El corralón de Grúas Alonso, concesionaria del Ayuntamiento de Chilpancingo, fue atacado con explosivos lanzados desde drones durante la madrugada de este martes 27 de mayo, en un hecho inédito en la capital de Guerrero, particularmente por la cercanía del lugar con instalaciones de la Guardia Nacional.
El establecimiento se localiza sobre la carretera federal México-Acapulco, frente a la comunidad de Petaquillas, a unos diez minutos de la cabecera municipal de Chilpancingo y a aproximadamente un kilómetro en línea recta de un cuartel de la Guardia Nacional.
Habitantes de la zona denunciaron que, pese a múltiples llamadas al número de emergencias 911, las corporaciones de seguridad arribaron al sitio después de las 06:00 horas. Asimismo, señalaron que desde la noche del domingo habían detectado el sobrevuelo de drones en ese tramo carretero, aunque no imaginaron que serían utilizados para lanzar artefactos explosivos.
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El ataque ocurre en medio del recrudecimiento de la violencia en la región Centro y Montaña Baja de Guerrero. Apenas la noche del lunes, el Ayuntamiento de Chilpancingo, encabezado por el alcalde Gustavo Alarcón Herrera, expresó su respaldo a nueve presidentes municipales que abandonaron las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, en solidaridad con la alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, tras los hechos violentos registrados entre el 6 y el 11 de mayo en comunidades como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán.
La violencia también alcanzó nuevamente a la capital del estado este martes, cuando un repartidor de gas LP fue asesinado a balazos a espaldas del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, principal central de abasto de la ciudad.
Grúas Alonso opera como concesionaria del Ayuntamiento de Chilpancingo y resguarda vehículos remitidos por agentes de Tránsito municipal por infracciones o faltas administrativas.
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Aunque los ataques con drones no son nuevos en Guerrero, sí representa uno de los episodios más cercanos a la capital del estado. Desde 2023 se han documentado agresiones con explosivos en comunidades como Buenavista, donde operaba una base de la autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Entre febrero y abril también se reportaron incidentes similares en Rincón de Alcaparrosa, Carrizal de Pinzón e Izcuinatoyac, hechos que incluso fueron denunciados mediante comunicados oficiales de autoridades municipales.
Contexto
Desde el 6 de mayo, habitantes y organizaciones como el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) han denunciado públicamente el uso de drones con explosivos y armas de alto calibre contra comunidades de Chilapa.
De acuerdo con reportes locales, entre 800 y mil 300 personas han sido desplazadas de localidades como Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, buscando refugio principalmente en Alcozacán, donde permanecen en espacios como la iglesia y la cancha deportiva.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló el pasado 12 de mayo que los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos son identificados como los principales responsables del desplazamiento forzado en la zona de Chilapa. Según autoridades federales, las recientes acciones violentas han dejado al menos 96 personas desplazadas y seis heridas.
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