Michoacán -El llamado Plan Michoacán para la Paz y la Justicia fue anunciado por el gobierno federal el 9 de noviembre, tras una cadena de hechos violentos que sacudieron al estado: primero, el asesinato del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez; después, el magnicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.
La estrategia prometía reforzar la seguridad. Sin embargo, a menos de dos meses de su implementación, comenzaron a documentarse denuncias por abusos cometidos por algunos de los agrupamientos desplegados en distintas regiones de Michoacán.
La difusión, el martes 16 de febrero, de un video donde se observa a un grupo de militares golpear y amenazar a un joven encargado de un establecimiento de máquinas tragamonedas en Peribán, volvió a encender las alertas sobre los abusos por parte de militares que vienen sucediendo desde el año pasado. La grabación muestra golpes, tablazos y amenazas directas; un episodio que no sería aislado.
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Operativos sin orden judicial
El 13 de diciembre de 2025, elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (federal) y de la Guardia Nacional, realizaron una serie de cateos en el municipio de Los Reyes. De acuerdo con autoridades locales, los oficiales irrumpieron en al menos una veintena de viviendas en una sola tarde y noche. No contaban con órdenes de cateo.
Los despliegues se concentraron principalmente en regiones como Tierra Caliente, Zamora y Los Reyes. Las quejas comenzaron a acumularse desde los primeros operativos: ingresos forzados, revisiones sin mandamiento judicial y señalamientos de uso excesivo de la fuerza.
El caso exhibido recientemente en video no aparece, así, como un hecho aislado, sino como parte de una cadena de señalamientos que apuntan a prácticas reiteradas en el marco de una estrategia que, en teoría, fue diseñada para devolver la paz, pero que en distintas comunidades ha dejado denuncias por abusos cometidos por fuerzas federales.
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Puertas derribadas, amenazas y saqueos
Las imágenes a las que este medio tuvo acceso muestran uno de los episodios más graves denunciados durante los operativos del 13 de diciembre del 2025 en el municipio de Los Reyes.
Esa noche, a las 22:28 horas, dos camionetas con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana arribaron a una vivienda en la colonia Los Pinos. Detrás, otras unidades con elementos del Ejército Mexicano. Ambos convoyes formaban parte del despliegue federal enviado para “reforzar la seguridad” bajo el Plan Michoacán.
Dentro de la casa estaba su propietaria: una profesora jubilada, de 71 años de edad.
En el video se observa cómo las fuerzas federales derriban a golpes la puerta principal. Al menos 22 elementos ingresan con fusiles de asalto listos para disparar. Otro grupo permanece afuera, entre patrullas, mientras los que entran —sin orden judicial— arremeten con jalones y empujones contra la mujer.
Según relató posteriormente a sus familiares, los agentes la acusaban de “servir al crimen organizado”. La asediaron con amenazas de muerte.
“Lo que le decían, es que la iban a matar, si no les decía para qué grupo delictivo y líder criminal trabajaba, porque tenían información que la relacionaban con uno, pero mi tía nos cuenta que empezó a llorar y espantada les rogaba que no le hicieran nada, porque ni conocía a esa gente. Entonces, los federales y los militares, se metieron a los cuartos de ella, de sus hijos y de sus nietos, que todos viven en Estados Unidos y se llevaron las joyas, dinero en efectivo y otras cosas de valor en una caja, como se ve en el otro video”, describió uno de los sobrinos.
La vivienda quedó saqueada. La puerta, destruida.
La profesora llamó a sus familiares. Fueron por ella. Con la casa abierta, tomó algo de ropa y sus documentos. Tres días después voló a Estados Unidos para reunirse con sus hijos.
“Ya nosotros llevamos a un herrero para que arreglara lo de la puerta para evitar la rapiña de la delincuencia y desde entonces, mi tía no ha querido regresar a su tierra, a su estado y a su país, porque teme que le hagan efectivas las amenazas los federales”, relató el sobrino.
Ese mismo día, vecinos denunciaron que el personal militar había tapado cámaras de vigilancia municipales, sin saber que serían captados por dispositivos de comercios y viviendas particulares.
Así quedó registrado también el momento en que integrantes del Plan Michoacán intentan abrir la reja de una vivienda de interés social, propiedad de un trabajador agrícola de la región productora de berries. En el domicilio había un automóvil sedán, dos motonetas y una motocicleta perteneciente a su hijo de nueve años.
Testigos aseguran que lo que evitó que irrumpieran fue la intervención de los propios vecinos, que confrontaron a los uniformados ante la ola de abusos.
Familiares y afectados intentaron hablar con los mandos militares y de la SSyPC que encabezaban los operativos. No lo lograron.
“Nos dijeron que todos en este pinche pueblo éramos delincuentes y que nos iba a llevar la chingada; que ya tenían nuestra dirección y que tenían ubicada a nuestra familia y que si no le bajábamos de huevos, íbamos a conocer el infierno”, reveló una comerciante, también víctima de saqueo en su local de comida.
Las escenas —puertas derribadas, adultos mayores amenazados, viviendas revueltas y vecinos encarando a hombres armados— forman parte de los testimonios que se acumulan alrededor de los operativos desplegados bajo el Plan Michoacán.
El teniente Navidad
El 17 de enero de 2026, un mando del 17 Batallón de Infantería, con sede en la ciudad de Zamora, fue captado mientras golpea brutalmente a un joven detenido para ser interrogado y esculcado.
El oficial fue identificado como el teniente Navidad. De acuerdo con señalamientos en la región limítrofe con el estado de Jalisco, también ha sido acusado de ingresar a viviendas y llevarse a civiles —hombres y mujeres, principalmente jóvenes— sin órdenes judiciales.
En el video, la víctima aparece de pie, colocada detrás de una patrulla y rodeada inicialmente por tres militares; después se observan otros tres elementos más. Uno de los soldados le ordena bajarse la chamarra y, cuando la prenda llega a la altura de sus manos, lo sujeta para impedir que las mueva.
En ese instante comienzan los golpes en el estómago. El joven se dobla por el dolor. Es entonces cuando el teniente Navidad interviene directamente: lo patea con fuerza en el abdomen, con saña.
Desde ese día, los familiares no saben nada de la víctima. Intentaron presentar una denuncia, pero aseguran que fueron amenazados de muerte por el propio mando militar y sus subordinados, quienes continúan en funciones dentro del 17 Batallón de Infantería.
Este no sería un caso aislado. En Zamora y en otras regiones, la población ha documentado más abusos atribuidos a algunos convoyes militares y fuerzas federales desplegadas bajo el Plan Michoacán.
Sin ofrecer mayores detalles, fuentes consultadas del Ejército Mexicano señalaron que ya se ha puesto atención a los hechos relacionados con posibles abusos de poder cometidos por mandos establecidos y por personal itinerante.
En contraste, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene, hasta ahora, una sola queja iniciada en relación con estos y otros casos en los que están involucrados elementos de fuerzas federales.
Las grabaciones existen. Los testimonios también. Las denuncias formales, en cambio, siguen sin aparecer.