñas y niños y alrededor de 60 adultos mayores.
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Náhuat Puc aseguró que varios menores y adultos mayores presentaron problemas respiratorios, principalmente sinusitis y faringitis aguda, pues durante años padecieron olores intensos, proliferación de moscas, ruido constante y contaminación derivada de la quema de desechos porcinos y el manejo de excretas.
“Muchos niños se enfermaban y no iban a la escuela porque el olor era insoportable”, afirmó.
La comunidad inició su lucha legal en mayo de 2023 y actualmente mantiene 27 amparos relacionados con temas ambientales, de salud y presuntas omisiones de autoridades federales, estatales y municipales.
Entre ellos, destaca un amparo promovido por 30 menores de edad por el derecho a un medio ambiente sano y acceso a agua limpia.
Exigen saneamiento y participación en decisiones
Aunque consideran el retiro de los animales como un avance histórico, los habitantes aseguran que aún falta atender el daño ambiental acumulado.
“¿Qué va a hacer la Profepa o Semarnat para sanear? Eso es lo que nos preocupa. La comunidad exige conocer qué ocurrirá con la infraestructura de la granja, el destino de los residuos y las acciones de restauración ambiental que deberán implementarse en el terreno”, dijo el comisario.
También expresó su preocupación por la posibilidad de que el predio sea vendido para desarrollos inmobiliarios.
“Sería terrible poner viviendas sobre un lugar donde hubo estiércol y donde se regaban aguas residuales”, advirtió.
Preocupa avance inmobiliario y deforestación
Además del conflicto por la granja porcícola, habitantes denunciaron el crecimiento de proyectos inmobiliarios en la zona, particularmente de la empresa Ciudad Central, vinculada al grupo Orve.
Según señalaron, el desarrollo ha provocado deforestación, desplazamiento de actividades tradicionales como la apicultura y pérdida de áreas utilizadas históricamente por la comunidad.
“Ya no hay monte. Todo está bardeado”, lamentó Náhuat.
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Incluso, acusaron que durante las obras se afectaron vestigios arqueológicos y criticaron la actuación de autoridades ambientales y de desarrollo urbano.
La comunidad anticipó que también emprenderá acciones legales contra los desarrollos inmobiliarios por considerar que afectan su territorio y forma de vida.
“Ya no les tenemos miedo. Lo que queremos saber es qué van a hacer realmente para el bienestar de la comunidad”, concluyó el comisario.