Diputados y diputadas de Baja California han mantenido sus declaraciones patrimoniales lejos del escrutinio público porque no existen los formatos para su publicación como ordena la Ley General de Transparencia.
De acuerdo con la reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del estado, aprobada en julio de 2017, los lineamientos para las versiones públicas de esas declaraciones deben ser emitidos por el Sistema Estatal Anticorrupción, creado también en 2017.
Sin embargo, ese entramado de órganos de vigilancia gubernamental nunca ha operado plenamente en Baja California.
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Por esa razón, dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en el apartado de información de oficio donde deberían estar las declaraciones patrimoniales, lo que la ciudadanía encuentra es la justificación de la opacidad.
“...apegándonos a la legalidad, esta información no puede hacerse pública hasta en tanto los ordenamientos legales estén plenamente vigentes”, argumenta el poder legislativo de Baja California que desde 2019 está dominado por Morena y sus aliados, los partidos Verde Ecologista (PV) y del Trabajo (PT).
En la PNT liga que debería llevar al formato público para conocer aspectos como ingresos, bienes muebles e inmuebles de diputadas y diputados, arroja el mismo documento para todo el personal que incluye asesores, coordinadores, auditores y demás.
PRESUPUESTO Y EFICIENCIA DEL CONGRESO
En Baja California, cada uno de los 25 legisladores y legisladoras tiene un salario de 84,289 pesos brutos que luego de impuestos terminan en 64,535 mensuales.
Sin embargo, dentro del presupuesto anual que en 2925 rebasó los mil 158 millones de pesos, los diputados disponen de bolsas como la de Reuniones que ese año alcanzó los 60 millones de pesos y la de Apoyos Sociales para la que el mismo congreso se otorgó 90 millones de pesos.
Al mismo tiempo, al menos desde 2017 ha sido catalogado tanto por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), como por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), dentro de los poderes más caros y menos productivos.
En 2022, por ejemplo, el IMCO reportó que el de Baja California fue uno de los cuatro congresos locales donde cada legislador costó a la población más de 20 millones de pesos.
Para este año que recién inicia, el congreso local se autoaprobó un presupuesto de más de mil 203 millones de pesos, de los que 331.6 millones corresponden a la Auditoría Superior de Baja California.
lrc