GUADALAJARA.- Un juzgado del Estado de México concedió una suspensión definitiva al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, contra su vinculación a proceso. Esta medida, derivada del expediente 243/2026 del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal, representa una pausa legal mas no la conclusión del proceso judicial que enfrenta el funcionario.
La determinación judicial no implica la libertad del edil, sino que tiene como objetivo analizar a profundidad si su vinculación a proceso fue dictada de manera correcta. El caso quedó "congelado" antes de llegar a la etapa de juicio oral.
Bajo esta suspensión, las etapas de investigación complementaria e intermedia pueden continuar; sin embargo, el juez de la causa tiene prohibido dictar el auto de apertura a juicio oral, momento en el que se decidiría su responsabilidad penal.
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Situación jurídica
A pesar del recurso obtenido, Diego Rivera Navarro permanecerá recluido, quedando ahora a disposición del Juez de Amparo en tanto se resuelve el fondo del asunto.
El pasado 10 de febrero, el alcalde fue vinculado a proceso por su presunta relación con una célula criminal ligada al Cártel Nueva Generación, dedicada a la extorsión de políticos, empresarios y comerciantes en el municipio de Tequila.
Los delitos que se le imputan, junto a dos de sus colaboradores, son:
- Delincuencia organizada con fines de cometer secuestro.
- Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
- Agravantes por su condición de servidores públicos.
Otros implicados
En relación con estos mismos hechos, se confirmó que Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública de Tequila, y Juan Gabriel Toribio Villareal, director de Catastro Municipal, continuarán internados en el penal federal número 14, localizado en el estado de Chiapas.
Contexto
El caso de Diego Rivera Navarro comenzó a escalar tras múltiples denuncias ciudadanas en Tequila, Jalisco, donde empresarios y comerciantes acusaron al entonces alcalde de imponer cobros ilegales y esquemas de extorsión.
Las investigaciones derivaron en un operativo federal coordinado por fuerzas de seguridad, incluyendo Ejército y Marina, que culminó con su detención el 5 de febrero de 2026 junto a otros funcionarios municipales.
La Fiscalía General de la República lo acusa de participar en delincuencia organizada con fines de secuestro, además de su presunta implicación en el secuestro de actores políticos locales en 2021.
Entre los casos más graves destaca el presunto secuestro de un precandidato municipal, quien habría sido obligado a renunciar a la contienda bajo coerción.
También se le investiga por posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que refuerza la hipótesis de infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales.
De acuerdo con las indagatorias, Rivera Navarro habría encabezado una estructura dentro del ayuntamiento para operar un sistema de cobro de piso y control económico en el municipio, clave para la industria tequilera.
Este esquema incluía presuntamente el uso de recursos públicos y funcionarios para ejercer presión sobre empresarios, lo que amplió la dimensión del caso más allá del ámbito penal hacia posibles delitos de corrupción.