MICHOACÁN.- Lo que inicialmente fue un conflicto agrario entre dos poblaciones de la Meseta Purhépecha, terminó con una irrupción policial y un ataque a tiros a la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen.
El 4 de abril de 2017, comuneros se manifestaron en la ciudad de Morelia para exigir justicia debido a la disputa con la localidad vecina de Capacuaro, por 512 hectáreas de bosque.
Cuando regresaban a su pueblo, el autobús en el que viajaban los comuneros fue interceptado por personal de la Policía Estatal y fueron detenidos en ese operativo 38 pobladores.
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La comunidad de Arantepacua bloqueó la carretera Pátzcuaro-Cherán para exigir la liberación de los pobladores detenidos.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), encabezada en ese entonces por Juan Bernardo Corona Martínez, arremetió en contra de los manifestantes e ingresó en la comunidad.
El gobierno del entonces mandatario perredista, Silvano Aureoles Conejo, justificó la irrupción y el operativo con la consigna de desbloquear el punto carretero y desmovilizar las manifestaciones.
Minutos antes de las 12:00 horas comenzaron a llegar a esa localidad ubicada a 113 kilómetros de la capital michoacana y, desde su ingreso dispararon contra la población.
Las víctimas fueron: Francisco Jiménez Alejandre, Santiago Crisanto Luna, José Carlos Jiménez Crisóstomo y Luis Gustavo Hernández Cohenete.
La primera muerte, fue la de Hernández Cohenete, estudiante de bachillerato, quien acababa de salir de la escuela y se dirigía a su casa.Testigos refieren que el adolescente de 17 años se trasladaba en un taxi junto con otros dos compañeros y, a menos de un kilómetro de la localidad, tuvieron que bajarse de la unidad de transporte, porque el operativo policial tenía cerrado el acceso.
Luis Gustavo caminó sobre un terreno aledaño al camino y mientras lo hacía personal policiaco le disparó, por lo que el menor corrió y fue asesinado por la espalda por elementos de la SSP: “Ya cayó el primero; ya cayó el primero”, celebraba uno de los agentes mientras el estudiante yacía muerto a medio agostadero, como consta en un video que es parte de las investigaciones.
La segunda víctima fue Jiménez Crisóstomo, joven enfermero que acababa de llegar a su casa tras cubrir el turno de la mañana en la clínica rural de Nahuatzen.
José Carlos estaba por ingresar a su casa cuando fue alcanzado por las balas de los oficiales de la corporación. Pese a que sus familiares intentaron ayudarlo y llevarlo a un hospital en la ciudad de Uruapan, el joven profesionista murió en el camino por sus heridas.
Jiménez Alejandre y Crisanto Luna, ambos carpinteros de profesión, también fueron blanco de los elementos policiales.
Ambos fueron subidos a una camioneta para ser trasladados por sus familiares a un hospital de la ciudad de Zamora, pero no resistieron y fallecieron en el trayecto.
Durante la irrupción, los policías estatales detuvieron a 10 personas más que intentaban resguardarse de las balas, las golpearon y las trasladaron a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).
Los relatores de los organismos de derechos humanos documentaron que mientras eso ocurría, los 38 detenidos inicialmente eran torturados en la FGE: “Nadie nos dijo mañana va a llegar Policía Michoacán a matar Arantepacua, nadie sabía, muchas mujeres estaban viendo sus novelas, cociendo, forrando lo que hacen, cocinando y nosotros allá detenidos, dialogando en la mesa pacíficamente y que llegan los granaderos, dicen que andaban hasta helicópteros, ambulancia de Segob, de todo”, relató, Alejandro Crisóstomo Valdez, uno de los detenidos y en ese entonces representante de bienes comunales de Arantepacua.
En la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 32/20/2020 se establece que en el hecho del 17 de abril del 2017, la actuación del Estado dejó un saldo de cuatro ejecuciones extrajudiciales, incluida la de un menor de edad; 10 casos de tortura; 38 víctimas de tratos crueles; 48 detenciones arbitrarias; decenas de allanamientos y más de mil víctimas indirectas.
Desde entonces, cada 5 de abril, la comunidad se manifiesta para exigir justicia, hasta que el pasado viernes 27 de marzo, un juez de Control concedió a la Fiscalía General del Estado de Michoacán 16 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos del estado.
Entre las órdenes de aprehensión hay una en contra del exgobernador Aureoles Conejo y otra contra su entonces secretario de Seguridad Pública, Corona Martínez, por los delitos de homicidio doloso, tortura y abuso de autoridad. Por esas mismas imputaciones el juez concedió 14 órdenes de aprehensión más en contra de policías estatales.
La comunidad de Arantepacua exige la captura y el enjuiciamiento del exgobernador de Michoacán, así como del entonces titular de la SSP y 14 policías estatales responsables de la irrupción y masacre ocurrida el 5 de abril del 2017.
“Desde el Concejo Comunal de Arantepacua hacemos un llamado urgente a las autoridades a ejecutar con diligencia dichas órdenes de aprehensión y garantizar que los responsables sean detenidos y llevados ante la justicia”, demandan los afectados.
“Reconocemos la gran labor de nuestra asesoría legal. Durante estos años, hemos sostenido un proceso organizado, político y jurídico que implica la compilación de pruebas y manifestaciones constantes en Michoacán y en la Ciudad de México y el fortalecimiento de nuestro sentido comunitario para sostener la exigencia”, expuso el órgano supremo de autogobierno de Arantepacua.
En su pronunciamiento público, el Concejo expone que es indispensable remarcar que la comunidad de Arantepacua enfrentó no sólo corrupción, también la negativa a investigar el hecho.
Los representantes de la comunidad enfatizan que aunque las órdenes de aprehensión no son justicia, sí son el inicio de una etapa en la que el Estado está obligado a demostrar que acabará con la impunidad.
Subrayaron que las órdenes de aprehensión son una oportunidad histórica para la justicia en México y que se demuestre que los crímenes y violaciones graves a los derechos humanos pueden ser castigados.
“No cesaremos hasta que estas órdenes de aprehensión se conviertan en sentencias firmes. Si no hay justicia para Arantepacua, no habrá paz para el Estado”, advierten.