GUERRERO.- La mañana del lunes 6 de abril trajo a la Montaña Baja el estruendo de los fusiles de asalto. A escasos metros de la comisaría de Xicotlán, el corazón político y social de esta comunidad indígena, la muerte llegó blindada. No hubo advertencia, un grupo armado asesinó a cuatro activistas.
Eran pasadas las diez de la mañana cuando una camioneta blanca, de cristales opacos y láminas reforzadas, cortó la calma del pueblo. Desde su interior, sujetos dispararon ráfagas de alto calibre contra un grupo de integrantes del Concejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
En el suelo quedaron los cuerpos de Isaías, Isacar y los hermanos Bernardino y Ernesto. La sangre de los hermanos se mezcló en el polvo, una imagen cruda que resume la tragedia familiar que acompaña a la violencia política en Guerrero. Para el estado son cuatro actas de defunción; para el Cipog-EZ, son cuatro pilares de una resistencia que se niega a entregar sus tierras al control del crimen organizado.
Te podría interesar
Un asedio que no cesa
La noticia corrió rápido hasta Chilpancingo, donde Jesús Plácido Galindo, dirigente de la organización, alzó la voz una vez más. Su tono no era de sorpresa, sino de una rabia contenida y vieja. El ataque en Xicotlán es apenas el último capítulo de una guerra de baja intensidad que desangra al municipio de Chilapa.
Mientras los campesinos se defienden con asambleas y palos, sus agresores circulan en tanques improvisados que parecen burlar los retenes militares que salpican la carretera hacia la capital.
lrc