Oaxaca -Cuando Pablo salió de Tlaxiaco, Oaxaca, rumbo a Concordia, Sinaloa, lo hizo con un objetivo claro: trabajar para ayudar a su familia. Estaba por concluir su internado como ingeniero civil y el regreso a casa ya tenía fecha cercana. El plan se interrumpió el pasado 23 de enero cuando un grupo armado entró al campamento donde se alojaban trabajadores de la empresa Cicar S. A. de C. V. y de la minera canadiense Vizsla Silver Corp. Pablo fue llevado por la fuerza.
Ese día, Pablo Osorio Sánchez, de 26 años, hablaba por teléfono con su novia. La llamada se cortó de manera abrupta. Antes, ella alcanzó a escuchar voces alteradas y el sonido de un vehículo que arrancaba. Luego vino el silencio. Las llamadas posteriores ya no entraron. Horas más tarde se confirmó que diez trabajadores habían sido secuestrados. Pablo estaba entre ellos.
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De Tlaxiaco a Concordia
El día que Pablo salió de casa, doña Socorro le dio la bendición. Sabía que Sinaloa es una de las entidades con mayores niveles de violencia en el país. “Le dije que se cuidara mucho”, contó en entrevista para La Silla Rota. Desde entonces, esa fue la última vez que lo vio.
Los registros de desaparición en Sinaloa muestran un aumento sostenido desde 2010. De acuerdo con datos de Red Lupa, 2024 fue el año con mayor número de casos, con 747 personas desaparecidas. En su análisis territorial más reciente, publicado en mayo de 2025, integrantes de la Red señalaron la presencia de grupos criminales en la zona donde fueron interceptados los trabajadores de la minera.
“La zona serrana del estado tiene el 33% de su territorio concesionado a proyectos de extracción minera. Los municipios de San Ignacio y Concordia han experimentado una ola de desplazamientos por estos proyectos en los que participan grupos criminales”, señala el informe.
Pablo llegó a Sinaloa como parte de su formación profesional. En junio de 2025, el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco lo asignó a realizar su residencia en la empresa Cicar S. A. de C. V., que posteriormente lo trasladó a Concordia. Ahí se desempeñaba como supervisor de túneles para la minera Vizsla Silver Corp. cuando ocurrió su desaparición.
“Sólo quiero que me regresen a mi hijo”
La espera continúa. Doña Socorro pide noticias y solicita a las autoridades que su hijo vuelva a casa. En entrevista, explicó que Pablo trabajaba para apoyar a su familia y que, como el mayor de los hermanos, asumió esa responsabilidad desde joven.
“Sólo quiero que nos apoyen a buscar a mi hijo. Él trabajaba para ayudarnos porque es el más grande de la familia. Decía que nos iba a sacar adelante. Nosotros somos pobres. Él se fue contento, ilusionado de que iba a trabajar para sacarnos adelante”, dijo.
Mauricio, hermano de Pablo, señaló que la ausencia ha cambiado la dinámica familiar. “Queremos que nos regresen a Pablo. Él era el pilar de la familia. Mi mamá está destrozada por esta situación. Queremos que nos ayuden”, expresó.
Desde el día de la desaparición, la familia inició el proceso de denuncia. Acudieron primero a un ministerio público en Tlaxiaco, donde les indicaron que debían trasladarse a Sinaloa para presentar la denuncia. Sin recursos para viajar, buscaron apoyo en el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI A.C.).
La organización presentó una solicitud de acción urgente ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y una petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ambas gestiones se realizaron para solicitar la intervención de las autoridades federales y la búsqueda de Pablo.
Cuando la búsqueda depende del tiempo
Maurilio Santiago Reyes, abogado y presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI), informó que hasta ahora ninguna autoridad estatal se ha comunicado con la familia de Pablo. Señaló que esperan que sea el gobierno federal quien establezca contacto a partir de la acción urgente presentada ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, emitida el 2 de febrero. De manera paralela, continúa en trámite una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En entrevista para La Silla Rota, explicó que en Oaxaca no existe un mecanismo para acompañar a las familias de personas desaparecidas. Relató que, al acudir a la agencia del ministerio público en Tlaxiaco, se negaron a recibir la denuncia y les indicaron que debían presentarla en Sinaloa. La denuncia fue aceptada 24 horas después. Dijo que ese lapso es determinante cuando una persona ha sido privada de la libertad.
Santiago Reyes señaló que el caso de los trabajadores de Concordia refleja prácticas de reclutamiento forzado en distintas regiones del país. Indicó que existen registros de jóvenes profesionistas que son obligados a integrarse a estructuras delictivas por la fuerza.
“El reclutamiento forzado de personas es una realidad creciente en México. Tenemos conocimiento de muchos casos en donde hay jóvenes profesionistas que son reclutados de manera forzada”, dijo.
Pablo salió de Tlaxiaco para cumplir con un requisito académico y trabajar. Desde el 23 de enero no se conoce su paradero. Su familia espera una respuesta. Mientras tanto, la búsqueda continúa.