En Jalisco, más de una tercera parte de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) permanece fuera de operación. De acuerdo con la Comisión Estatal del Agua, existen 231 plantas en el estado, pero 87 no están funcionando, lo que se traduce en mayores descargas de agua contaminada a ríos y lagos.
La problemática impacta directamente a municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, la ribera del Lago de Chapala y diversas regiones del interior del estado.
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Descargas directas y plantas subutilizadas
Entre los puntos más afectados se encuentran localidades como San Jacinto y San Juan Tecomatlán, en Poncitlán; Maltaraña, en Jamay; y San Pedro Tesistán, en Jocotepec, donde la falta de operación de las plantas favorece que las descargas lleguen al lago y a sus afluentes. También enfrentan esta situación municipios como Zapotlanejo, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos, además de Amacueca, Cuquío, Encarnación de Díaz, San Andrés Ixtlán (en Gómez Farías), La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Mexticacán, San Julián, San Martín Hidalgo, Talpa de Allende, Teocaltiche y Teuchitlán, entre otros.
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En Ixtlahuacán de los Membrillos, fraccionamientos como Los Olivos 2, Los Girasoles y Valle de los Sabinos carecen de tratamiento funcional, lo que se traduce en descargas directas a cauces locales.
El problema no se limita a las plantas inactivas. También se registra subutilización en infraestructura estratégica. La planta de Agua Prieta, que trata descargas del norte de la ciudad, tiene capacidad para procesar hasta ocho mil 500 litros por segundo, pero actualmente opera a la mitad. Una situación similar ocurre en la planta de El Ahogado, al sur. Ambas descargan parte de sus aguas al Río Santiago, considerado uno de los más contaminados del país, por lo que su operación parcial limita los avances en saneamiento.
Falta de recursos y dudas sobre la solución
Especialistas coinciden en que la raíz del problema es financiera. Aunque muchas PTAR fueron construidas con recursos estatales o federales, la responsabilidad de operarlas recae en los ayuntamientos, que frecuentemente carecen de presupuesto suficiente.
“El costo de operación es elevado, sobre todo por el consumo de energía… y los municipios no cuentan con los recursos necesarios para asumirlo”, explicó Carlos Ornelas, coordinador del Centro de Ciudades Hidroadaptativas de la Universidad Panamericana.
En julio pasado, la Secretaría de Gestión Integral del Agua anunció una inversión de 129 millones de pesos para la rehabilitación, reconversión energética y adecuación de colectores, con la expectativa de reducir hasta 50% los costos eléctricos para los municipios.
No obstante, especialistas como Juan Pablo Macías advierten en el medio El Informador, que la modernización no resolverá el problema si no se garantiza la capacidad técnica y financiera de los ayuntamientos para operar las plantas. Además, cuestionan el papel de la Comisión Nacional del Agua en el acompañamiento institucional a los municipios.
Para Josué Sánchez, el reto también implica fortalecer los sistemas locales de gestión, abasto y cobro del servicio, a fin de asegurar ingresos suficientes que permitan el mantenimiento y operación continua de la infraestructura.