CASO ROCHA MOYA

Designan nuevo vicefiscal de Sinaloa, tras licencia de Dámaso Castro por acusaciones de EU

El caso del vicefiscal se suma a las licencias solicitadas previamente por el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; la medida busca interferir en el debido proceso

Designan nuevo vicefiscal de Sinaloa.Créditos: Fiscalía de Sinaloa
Escrito en ESTADOS el

Culiacán, Sin.— La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que la Fiscal General, Claudia Zulema Sánchez Kondo, tomó protesta de ley a José Roberto Quiñonez Coronado como encargado de la Vicefiscalía General de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Asimismo, fue designada Rocío Yamileth Aguilar Zazueta como Encargada de la Vicefiscalía Regional Zona Centro de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Durante el acto, la Fiscal General exhortó a las personas designadas a desempeñar sus funciones con apego a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, y a realizar, de manera conjunta, el mayor esfuerzo para fortalecer la procuración de justicia en la entidad, contribuyendo al Estado de Derecho y a la seguridad de las y los sinaloenses.

¿Quién es José Roberto Quiñonez Coronado, nuevo vicefiscal de Sinaloa?

  • Inició su carrera judicial como Ministerio Público.
  • Durante siete años, encabezó la Unidad de Delitos Sexuales y Contra la Familia, desempeñando labores en las regiones Centro-Norte, Norte y Centro de Sinaloa entre 2014 y 2021.
  • Posteriormente, asumió la dirección de la Unidad de Litigación Oral, primero en la región Centro-Norte y después en la región Centro, cargo que desempeñó de 2021 a 2024.
  • Como parte de su trayectoria dentro del sistema de procuración de justicia y en apego a su actualización profesional constante, en 2024 fue nombrado vicefiscal regional de la Zona Centro de Sinaloa, responsabilidad que mantuvo hasta hoy.

Apenas ayer, Dámaso Castro Zaavedra, pidió licencia a su cargo como vicefiscal de Sinaloa, en medio de las acusaciones de Estados Unidos en su contra y 9 funcionarios más, incluyendo a Rubén Rocha Moya.

La Fiscalía de Sinaloa señaló que Castro Zaavedra, "manifiesta su disposición para atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado por las vías legales correspondientes y en estricto apego al marco jurídico".

Previamente, la fiscal general, Claudia Zulema Sánchez Kondo, señaló que Castro Zaavedra continúa en funciones; no obstante, reconoció que se evaluaba apartarlo del cargo de manera provisional mientras avanzan las investigaciones iniciadas tras la acusación del Departamento de Justicia estadounidense. Según explicó, esta medida buscaría evitar cualquier interferencia en el debido proceso.

El caso del vicefiscal se suma a las licencias solicitadas previamente por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes también figuran en la acusación.

Sus salidas temporales marcaron el inicio de una nueva etapa política en el estado, con Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina y Ana Miriam Ramos Villarreal al frente del Ayuntamiento de Culiacán.

De acuerdo con información de la DEA, la acusación formal incluye a diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.

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Entre ellos se encuentra Castro Zaavedra, identificado por autoridades estadounidenses como Deputy Attorney General for the Sinaloa State Attorney General’s Office, cargo equivalente a vicefiscal general.

¿De qué acusan a Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa?

La imputación sostiene que el funcionario habría recibido aproximadamente 11 mil dólares mensuales de la facción conocida como Los Chapitos, a cambio de brindar protección e informar sobre operativos vinculados con autoridades estadounidenses.

Este señalamiento resulta especialmente delicado debido a que involucra a un alto funcionario encargado de investigar delitos y manejar información sensible dentro del sistema de procuración de justicia estatal.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha formalizado su separación. La postura oficial se mantiene en que Castro Zaavedra sigue en funciones, aunque sujeto a los requerimientos de la Fiscalía General de la República u otras autoridades competentes. Sánchez Kondo reiteró que debe respetarse la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial.

En paralelo, la Fiscalía General de la República informó que solicitará a Estados Unidos información adicional sobre el caso, al considerar que la documentación inicial no es suficiente para sustentar una detención provisional inmediata.

Las autoridades estadounidenses sostienen que los implicados habrían protegido operaciones del Cártel de Sinaloa, facilitado el flujo de información confidencial y permitido el traslado de drogas hacia Estados Unidos. No obstante, la propia DEA ha subrayado que se trata de acusaciones en proceso y que los señalados mantienen su derecho a la presunción de inocencia.

La eventual separación de Castro Zaavedra representaría un nuevo ajuste dentro de la reconfiguración institucional que atraviesa Sinaloa desde que se hicieron públicas estas acusaciones. A diferencia del gobernador y el alcalde, quienes ya se apartaron temporalmente de sus cargos, el vicefiscal permanece en funciones, al menos hasta que se tome una decisión formal.

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