La madre buscadora Ceci Flores denunció el hallazgo de un presunto “campo de exterminio” en el municipio de Lagos de Moreno, sitio que comparó con el caso del rancho Izaguirre debido a las condiciones encontradas en el lugar y a los indicios de violencia extrema.
A través de sus redes sociales, la activista aseguró que en el predio habrían sido llevados jóvenes reclutados por grupos criminales, quienes presuntamente terminaron asesinados e incinerados en “hornos artesanales”. En su mensaje, describió que en el sitio localizaron rastros de sangre, casquillos percutidos, pertenencias y señales de violencia que, dijo, reflejan el sufrimiento de las víctimas.
“Los quemaban para exterminar su identidad, su nombre, su historia y su paso por este lugar donde se respira muerte”, escribió Ceci Flores en su publicación, donde además cuestionó cuántos lugares similares podrían existir aún sin ser descubiertos y cuántas personas habrían perdido la vida en esos espacios.
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La denuncia reavivó la preocupación sobre la crisis de desapariciones en Jalisco, entidad que desde hace años encabeza las cifras nacionales de personas desaparecidas y donde colectivos de búsqueda han reportado reiteradamente hallazgos de fosas clandestinas y centros de operación del crimen organizado.
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Hasta el momento, autoridades locales y federales no han informado oficialmente sobre el aseguramiento del predio ni sobre el número de posibles víctimas relacionadas con el sitio señalado por la activista. Sin embargo, colectivos de búsqueda han insistido en la necesidad de ampliar las investigaciones y garantizar el resguardo de la zona para evitar la pérdida de indicios.
Contexto: el caso del Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, se convirtió en uno de los episodios más impactantes relacionados con desapariciones y violencia del crimen organizado en México. El predio fue señalado por colectivos de búsqueda y autoridades como un presunto centro de reclutamiento, adiestramiento y asesinato operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con reportes retomados por diversos medios, entre ellos La Silla Rota, el sitio salió nuevamente a la luz pública en marzo de 2025, cuando integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresaron al rancho tras recibir denuncias anónimas. En el lugar localizaron cientos de prendas de vestir, pares de zapatos, mochilas y restos óseos calcinados, indicios que reforzaron la hipótesis de que el predio era utilizado para desaparecer personas.
Las investigaciones federales y estatales revelaron además que el inmueble ya había sido intervenido meses antes por autoridades de Jalisco, aunque posteriormente la Fiscalía General de la República señaló posibles omisiones en las diligencias iniciales. El fiscal Alejandro Gertz Manero afirmó que las autoridades locales tenían conocimiento del lugar desde 2024, pero no agotaron todas las líneas de investigación ni preservaron adecuadamente los indicios encontrados en el sitio.
El hallazgo provocó una fuerte confrontación entre colectivos de familiares de desaparecidos y el gobierno federal respecto a cómo debía clasificarse el predio. Mientras madres buscadoras y organizaciones civiles insistieron en que se trataba de un “campo de exterminio”, autoridades federales, entre ellas el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señalaron que hasta ese momento no existían elementos concluyentes para definirlo oficialmente bajo ese término, aunque sí reconocieron que funcionaba como centro de entrenamiento criminal.
El caso también exhibió el problema del reclutamiento forzado de jóvenes por parte del crimen organizado. Diversos testimonios y reportes periodísticos señalaron que muchas víctimas habrían sido atraídas mediante falsas ofertas de trabajo difundidas en redes sociales, para después ser privadas de la libertad y obligadas a integrarse a estructuras criminales bajo amenazas y violencia extrema.
La difusión de imágenes de cientos de zapatos y objetos personales abandonados dentro del rancho generó indignación nacional e internacional, además de reavivar el debate sobre la crisis de desapariciones en México y la capacidad de las autoridades para investigar este tipo de casos. Organizaciones civiles y colectivos de búsqueda exigieron una investigación independiente y el esclarecimiento de cuántas personas pudieron haber pasado por el Rancho Izaguirre.
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