El grupo criminal "Los Ardillos" pasó de ser una organización local vinculada a la producción de amapola a convertirse en una de las estructuras delictivas más influyentes y violentas de Guerrero.
Su presencia se concentra principalmente en las regiones Centro y Montaña, donde ha logrado establecer un control territorial que abarca la vida política, económica y social de diversas comunidades.
Su expansión se sostiene en una estructura familiar sólida, alianzas políticas señaladas por distintos actores y una estrategia de violencia sistemática contra quienes se oponen a sus intereses.
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Al frente de la organización es identificado Celso Ortega Jiménez, conocido como “El Ardillo Mayor”, quien heredó el liderazgo tras el asesinato de su padre, Celso Ortega Rosas, fundador del grupo, ocurrido en 2011.
Bajo su mando, "Los Ardillos" consolidaron un bastión de poder en Tlanicuilulco, comunidad del municipio de Quechultenango, considerada uno de los principales centros de operación del grupo.
Diversos reportes y denuncias comunitarias señalan que en esa región la organización ejerce un control absoluto, donde la presencia institucional es limitada y el temor inhibe las denuncias ciudadanas.
Estructura criminal de "Los Ardillos" opera bajo un modelo familiar
La estructura criminal opera bajo un modelo familiar claramente definido. Celso Ortega dirige las operaciones junto con su hermano Antonio Ortega Jiménez, mientras que Jorge Iván Ortega Sánchez es señalado como uno de los responsables del manejo financiero. Otros integrantes de la familia participan en el despliegue territorial y logístico en municipios estratégicos como Quechultenango, Chilapa y Chilpancingo.
A esta red se suman señalamientos sobre presuntos vínculos políticos. Uno de los nombres recurrentemente mencionados es el de Bernardo Ortega Jiménez, ex presidente del Congreso de Guerrero, quien ha negado cualquier relación con actividades criminales, aunque las zonas donde ejerció influencia política coinciden con áreas de fuerte presencia del grupo.
La organización también ha sido relacionada con autoridades municipales mediante presuntos vínculos familiares y políticos. Entre los casos señalados destaca el de Merced Carballo Chino, alcaldesa de Quechultenango, identificada por distintas versiones como familiar política de Celso Ortega.
Este entramado ha fortalecido la percepción de que "Los Ardillos" no sólo funcionan como un grupo criminal, sino como una estructura de poder regional con capacidad de influir en decisiones políticas y de seguridad.
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Contexto, ¿qué hacen "Los Ardillos"?
A diferencia de otros cárteles enfocados exclusivamente en el tráfico de drogas, "Los Ardillos" son señalados por ejercer un modelo de control integral del territorio.
Además de las actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, el grupo impone precios de productos básicos, extorsiona a comerciantes y controla actividades económicas locales.
También existen denuncias sobre infiltración en corporaciones municipales de seguridad, particularmente en Mochitlán y Quechultenango, así como el uso de grupos de autodefensa como fachada operativa en determinadas zonas.
El sometimiento social es otro de los elementos que caracterizan su presencia en Guerrero. Habitantes y organizaciones comunitarias han denunciado que comunidades enteras han quedado sitiadas por el grupo, limitando la movilidad de las personas e incluso impidiendo que niños asistan a la escuela o que campesinos trabajen sus tierras si no obedecen las condiciones impuestas por la organización.
La expansión de "Los Ardillos" ha dejado una larga estela de violencia. Entre los casos más emblemáticos se encuentra el secuestro y asesinato de los hermanos Díaz Navarro en 2014, quienes fueron privados de la libertad en Chilapa y posteriormente hallados cercenados e incendiados.
Otro episodio que provocó indignación nacional ocurrió en 2020, cuando 10 músicos —entre ellos un adolescente de 15 años— fueron asesinados en la carretera Mexcalcingo-Chilapa.
El grupo también ha sido señalado por intervenir violentamente en procesos políticos locales. Diversas investigaciones y reportes relacionan a "Los Ardillos" con asesinatos de candidatos del PRI en 2015 y ataques contra precandidatas en 2018, hechos que habrían tenido como objetivo garantizar control electoral en municipios estratégicos.
Las comunidades indígenas y policías comunitarias también han denunciado ataques constantes. Organizaciones como la CRAC-PC y el Cipog-EZ sostienen que el grupo ha perpetrado asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados contra pobladores que rechazan permitir el tránsito de droga o resisten el avance territorial de la organización. Según estas denuncias, decenas de personas han sido asesinadas o desaparecidas y cientos de familias se han visto obligadas a abandonar sus comunidades.
Especialistas y organizaciones civiles consideran que la permanencia de "Los Ardillos" se explica por una combinación de omisión institucional, corrupción y fragmentación social.
ONG acusan abandono de comunidades de Chilapa
Abel Barrera Hernández, del centro de derechos humanos Tlachinollan, señaló que una década después los indígenas exigen que frene esta situación.
"Las comunidades indígenas que son de Chilapa, más de 100 comunidades, siempre han estado abandonadas. Nunca han tenido un lugar en presupuesto público. Son comunidades donde hacen falta maestros, donde no hay servicios médicos, donde no hay caminos", señaló Barrera Hernández.
En localidades como Tlanicuilulco prácticamente no se registran operativos de seguridad ni denuncias públicas, situación que habitantes atribuyen al miedo y al control absoluto ejercido por la organización.
Paralelamente, las divisiones entre grupos comunitarios y de autodefensa han debilitado la resistencia local, permitiendo que el grupo consolide su presencia en distintas regiones del estado.
Actualmente, "Los Ardillos" son considerados una de las organizaciones criminales más estables y peligrosas de Guerrero. Su capacidad para controlar suministros básicos, imponer reglas de convivencia y mantener influencia política y territorial ha generado un entorno donde la violencia y el miedo forman parte de la vida cotidiana de numerosas comunidades.
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