PUEBLA.- Tras ocho años de búsqueda de justicia, un Tribunal declaró culpable a Jorge Mario Ramírez Maldonado por el delito de feminicidio en agravio de su esposa, María Alejandra Galeazzi Sevenello.
El crimen ocurrió en Cholula, Puebla, el 20 de mayo de 2018, cuando Alejandra Galeazzi, de 43 años, sufrió una agresión directa que le causó la muerte, luego de pasar tres días de agonía. Después del ataque, Ramírez Maldonado se dio a la fuga y logró evadir a las autoridades durante cinco años, hasta que fue capturado el 25 de junio de 2023.
En noviembre de 2023, un juez de control otorgó al acusado un cambio de medida cautelar, permitiéndole continuar el proceso en libertad con un brazalete electrónico.
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Esta decisión generó indignación y denuncias de presuntas irregularidades por parte de los familiares de la víctima. No obstante, el proceso avanzó gracias a las investigaciones ministeriales realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Resolución final y condena
El pasado martes 7 de abril, el Poder Judicial emitió formalmente el fallo condenatorio, confirmando la culpabilidad del esposo Jorge Mario Ramírez Maldonado.
Tras esta resolución, la familia de la víctima se encuentra a la espera de la audiencia programada para el próximo lunes 13 de abril, fecha en la que se fijará la sentencia correspondiente y los años de prisión que deberá cumplir el ahora sentenciado.
Contexto del feminicidio de Alejandra Galeazzi
El feminicidio de Alejandra Galeazzi se convirtió en un caso emblemático que visibiliza la violencia de género en la entidad y las exigencias de justicia por parte de colectivos feministas y familiares de víctimas.
Desde que se conocieron los hechos, el caso generó indignación social y una amplia cobertura mediática, debido tanto a las circunstancias del crimen como a las demandas de justicia por parte de la ciudadanía.
Familiares de la víctima y colectivos feministas han denunciado que las primeras diligencias pudieron haber carecido de rigor y de una adecuada perspectiva de género.
Entre los principales cuestionamientos se encuentra la forma en que se procesó la escena del crimen y la recolección de pruebas. Activistas han advertido que cualquier error en estas etapas puede comprometer el desarrollo del caso y abrir la puerta a la impunidad.
Por otra parte, hubo reclamos de ausencia de perspectiva de género en las primeras etapas de la investigación. Este enfoque es obligatorio en casos de feminicidio, ya que permite identificar elementos clave como antecedentes de violencia, relaciones de poder o condiciones de vulnerabilidad.
Organizaciones civiles han insistido en que no aplicar correctamente este enfoque puede derivar en la clasificación errónea del delito o en la minimización de factores relevantes, lo que afecta directamente el acceso a la justicia.
A su vez, la Fiscalía General del Estado de Puebla aseguró que el delito fue investigado bajo el protocolo de feminicidio.
lrc