Sinaloa -La minería en Sinaloa se ha desarrollado durante años en un entorno marcado por la violencia, la presión criminal y profundas afectaciones sociales en comunidades serranas. Aunque se trata de una actividad estratégica para la economía del estado, diversos episodios han encendido alertas sobre la seguridad de trabajadores y empresas, especialmente en municipios con tradición extractiva.
El caso más reciente, la privación ilegal de la libertad de trabajadores vinculados a una operación minera en Concordia y el posterior hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas, volvió a colocar al sector bajo el escrutinio público y reabrió la discusión sobre los riesgos que enfrenta la industria en regiones donde también se disputan territorios.
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Cierres, robos y desplazamiento: el impacto en la industria
La violencia ha tenido consecuencias directas en la operación minera. Al menos ocho minas han cerrado en Sinaloa a causa de la inseguridad —seis en Concordia y dos en Cosalá—, lo que ha dejado sin empleo a más de mil 600 personas, de acuerdo con datos de la Cámara Minera de México (Camimex).
El organismo ha advertido que estas condiciones representan un riesgo creciente para la continuidad de las operaciones y para la estabilidad laboral en regiones donde la minería es uno de los principales motores económicos. El impacto se extiende a las economías locales que dependen de la cadena de servicios vinculada a la actividad extractiva, como transporte, alimentación, seguridad y mantenimiento.
Uno de los episodios más significativos ocurrió en abril de 2015, cuando un grupo armado robó concentrado con alrededor de siete mil onzas de oro —valuado en aproximadamente 8.4 millones de dólares— de la mina El Gallo 1, en Mocorito, según informó la empresa canadiense McEwen Mining.
A ello se suma el desplazamiento interno documentado en comunidades serranas de Sinaloa, donde la violencia ha obligado a familias a abandonar sus hogares, alterando la vida comunitaria y la ocupación del territorio.
La crisis más reciente elevó el nivel de alerta tras la desaparición de diez trabajadores vinculados a una mina operada por la compañía canadiense Vizsla Silver en Concordia. Posteriormente, autoridades federales confirmaron el hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas y la localización sin vida de cinco de ellos.
Entre registros oficiales y el miedo a denunciar
En entrevista con La Silla Rota, el coordinador ciudadano del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Enrique Calderón Quevedo, explicó que, de acuerdo con los registros institucionales que revisa el organismo, Concordia no figura como uno de los municipios con mayor incidencia de denuncias por desaparición, privación ilegal de la libertad u homicidio, particularmente en comparación con la violencia concentrada en la zona centro del estado.
Sin embargo, subrayó que la conversación sobre la presencia de “gavillas” en regiones mineras ha sido constante durante décadas, aunque suele sostenerse más en testimonios que en expedientes formales, debido al temor de los habitantes a denunciar ante la presencia de organizaciones criminales.
“Por supuesto que en el pasado se ha hablado de la presencia de las gavillas, de una especie de protección o acuerdos no formales entre responsables de la actividad minera y quienes formaban parte de estas gavillas, pero eso era como un mito”, señaló.
Gavillas: relatos persistentes sin respaldo reciente
Aun con esas versiones históricas, Calderón Quevedo enfatizó que no existen elementos verificables en el periodo reciente que acrediten esos vínculos.
“Datos específicos, duros, de denuncias o de privación ilegal u otro tipo de delito… no los tenemos recientemente registrados”, afirmó.
Gran parte de la información, dijo, proviene de relatos de pobladores que no han derivado en investigaciones oficiales, lo que ha hecho que estas versiones se integren al imaginario local.
“En general podríamos categorizarlas como leyendas, mitos o testimonios aislados que se han repetido a lo largo del tiempo”, explicó.
Concordia y un contexto histórico de violencia
El especialista reconoció que el contexto histórico podría ofrecer pistas para interpretar hechos recientes como los ocurridos en Concordia, aunque advirtió que aún no hay claridad en las investigaciones en curso.
“En ese contexto pudo haber sucedido lo de Concordia, quizás, pero no lo podemos asegurar. Está complicado, todavía no hay claridad”, sostuvo.
Recordó además que las versiones sobre gavillas en la región se remontan principalmente a finales de los años ochenta y la década de los noventa, cuando se hablaba de personajes con control territorial en zonas de extracción minera.
Este encadenamiento de hechos muestra que, aunque la evidencia institucional no siempre ha logrado acreditar vínculos directos entre minería y criminalidad organizada, la industria continúa operando en escenarios de alto riesgo, donde la violencia se traduce en pérdidas humanas, cierres de operaciones y severos impactos económicos y sociales en las regiones serranas de Sinaloa.