El tiempo pasa, pero el silencio pesa. Este mes de enero de 2026 marca el cuarto aniversario de los asesinatos de la periodista Lourdes Maldonado López y el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel en Tijuana. Cuatro años en los que, aunque hay hombres tras las rejas, el sistema judicial de Baja California no ha logrado sentar frente a un juez a los autores intelectuales.
Tras una reciente manifestación de periodistas frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), el fiscal especializado en delitos contra la vida, Miguel Ángel Gaxiola Rodríguez, reveló que están intentando reconstruir el rompecabezas.
La estrategia actual consiste en buscar pistas que pudieron haber sido ignoradas en el pasado, un reconocimiento implícito de que la continuidad de la investigación se fracturó tras varios cambios internos.
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Los hilos sueltos: de "Cabo 20" a Jaime Bonilla
El panorama actual es un claroscuro de sentencias y carpetas estancadas:
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- Caso Margarito Martínez: El fotoperiodista fue asesinado el 17 de enero de 2022. Aunque hay dos sentenciados, el proceso contra Christián Adán, alias “Cabo 16”, sigue pendiente; es el único que rechazó un juicio abreviado para intentar refutar las acusaciones en un juicio oral. Sobre él recae la sospecha de haber recibido órdenes directas de David “N”, alias “Cabo 20”, quien hoy está en prisión por otro delito, pero a quien la fiscalía aún no puede acusar formalmente por la muerte de Margarito por falta de pruebas sólidas.
- Caso Lourdes Maldonado: La periodista fue ejecutada el 22 de enero de 2022, apenas días después de ganar un litigio laboral al exgobernador Jaime Bonilla Valdez. A pesar de que el nombre del político ha sobrevolado el caso desde el primer día, la FGE admite que no tiene elementos para citarlo. El argumento oficial es el "sigilo": evitar que el acceso a la carpeta de investigación comprometa los pocos avances logrados.
Un sistema con hermetismo
Uno de los mayores obstáculos ha sido el uso de los juicios abreviados. Los cinco sentenciados actuales aceptaron admitir su culpabilidad a cambio de penas reducidas. Sin embargo, este beneficio no incluyó la obligación de delatar a sus jefes. Según el fiscal Gaxiola, todos los implicados se han reservado su derecho a declarar, blindando así a los niveles superiores de la estructura criminal.
La gestión de la actual fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, quien asumió el cargo en agosto de 2023, enfrenta el reto de recuperar el tiempo perdido. Tras la salida del fiscal especial Atalo Machado en 2024, los expedientes fueron retomados por un nuevo equipo que hoy admite trabajar bajo un "contexto distinto" donde la pérdida de continuidad es el principal enemigo.
Para el gremio periodístico en Baja California, la promesa de "nuevas líneas de investigación" suena a eco lejano. Mientras no se identifique y procese a quienes dieron la orden, el mensaje para el país sigue siendo el mismo: en México, matar a un periodista tiene un costo bajo, y la verdad suele morir con la víctima.
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AJA