Culiacán, Sin.— Morena en Sinaloa no descartó que el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, ni el senador de la República Enrique Inzunza Cázarez participen en el proceso interno del partido rumbo a las elecciones de 2027, pese a los señalamientos difundidos desde Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios morenistas del estado de tener vínculos con "Los Chapitos".
El presidente estatal de Morena, Edgar Barraza Castillo, afirmó que ningún perfil está fuera de las mediciones internas por ahora y que la definición dependerá de la convocatoria que emita la dirigencia nacional del partido.
“Vamos a esperar la convocatoria y si ellos deciden y cubren los requisitos que están en la convocatoria, no serían descartados”, expresó.
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El posicionamiento ocurre, luego de que autoridades estadounidenses presentaron acusaciones contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros funcionarios o exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los señalados habrían colaborado con integrantes de la organización criminal para facilitar operaciones de tráfico de drogas y recibir apoyo político. Las acusaciones no representan una sentencia y deberán ser probadas ante tribunales.
Barraza fue cuestionado sobre si los señalamientos dejarían fuera de los procesos internos a perfiles como Rocha Moya, Gámez Mendívil e Inzunza Cázarez, quienes han sido mencionados en el expediente estadounidense.
El dirigente respondió que Morena esperará los tiempos formales del partido y sostuvo que los aspirantes podrán participar si cumplen con los requisitos internos.
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Morena en Sinaloa mide impacto político de las acusaciones
El líder estatal reconoció que las acusaciones contra figuras morenistas sí generan un impacto en la percepción pública, aunque aseguró que el partido mantiene trabajo territorial en el estado.
Barraza señaló que Morena continúa con la instalación de consejos municipales, asambleas públicas y estructuras seccionales en Sinaloa, como parte de su organización rumbo al proceso electoral de 2027.
El caso tiene relevancia nacional porque involucra a figuras clave del partido en una entidad gobernada por Morena desde 2021, año en que Rubén Rocha Moya ganó la gubernatura.
Además, las acusaciones estadounidenses abrieron un nuevo frente político para el oficialismo, debido a que los señalamientos no solo alcanzan a funcionarios de seguridad o procuración de justicia, sino también a perfiles electorales que han sido considerados dentro del mapa sucesorio de Morena en Sinaloa.
Sinaloa, bajo presión política y judicial
Tras la acusación difundida por autoridades estadounidenses, Rocha Moya y Gámez Mendívil solicitaron licencia temporal a sus cargos. En el caso de Culiacán, el Ayuntamiento nombró a Ana Miriam Ramos Villarreal como alcaldesa provisional.
El senador Enrique Inzunza Cázarez también ha quedado bajo escrutinio público por los señalamientos, aunque mantiene su cargo legislativo.
La Fiscalía General de la República integra una carpeta relacionada con las acusaciones y con otros hechos vinculados a la crisis política de Sinaloa, entre ellos presuntas irregularidades en la elección estatal de 2021 y casos de alto impacto que han sido mencionados en el expediente público del conflicto.
El gobierno mexicano ha señalado que Estados Unidos debe presentar pruebas formales para sustentar las acusaciones, mientras que Morena en Sinaloa intenta contener el costo político rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovarán cargos locales y federales.
Por ahora, la dirigencia estatal del partido sostiene que los perfiles señalados no están eliminados del proceso interno y que la decisión dependerá de la convocatoria nacional.
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