El senador con licencia, Enrique Inzunza, se reunió este viernes en el Country Club de Culiacán, Sinaloa, con Javier Corral, exgobernador de Chihuahua y senador por Morena.
La fotografía fue difundida por el periodista Pascal Beltrán del Río en su cuenta de la red social X y posteriormente retomada por el propio Corral, quien confirmó el encuentro y aseguró que no existe “nada que esconder”.
“Sí, fui a ver a mi compañero senador. Estando en Mazatlán fui a escucharlo. Tan no tengo nada que esconder que fui a verlo en un lugar público”, escribió el legislador morenista.
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Corral también afirmó que Inzunza le comentó que analiza acudir la próxima semana al periodo extraordinario de sesiones en el Senado.
CASO ROCHA MOYA - COBERTURA COMPLETA
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Enrique Inzunza se reúne con Rocha Moya tras 20 días sin aparición pública
Un día antes, el senador Enrique Inzunza Cázarez, a quien una acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos vincula con presunta colaboración con integrantes de Los Chapitos, acudió la mañana de este jueves 21 de mayo al domicilio particular del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, ubicado en Isla Musala, en Culiacán.
De acuerdo con testigos presenciales, Inzunza Cázarez llegó en una camioneta Ram de doble cabina con blindaje. Personas que observaron el arribo señalaron que el vehículo era similar a unidades utilizadas por dependencias estatales para el traslado de funcionarios.
“Como que fueron a llevarlo, porque nada más iba el chofer”, comentó uno de los testigos que observó el ingreso del senador a la privada.
La visita ocurrió en la privada Salduero, dentro del complejo Banús 360, en Isla Musala. Según los mismos testimonios, tras la llegada de Inzunza Cázarez, elementos de la Policía Estatal solicitaron a algunas personas que se retiraran del área.
El encuentro se registró el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó durante su conferencia matutina que Rocha Moya se encuentra en su domicilio en Sinaloa. Un día antes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el mandatario con licencia no cuenta con protección federal y que su seguridad corresponde a autoridades estatales.
La reunión ocurrió 20 días después de que Rocha Moya solicitó licencia al cargo y dejó de participar en actividades públicas. Desde entonces, no encabeza actos oficiales ni realiza apariciones presenciales públicas.
Por su parte, Inzunza Cázarez utilizó sus redes sociales para rechazar los señalamientos en su contra. El senador también manifestó que permanece en Sinaloa y que atenderá cualquier requerimiento de las autoridades mexicanas.
La acusación presentada en Estados Unidos incluye a Rocha Moya, Inzunza Cázarez y otros funcionarios o exfuncionarios sinaloenses por presuntamente colaborar con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar operaciones de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los señalados presuntamente recibieron apoyo político y otros beneficios a cambio de brindar protección institucional a integrantes de Los Chapitos, grupo identificado por las autoridades estadounidenses como una facción del Cártel de Sinaloa.
Tanto Rocha Moya como Inzunza Cázarez rechazaron las imputaciones. Rocha Moya solicitó licencia al cargo y señaló que su decisión permitiría atender los señalamientos, mientras que el senador negó cualquier vínculo con actividades ilícitas.
El caso también involucra a exfuncionarios de la administración estatal. Reportes oficiales indican que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue detenido en Arizona y compareció ante una corte federal en Nueva York. Asimismo, autoridades reportaron la entrega de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado.
La situación mantiene atención sobre el escenario político de Sinaloa. Actualmente, el gobierno estatal permanece bajo la conducción de la mandataria interina Yeraldine Bonilla Valverde, mientras continúan las repercusiones derivadas de la acusación presentada por autoridades estadounidenses.
Contexto: investigación de EU escala en Sinaloa
Contexto: la reunión entre Enrique Inzunza y Rubén Rocha Moya ocurre en medio de una investigación iniciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
La acusación, presentada por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York el 29 de abril de 2026, incluye al propio Rocha Moya, al senador Inzunza y a otros integrantes o exintegrantes de la administración estatal.
Según el documento judicial estadounidense, los señalados habrían utilizado posiciones de gobierno para brindar protección a integrantes del grupo criminal, facilitar operaciones de narcotráfico y proporcionar información sobre acciones de seguridad.
Las autoridades de Estados Unidos sostienen que, a cambio, algunos funcionarios habrían recibido beneficios económicos y apoyo político. Tanto Rocha Moya como Inzunza han rechazado las acusaciones y niegan cualquier vínculo con organizaciones delictivas.
La investigación también alcanzó a exfuncionarios cercanos al gobierno sinaloense. El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, fue detenido en Arizona el pasado 11 de mayo y posteriormente trasladado a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con presunta colaboración con Los Chapitos. Durante su primera comparecencia ante una corte federal se declaró inocente.
Por separado, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, fue detenido en Europa y trasladado a territorio estadounidense para responder a las acusaciones formuladas en su contra. De acuerdo con la imputación, Díaz Vega habría fungido como enlace entre integrantes de Los Chapitos y funcionarios estatales, además de participar presuntamente en esquemas de protección al grupo criminal.
La acusación estadounidense sostiene que algunos de los implicados habrían recibido pagos millonarios procedentes del narcotráfico y colaborado en acciones para favorecer políticamente a determinados actores en Sinaloa. Entre los señalamientos más graves figura la presunta intervención del grupo criminal en procesos electorales locales mediante intimidación a adversarios políticos, una versión que los acusados rechazan.
El caso ha generado tensión diplomática entre México y Estados Unidos. Mientras autoridades estadounidenses han señalado que las investigaciones continuarán y podrían derivar en nuevos procesos, el gobierno mexicano ha insistido en que cualquier solicitud de extradición o acción judicial deberá sujetarse a los procedimientos previstos por la legislación nacional y a la revisión de la Fiscalía General de la República.
Desde que se hicieron públicas las acusaciones, Rocha Moya solicitó licencia al cargo y el gobierno estatal quedó bajo la conducción de la mandataria interina Yeraldine Bonilla Valverde.
VGB