TUXTLA GUTIÉRREZ.- En Tuxtla Gutiérrez, habitantes de la zona sur-poniente denunciaron que al menos diez empresas trituradoras de basura y una planta de asfalto operan de manera irregular en las faldas del Cerro Mactumactzá y la Meseta de Copoya, ceca de la capital de Chiapas, provocando afectaciones ambientales y a la salud de la población.
Las faldas del Cerro Mactumactzá y la Meseta de Copoya son consideradas Área Natural Protegida (ANP).
De acuerdo con los afectados, estas compañías trabajan sin contar con Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), requisito fundamental para evaluar los efectos ecológicos de este tipo de actividades. Incluso, señalan que la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha confirmado la ausencia de estos documentos, lo que evidenciaría una operación fuera del marco legal.
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Además de la falta de permisos, los pobladores denuncian el uso desproporcionado de dinamita para la extracción de material pétreo, la emisión constante de polvo sin medidas de mitigación y la invasión de un área considerada de valor ambiental, donde el uso de suelo debería ser de carácter sustentable y no industrial.
Ante esta situación y la falta de avances en acuerdos previos, habitantes y algunos empresarios locales realizaron un bloqueo en el camino que conduce al relleno sanitario de la ciudad, como medida de presión para exigir la intervención de las autoridades y la posible clausura de las empresas.
Los inconformes aseguran que no es la primera vez que recurren a este tipo de acciones; por el contrario, afirman que llevan más de seis años intentando que las autoridades atiendan el problema sin resultados concretos.
De acuerdo con Eduardo Cancino Alcázar, uno de los afectados, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió un documento en el que deja en claro que las mismas carecen de sus respectivas MIA.
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Aunque se establecieron mesas de diálogo con representantes de los tres niveles de gobierno, los compromisos —como supervisar las operaciones, regular el uso de explosivos e implementar sistemas de control de polvo— no se han cumplido.
“Por ello hoy nos volvemos a manifestar y les mostraremos todas las evidencias de las afectaciones”, puntualizó Eduardo Cancino Alcázar.
Por su parte, Rodolfo Domínguez, abogado de los denunciantes, dejó en claro que se ha afectado un área natural protegida (ANP), es decir parte del Cerro Mactumactzá y de la Meseta de Copoya, por lo que el uso de suelo para esa zona es de desarrollo sustentable.
Los inconformes mantienen en trámite un juicio de amparo por estas afectaciones ante el Juzgado Quinto de Distrito del Vigésimo Distrito.
Las empresas en cuestión son:
- Constructora Grupo Tapachula, SA de CV
- Constructora Conster SA de CV
- Protsa
- ALZ Construcciones
- Triturados y Agregados del Valle
- Mactumactzá
El abogado de los denunciantes resaltó que el impacto es mayor porque se trata de una “fábrica de agua y de un pulmón natural de Tuxtla”.
Como no hay registros de las empresas involucradas en este daño ambiental, afirmó que es complicado tener cifras exactas, “de antemano sabemos que actúan clandestinamente, al margen de la ley”.
Enrique López, otro de los afectados, aseveró que no es posible que se permita que estas compañías operen de esta manera, y prueba de ello, dijo, es que el pasado viernes una de éstas utilizó dinamita en grandes proporciones, lo que reavivó aún más la preocupación.
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De hecho, recordó que una de esas trituradoras ha formado un “boquerón” a apenas 200 metros de una escuela primaria federal, cuyos niños y niñas muchas veces han tenido que correr, espantados, por las detonaciones.
La Silla Rota recorrió y documentó parte de los daños que se han ocasionado en propiedades, mismas que presentas cuarteaduras en paredes o pisos o se han asentado, y en el mismo cerro, con grandes zonas “pelonas” por la extracción acelerada de material pétreo.
Martiniana Pérez, propietaria de una empresa recicladora, asentada sobre la calle La Lanza (nombre de la vía terrestre que conduce al relleno sanitario), afirmó que las detonaciones “siempre nos llegan muy fuerte, y las oficinas ya están todas cuarteadas”.
Además, los pobladores expresaron a La Silla Rota cómo es que las empresas consiguen la dinamita, la cual genera daños a la salud.
“El daño es tremendo, todo este polvo es cancerígeno, hay gente que se enferma de tos, gripa, de alergias y otros males respiratorios, e incluso hasta creemos que pueda haber daños por cáncer”, dijo Enrique López, habitante del lugar.
Autoridades sostendrán conversaciones con los habitantes
Nicolás Alegría Fonseca, delegado de Gobierno de la zona Metropolitana, quien dejó en claro que el próximo 8 de mayo sostendrán una reunión con todas las partes inmersas en esta problemática, “pues entiendo el sentir de esta causa que es justa por un tema de contaminación”.
En principio, admitió, el camino de varios kilómetros donde pasan decenas de camiones, todos los días, no ha sido pavimentado, lo que genera más polvo en esa zona.
En cuanto al uso de dinamita, confirmó que el acuerdo es que las empresas harían cuatro detonaciones “pequeñas” por mes, con lo que de alguna forma disminuye el impacto.
Sin embargo, aceptó que, por un supuesto cambio de administración en una de las empresas, “Protsa”, la semana pasada se ejecutó una detonación “muy fuerte”, lo que provocó de nuevo tensión y molestia.
La función como gobierno, subrayó, no es sacar a las trituradoras u otro tipo de medidas, sino sentarse con las mismas y verificar en qué parte no han cumplido para que no estén por encima de la norma.
“Porque no se trata que estén a voluntad, como han estado… hoy es un gobierno diferente, no es un discurso, y nadie puede estar por encima de la ley”.
Lo que sí dejó en claro es que el tema de contaminación es compartido entre los tres órdenes de gobierno, en el ámbito que a cada uno le corresponda; “Profepa, por ejemplo, tiene que responder por lo que hace y por lo que no hace, no puedo hablar por ello, respeto lo que hacen y… si no hacen, pues ellos incurren en omisión”.