Nuevo León -La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León fue exhortada a intervenir en diversas notarías públicas de Monterrey ante crecientes denuncias por posibles fraudes inmobiliarios que han dejado a compradores y vendedores en situación de incertidumbre jurídica.
La solicitud incluye a las notarías número 58, 28, 88 y 132, así como a otras instancias involucradas en procesos de compra, venta y regularización de viviendas.
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María Alicia Álvarez Macías, directora general de Grupo 8 11 Soluciones y responsable de la división 8 11 Abogados, explicó que los casos documentados no son recientes, sino que se arrastran desde hace varios años y comparten patrones similares.
“Las operaciones fueron formalizadas ante notarios públicos y, con el paso del tiempo, derivaron en conflictos legales, adeudos no previstos o inconsistencias en escrituras y registros”, señaló.
Expedientes extraviados y adeudos millonarios
Uno de los testimonios es el de Álvaro Sánchez, quien adquirió una vivienda en 2019 mediante un crédito del Infonavit. La operación fue formalizada en la notaría número 58; sin embargo, el expediente se extravió.
Aunque inicialmente recibió un certificado que acreditaba que el inmueble estaba libre de gravamen, posteriormente se detectó un adeudo millonario a favor de una institución bancaria. A seis años de la compra, continúa pagando el crédito sin contar con plena certeza jurídica sobre la propiedad.
Otro caso es el de Diana Mejorado, quien en 2021 firmó documentos y comenzó a cubrir un financiamiento del Infonavit para adquirir una casa en García. No obstante, el inmueble nunca fue construido. A pesar de ello, en el Registro Público apareció una escritura emitida por la notaría número 88, documento que ella asegura no firmó y cuyos datos no coinciden con su información personal.
Ventas irregulares y suplantación
Jesús Lara denunció que en la notaría número 28 se realizó una operación de compra-venta de una propiedad en Juárez sin autorización de la financiera que otorgó el crédito. El comprador dejó de pagar y ahora Lara enfrenta demandas y adeudos pese a ya no habitar la vivienda.
En otro testimonio, Amparo Torres aseguró haber sido víctima de una presunta suplantación de identidad al intentar cancelar un gravamen ante la notaría número 132. Señaló que el trámite no se resolvió y que continúa enfrentando problemas legales derivados del caso.
Ante este panorama, Álvarez Macías hizo un llamado directo al fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, para que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades, con el fin de frenar la inseguridad jurídica que, advirtió, afecta tanto a familias como al mercado inmobiliario en la entidad.