Diversas organizaciones civiles, como la Alianza de Medios y Artículo 19, académicos y defensorores de derechos humanos denunciaron un posible uso “expansivo y arbitrario” del derecho penal en San Luis Potosí tras la aplicación de reformas relacionadas con inteligencia artificial, manipulación de imagen e identidad digital.
A través de una carta pública fechada el 27 de mayo de 2026, los firmantes expresaron su preocupación por las recientes detenciones y órdenes de aprehensión contra personas comunicadoras, creadoras de contenido y periodistas en la entidad.
Según el pronunciamiento, desde el pasado 21 de mayo organizaciones civiles documentaron la detención de Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo, identificadas como comunicadora digital y funcionaria pública, respectivamente. Además, denunciaron la existencia de órdenes de aprehensión contra al menos ocho personas más, entre ellas Anahí Torres González, periodista y directora de diversos medios de comunicación en San Luis Potosí.
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También señalaron que hasta el momento se desconoce el motivo de la detención de Christian Herrera, creador de contenido vinculado a la página de Facebook “Código Rojo”, en Ciudad Valles.
“Grave señal de deterioro democrático”, advierten en SLP
Las organizaciones afirmaron que las detenciones y procesos judiciales representan una amenaza directa para el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en San Luis Potosí.
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“Las detenciones de personas comunicadoras y creadoras de contenido, así como la emisión de órdenes de aprehensión contra periodistas, voces críticas y opositoras, constituyen una grave señal de deterioro democrático”, advirtieron.
Asimismo, cuestionaron la redacción del tipo penal relacionado con inteligencia artificial y manipulación digital, al considerar que contiene conceptos ambiguos y amplios que podrían permitir la persecución de expresiones críticas o de interés público.
Los firmantes sostuvieron que esto genera un “efecto inhibitorio” sobre periodistas, medios de comunicación, activistas y ciudadanía, debido a la incertidumbre sobre qué contenidos podrían derivar en investigaciones o procesos penales.
En el documento recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las normas ambiguas que otorgan amplios márgenes de discrecionalidad al Estado pueden resultar incompatibles con el derecho a la libertad de expresión.
Contexto Ley IA
Las investigaciones comenzaron después de la difusión de un video elaborado con inteligencia artificial en el que se atribuyó una voz al gobernador Ricardo Gallardo Cardona. El material circuló en páginas informativas, canales de YouTube y redes sociales.
Tras la publicación del video, la Fiscalía estatal inició investigaciones sustentadas en reformas aprobadas en noviembre de 2025 al Código Penal local.
La iniciativa fue presentada por el diputado del Partido Verde Héctor Serrano y contempla sanciones para quienes generen o difundan contenidos manipulados digitalmente, por lo que se le ha llamado de manera coloquial como Ley IA.
Exigen garantías al Poder Judicial y a la Fiscalía
En la carta, las organizaciones de periodistas y académicos hicieron un llamado al Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí para garantizar el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia de las personas investigadas o detenidas.
Además, solicitaron aplicar estándares reforzados de protección a la libertad de expresión y valorar el impacto que tendría continuar procesos penales sustentados en un tipo penal cuestionado constitucionalmente.
También pidieron determinar la no vinculación a proceso de las personas imputadas al considerar que no existen condiciones compatibles con estándares constitucionales e interamericanos para restringir la libertad de expresión mediante la vía penal.
A la Fiscalía General del Estado, exigieron cesar el uso expansivo del derecho penal contra expresiones protegidas constitucionalmente y abstenerse de criminalizar actividades periodísticas, críticas, satíricas o de interés público.
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Piden Parlamento Abierto en San Luis Potosí
Los firmantes también dirigieron un llamado al Congreso local para abrir un proceso de discusión pública mediante un Parlamento Abierto que incluya especialistas en derechos digitales, inteligencia artificial, libertad de expresión, academia y sociedad civil.
Afirmaron que la regulación de tecnologías emergentes debe realizarse bajo criterios democráticos y con respeto a los derechos humanos.
“Regular tecnologías emergentes no puede servir como pretexto para debilitar libertades fundamentales ni para ampliar facultades punitivas incompatibles con una sociedad democrática”, señalaron.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran ARTICLE 19 México y Centroamérica, Reporteros Sin Fronteras, Red en Defensa de los Derechos Digitales, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Fundar, Propuesta Cívica y Alianza de Medios MX, entre otras.