El asesinato de dos familiares de Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP) el pasado 31 de enero en Colima, puso en alerta a toda la estructura de Morena y la autollamada cuarta transformación.
Felipe Delgado, hermano del secretario, confirmó que su tía Eugenia y su prima del mismo nombre, fueron asesinadas por hombres que ingresaron a su domicilio.
El doble homicidio puso de relieve un hecho: esta entidad, la menos poblada del país, es la que tiene el registro de más homicidios por cada 100 mil habitantes. En los cuatro primeros meses de 2026 la cifra de asesinatos (208) ha superado a la de 2025 (182).
Colima cerró 2025 como el estado más letal del país al registrar 622 víctimas de homicidio doloso y una tasa de 81.1 asesinatos por cada 100 mil habitantes, una cifra que lo incluyó en rankings internacionales como una de las entidades más violentas del mundo, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
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Colima es el estado con menor población del país, con 791 mil 391 habitantes, de acuerdo con el censo de 2020; su tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes cuadriplica la del país, que es de 17.5 casos. Expertos consideran que ese índice es el que refleja mejor la incidencia de un delito en la vida de una comunidad.
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública consignan reducciones en homicidios dolosos y delitos de alto impacto, pero especialistas advierten que en Colima la violencia no ha desaparecido, sino que se ha reconfigurado bajo una lógica de control territorial criminal.
La llamada “pax narca” impuesta principalmente por el CJNG en zonas estratégicas como Manzanillo y la capital del estado ha reducido los enfrentamientos abiertos, pero no el dominio criminal, el miedo social ni la capacidad operativa de los grupos delictivos
¿Qué está pasando?
La entidad continúa apareciendo entre las más violentas del país debido a la disputa histórica de organizaciones criminales y a la relevancia estratégica del puerto de Manzanillo para el tráfico internacional de drogas.
El puerto de Manzanillo es considerado uno de los nodos logísticos más importantes del Pacífico mexicano y uno de los principales puntos de entrada de mercancías provenientes de Asia. Autoridades federales han identificado el ingreso de precursores químicos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas, particularmente fentanilo, además de cargamentos de cocaína provenientes de Sudamérica.
La organización México Evalúa ubicó a Colima entre las entidades más violentas del país durante el periodo 2015-2025. En su estudio Violencia en México 2025-2025, análisis de los datos y propuestas para la paz, la organización documentó que la entidad registró una tasa de 81.1 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.
“El homicidio doloso es el principal indicador de violencia letal intencional”, define la organización en el estudio, donde además sostiene que estos delitos suelen estar vinculados a contextos de crimen organizado, disputa territorial y debilidad institucional.
México Evalúa concluyó que Colima atraviesa una crisis de homicidios dolosos desde 2015. Ese año los asesinatos aumentaron 219%. Posteriormente, hubo periodos de reducción: en 2018 disminuyeron 16% respecto a años anteriores y en 2024 la baja fue de 26%. Sin embargo, la entidad continúa encabezando las tasas nacionales de violencia letal.
Colima suele registrar tasas de homicidio superiores a entidades con mayor número absoluto de asesinatos, debido a su reducida población y a la intensidad de la violencia criminal en puntos específicos del estado.
También se detectó que varios municipios colimenses destacan por sus niveles de violencia y riesgo. La capital del estado, Colima, registró en 2025 la tasa municipal más alta de homicidios dolosos del país, con 83.8 por cada 100 mil habitantes.
Otros municipios colimenses ubicados entre los más violentos fueron Armería y Villa de Álvarez, con tasas de 72.7 y 56 homicidios por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Estos municipios muestran escenarios de “violencia extrema con contención parcial” y evidencian que la disminución nacional de homicidios no equivale necesariamente a una pacificación local, ya que los principales focos de violencia continúan activos e incluso algunos presentan recrudecimiento.
Contexto: violencia en Tecomán
Los hechos registrados el 25 y 26 de mayo de 2026 en Tecomán y otros municipios del estado reforzaron la percepción de que la reducción estadística de homicidios no necesariamente se traduce en una disminución de la capacidad operativa de los grupos criminales.
Durante esas horas se reportaron enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y la quema de vehículos en distintos puntos de Colima, incluyendo zonas cercanas a los límites con Michoacán.
De acuerdo con información de las autoridades estatales, los hechos comenzaron tras una agresión contra elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado que realizaban labores derivadas de un reporte al número de emergencias 911.
El ataque dejó dos agentes lesionados y desencadenó un operativo de búsqueda que derivó en nuevas acciones violentas, incluidos bloqueos en carreteras estratégicas y la colocación de vehículos incendiados para obstaculizar la circulación.
Como parte de estos hechos, se reportaron afectaciones en municipios como Tecomán, Armería, Manzanillo e Ixtlahuacán, donde las autoridades decidieron suspender las clases presenciales y trasladar las actividades escolares a modalidad virtual.
La medida reflejó el impacto que los eventos de seguridad continúan teniendo en la vida cotidiana de la población, uno de los aspectos que especialistas identifican como característico de los territorios con presencia de grupos criminales.
El episodio ocurrió apenas unos días después de otro operativo relevante. El 14 de mayo de 2026, autoridades estatales informaron la muerte de dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante un enfrentamiento registrado en la ciudad de Colima.
Entre los abatidos se encontraba un objetivo considerado prioritario por las corporaciones de seguridad y conocido con el alias de "Huesos", identificado por funcionarios estatales como integrante de dicha organización criminal.
En este contexto, los acontecimientos de mayo volvieron a colocar a Colima en el centro de la atención nacional. Aunque las estadísticas muestran una reducción relativa de algunos delitos, los bloqueos, ataques armados y operativos recientes evidencian que la disputa por el control territorial y las rutas estratégicas del estado continúa activa.
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Una “pax narca”
El analista en seguridad David Saucedo señaló que la reducción de asesinatos en Colima responde, en parte, a una reconfiguración del control territorial por parte del CJNG, que ha logrado consolidar su presencia en zonas estratégicas del estado.
De acuerdo con el especialista, esta disminución se explica por una “pax narca”: un control impuesto por un solo grupo criminal que reduce los enfrentamientos abiertos, pero no elimina las dinámicas de violencia.
“No es una paz perfecta, completa y total, porque siguen existiendo focos de resistencia al dominio de este grupo”, puntualizó.
Para Javier Oliva Posada, Colima forma parte de los territorios estratégicos para el narcotráfico debido a su ubicación geográfica y conectividad marítima, condiciones que han incrementado el interés de organizaciones criminales por controlar la entidad, particularmente el puerto de Puerto de Manzanillo.
El especialista en seguridad nacional advierte que la posición del estado dentro de las rutas comerciales y de trasiego hacia Estados Unidos lo convirtió en un punto clave para grupos dedicados al tráfico de drogas y mercancías ilícitas.
Violencia indiscriminada
Colima es una de las entidades más pequeñas del país, pero la tranquilidad que vivió hasta mediados de la década pasada ya no es sino un recuerdo lejano.
Los atentados han alcanzado hasta las máximas figuras políticas: Silverio Cavazos, gobernador de 2005 a 2009, fue asesinado meses después de dejar el cargo. Mientras paseaba a su perro, un grupo armado lo atacó cerca de su casa y su escolta no alcanzó a resguardarlo.
En marzo pasado, Hilario “N”, conocido como “El chiwas”, fue detenido en Parral, Chihuahua; autoridades lo señalaron como responsable del asesinato de Cavazos, aunque los motivos no se hicieron públicos.
Otro exgobernador, priista también, fue víctima de un ataque; en 2015, Fernando Moreno Peña, quien dirigió el estado de 1997 a 2003, fue agredido mientras comía en un restaurante de la capital del estado en compañía de otro exrector de la Universidad local.
La violencia también alcanzó a integrantes de otros poderes. En 2020, un juez federal y su esposa fueron asesinados dentro de su casa.
La entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, declaró que el juez Uriel Villegas llevaba casos de delincuencia organizada y fue asesinado por “hacer su trabajo”.
En 2023, Jaime “N”, apodado “El alacrán”, un sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación a quien se atribuía la muerte del juez, fue asesinado a tiros en Colima.
Violencia de alto impacto
La persistencia de la violencia quedó evidenciada en diversos hechos de alto impacto registrados a comienzos de 2026.
Uno de los casos que más conmocionó a la entidad fue el asesinato de María Eugenia Geña Delgado y Sheila Amezcua Delgado, tía y prima, respectivamente, del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.
“Profunda consternación, indignación y tristeza por los hechos ocurridos esta madrugada en Colima, donde mi tía Eugenia Delgado y mi prima Sheila fueron brutalmente asesinadas en su domicilio”, escribió el funcionario en redes sociales.
También generaron impacto los asesinatos del líder de la Asociación Ganadera de Cuauhtémoc, Samuel González Rodríguez, ocurrido el 3 de marzo, así como el homicidio de seis personas dentro de una panadería en la capital del estado el 2 de septiembre del año pasado.
Los habitantes se sienten inseguros
La percepción social tampoco muestra señales de tranquilidad. Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) revelan que 77.2% de los habitantes de la ciudad de Colima y 71.4% de los de Manzanillo se sienten inseguros, cifras que colocan a ambos municipios por encima de la media nacional y reflejan que la disminución de homicidios no se ha traducido en una sensación de paz para la población.
En este contexto, explicó que la baja de homicidios no refleja una pacificación estructural, sino un reacomodo criminal enfocado en garantizar el control del puerto de Manzanillo, de las obras de ampliación portuaria y de zonas estratégicas de la capital del estado.
Por su parte, José Saucedo Romero, experto en seguridad pública y sistema penitenciario que reside en la entidad, afirmó que la disminución estadística no modifica la percepción social de inseguridad.
“Si bien es cierto ha disminuido el número de homicidios dolosos, seguimos teniendo el más alto a nivel nacional, entonces faltan detalles por trabajar”, dijo.
A nivel nacional, el gobierno federal ha sostenido que la reducción de homicidios responde a la detención de generadores de violencia y al debilitamiento de estructuras criminales. Sin embargo, especialistas consultados advirtieron que una baja en las cifras no necesariamente implica una mejora sostenida en las condiciones de seguridad.
Especialistas y habitantes consultados coinciden en que la violencia ha modificado hábitos cotidianos en la entidad: reducción de actividades nocturnas, suspensión de clases ante balaceras o enfrentamientos y una creciente percepción de riesgo.
“La percepción es pésima. La gente ya no sale como antes, se cuida más en sus casas”, afirmó José Saucedo Romero.
“Cuando escuchan alguna información sobre enfrentamientos o balaceras, automáticamente es quedarse en su casa. Yo que trabajo dando clases, veo que los papás no mandan a los muchachos a las escuelas”, describió.
Otras personas consultadas por La Silla Rota, originarias de la Ciudad de México pero residentes actualmente en Colima, señalaron que pese a considerar al estado atractivo por su clima y calidad de vida, la inseguridad se ha mantenido durante años.
Relataron que, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes el pasado 22 de febrero, decidieron no salir de sus casas durante varios días por temor a posibles reacciones violentas, aun cuando los hechos relacionados ocurrieron en Jalisco.
Manzanillo: bendición y maldición
“En Colima hay una bendición que a su vez es una maldición: el puerto de Manzanillo”, describió José Saucedo Romero.
El puerto representa una de las principales fuentes económicas de la entidad y concentra la entrada y salida de miles de contenedores con mercancías legales. Sin embargo, especialistas advierten que también se ha convertido en una de las principales rutas para el ingreso de precursores químicos destinados a la fabricación de drogas sintéticas, así como de cargamentos de cocaína.
David Saucedo explicó que el puerto es uno de los puntos estratégicos disputados históricamente entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa. La importancia logística de Manzanillo lo ha convertido en un nodo clave dentro de las rutas del narcotráfico internacional.
Añadió que el fortalecimiento del CJNG en la zona coincide con los proyectos de expansión de infraestructura portuaria, lo que incrementó el interés del grupo criminal por mantener el control territorial.
Bajo este contexto, explicó, organizaciones criminales buscan beneficiarse indirectamente de obras públicas mediante contratos relacionados con materiales, servicios o mano de obra.
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Un territorio históricamente disputado
Para el especialista en seguridad pública Víctor Sánchez, la crisis de violencia en Colima tiene su principal foco en el puerto de Puerto de Manzanillo, municipio que concentra buena parte de la disputa criminal en la entidad. El analista coincide en que la relevancia logística y comercial del puerto lo convirtió en un punto estratégico para organizaciones delictivas, situación que ha impactado directamente en los niveles de homicidio y percepción de inseguridad.
Sostuvo que, pese a que Colima mantiene desde hace años algunas de las tasas más altas de homicidio del país, la crisis de seguridad no ha tenido la misma atención nacional que otras entidades. Señaló además que la baja población del estado provoca que los números absolutos de asesinatos parezcan menores frente a estados como Guanajuato o Baja California, aunque proporcionalmente el escenario sea más grave.
Históricamente, Colima ha sido un territorio en disputa entre distintos grupos criminales.
David Saucedo recordó que, años atrás, versiones sobre la muerte de El Mencho provocaron fracturas internas dentro del CJNG que derivaron en la aparición de células como el llamado Cártel Independiente de Colima, encabezado por Jesús Bernabé Brizuela, detenido en 2022.
Actualmente, explicó, el dominio territorial del CJNG en la capital del estado y en Manzanillo ha reducido enfrentamientos abiertos con grupos rivales, incluidos remanentes vinculados al Cártel de Sinaloa.
Colima, un caso extremo
Colima se ha mantenido durante años entre las entidades más golpeadas por la violencia letal.
En 2024, el estado registró 690 defunciones por homicidio, de las cuales 100 correspondieron ab mujeres, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Ese año, la entidad se ubicó entre las más afectadas del país tanto en volumen como en proporción. Mientras a nivel nacional las enfermedades del corazón continúan como la principal causa de muerte, en Colima los homicidios alcanzaron un peso inusual dentro de la estructura de mortalidad.
En contraste, el estado se colocó en noveno lugar nacional por muertes asociadas a diabetes mellitus y en cuarto por tumores malignos.
Para especialistas, Colima representa uno de los casos más extremos del país: una entidad pequeña, con un puerto estratégico para el narcotráfico internacional y donde la reducción de homicidios convive con altos niveles de miedo, control territorial criminal y persistente fragilidad institucional.
Críticas a la Guardia Nacional
José Saucedo reconoció que existe una mayor presencia de la Guardia Nacional en la entidad, aunque cuestionó algunos de sus métodos durante detenciones preventivas.
Aunque reconoció que estas acciones están contempladas legalmente, señaló que han existido denuncias por presuntos maltratos y tortura.
Coincidió además con David Saucedo en que la calma observada actualmente puede ser transitoria y responder a procesos de reacomodo criminal.
“No somos inocentes. Cada gobierno tiene sus preferidos, por así decirlo, en cuanto a delincuencia. Pero también, en mis 38 años trabajando en esto, por lo menos antes les decían: ‘haz tus cosas fuera de la población’. Ya ahora es entre la población y en el centro de Colima”, concluyó.