El Congreso Nacional Indígena (CNI) informó que del 22 al 24 de mayo realizará una Misión Civil de Observación en comunidades de la Montaña Baja de Guerrero para documentar la situación de pueblos indígenas, personas desplazadas y víctimas de violencia en la región, en donde el transporte público actualmente ha subido hasta a 500 pesos.
La agrupación explicó que el objetivo será constatar las condiciones actuales en las comunidades afectadas por ataques armados y desplazamientos forzados registrados en los últimos meses, además de recopilar testimonios sobre el contexto de inseguridad que persiste en la zona.
De acuerdo con el CNI, muchas familias regresaron a sus localidades bajo presión de autoridades estatales y municipales, pese a que continúan existiendo riesgos de agresiones y temor entre los habitantes.
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La misión contará con acompañamiento de periodistas, colectivos, organizaciones sociales, centros de derechos humanos y observadores nacionales e internacionales, quienes recorrerán distintos puntos de la región para recabar información y documentar posibles violaciones a derechos humanos.
Denuncian desplazamiento de más de 2 mil personas en Guerrero
El Congreso Nacional Indígena aseguró que el gobierno federal intervino en la zona únicamente después de varios días de ataques y tras la presión ejercida por organizaciones nacionales e internacionales.
La organización señaló que más de 2 mil personas fueron desplazadas de sus comunidades debido a agresiones con armas de alto poder y ataques con drones, situación que afectó principalmente a pobladores de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán.
Según el pronunciamiento, las comunidades han denunciado durante más de una década problemas de violencia y la presencia de grupos criminales sin que existan respuestas efectivas por parte de las autoridades.
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El CNI acusó que tanto gobiernos municipales como estatales no frenaron a los agresores y, por el contrario, se ha buscado criminalizar a las víctimas mediante versiones oficiales que atribuyen los hechos a enfrentamientos entre grupos rivales.
Datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) indican que México registra miles de personas desplazadas internamente por violencia cada año, especialmente en estados como Guerrero, Chiapas, Michoacán y Zacatecas.
Comunidades acusan vínculos entre crimen y autoridades
En el posicionamiento difundido por la organización indígena también se cuestionó la falta de investigaciones contra presuntos vínculos políticos y criminales en la región.
El CNI señaló directamente a la presidenta municipal de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, por supuestos nexos familiares con Celso Ortega Jiménez, identificado como líder del grupo criminal “Los Ardillos”.
Asimismo, denunció presunto desvío de recursos públicos del Ramo 33 destinados a comunidades pertenecientes al Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), además de la ausencia de acciones para desarticular al grupo criminal.
Por su parte, Sixto Mendoza, promotor del CIPOG-EZ, señaló que el transporte público en Chilapa ha subido hasta los 500 pesos, mientras que anteriormente costaba 60 pesos.
"Necesitamos que haya seguridad en chilapa porque ahorita las rutas hacia chilapa no nos quieren llevar para comprar nuestra canasta básica nos cobran una cierta cantidad de 500 pesos, normalmente se estaban cobrando 60 pesos", señaló Mendoza a medios de comunicación locales.
El promotor de la CIPOG-EZ pidió la presencia de médicos en la región. "También queremos que vengan los médicos porque hay mucha gente enferma con niños enfermos, infecciones, vómitos, calenturas y todo eso", señaló.
La organización también criticó declaraciones de integrantes de la Iglesia católica local, a quienes acusó de minimizar la situación de violencia y responsabilizar a las propias víctimas por el desplazamiento.
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Misión buscará documentar violaciones a derechos humanos
El Congreso Nacional Indígena afirmó que las comunidades de la Montaña Baja mantienen sistemas propios de organización y justicia comunitaria para resistir la presencia de grupos criminales y defender su territorio.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que Guerrero continúa entre los estados con mayores niveles de violencia armada y desplazamiento forzado en México.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que Guerrero registra altos índices de homicidios dolosos y presencia activa de organizaciones criminales vinculadas al control territorial, extorsión y tráfico de drogas.
La misión civil buscará documentar testimonios, evidencias y condiciones de seguridad para visibilizar la situación de las comunidades indígenas afectadas y exigir medidas de protección para las familias desplazadas.