Chihuahua- El reciente nombramiento de Francisco Garduño como director general de los Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), envía un mensaje de impunidad a las víctimas del incendio ocurrido la noche del 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas migrantes y otras 27 resultaron lesionadas, afirmó Marcos Zavala, abogado de la Fundación para la Justicia, organización que acompaña legalmente a las víctimas.
En entrevista para La Silla Rota, Zavala sostuvo que el caso de Garduño refleja un patrón de “justicia selectiva”, al tratarse de un exfuncionario de alto nivel que fue vinculado únicamente por un delito menor, a diferencia del resto de los involucrados, quienes enfrentaron cargos por homicidio y lesiones.
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“Garduño no ha sido absuelto y sigue sujeto a proceso penal”
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en la conferencia mañanera de este miércoles 21 de enero de 2026 que Garduño “siguió un proceso y salió en libertad (…) ya no está bajo proceso de ningún tipo”, el representante de la Fundación para la Justicia afirmó que el excomisionado de Migración no fue absuelto por los hechos del incendio.
“El señor Francisco Garduño no ha sido absuelto de nada. Sigue sujeto a un proceso penal. El proceso 237/2023 no está cerrado”, enfatizó, al tiempo que recordó que la suspensión condicional fue otorgada en audiencia del 24 de enero de 2025 y que dicha medida fue impugnada por las víctimas mediante un juicio de amparo que aún no se resuelve.
Zavala explicó que, por mandato judicial, Garduño deberá acudir el próximo 1 de septiembre de 2026 a una audiencia para que se revise si cumplió o no con las condiciones impuestas en la suspensión condicional. Hasta entonces, no puede hablarse de una absolución.
Por otra parte, destacó que un juez reconoció que durante la administración de Garduño como comisionado nacional de Migración existieron hechos constitutivos de delito. Esto quedó reflejado, dijo, en la disculpa pública que el funcionario ofreció el 27 de septiembre de 2025, también como cumplimiento de una orden judicial.
“Él mismo aceptó que durante su administración hubo hechos constitutivos de delito”, señaló.
“Fue vinculado por un delito menor, no por la dimensión real de los hechos”
El abogado de la Fundación para la Justicia explicó que Francisco Garduño fue vinculado a proceso únicamente por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, pese a la magnitud de los hechos ocurridos en la estancia provisional de Ciudad Juárez. Señaló que esta decisión impidió que se le imputara por los 40 homicidios y las 27 personas lesionadas, como ocurrió con otros funcionarios y agentes involucrados.
“Desde ahí vemos un fraude procesal”, afirmó. “No se le vinculó por la dimensión real de los hechos. Al tratarse de un delito de bajo impacto, se abrió la puerta a beneficios procesales que no están disponibles para quienes fueron acusados de homicidio”.
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Detalló que, aunque ese delito inicialmente debió traer como consecuencia la inhabilitación del cargo, esta nunca se decretó, a pesar de que fue solicitada en diversas audiencias ante los jueces de control del proceso penal 237/2023. Además, subrayó que Garduño pudo acceder a la figura de suspensión condicional del proceso, lo que, de autorizarse de manera definitiva, podría derivar en una sentencia absolutoria.
Las víctimas no han recibido reparación del daño ni justicia
Zavala afirmó que, a casi tres años del incendio, las víctimas y sus familias no han recibido una reparación integral del daño. Indicó que, en la vía penal, no se ha otorgado ninguna compensación económica ni medidas de reparación efectivas, más allá de la disculpa pública, la cual fue rechazada por las víctimas.
“Las víctimas manifestaron que esa disculpa no era una medida de reparación, sino un requisito legal para que el señor Garduño buscara beneficiarse de la suspensión condicional”, explicó.
Añadió que el ahora nuevo funcionario de la SEP nunca se reunió previamente con las víctimas ni mostró gestos de solidaridad o apoyo hasta que un juez lo obligó.
El jurista subrayó que las víctimas no buscan culpables específicos, sino verdad, justicia y no repetición. “Quieren que se investigue toda la cadena jerárquica, no solo a quienes estaban físicamente en la estación, sino a quienes permitieron que operara en condiciones indignas y sin medidas de protección civil”.
Finalmente, recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya calificó los hechos como graves violaciones a derechos humanos, recomendación que fue aceptada en su totalidad por el Instituto Nacional de Migración. Además, informó que se impulsa una demanda por responsabilidad patrimonial del Estado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
“La exigencia de reparación del daño, acceso a la verdad y justicia sigue en manos de las autoridades jurisdiccionales”, dijo.
¿Qué pasó en el incendio de estación migratoria de Ciudad Juárez?
Contexto: la noche del 27 de marzo de 2023, un incendio en una estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, provocó la muerte de 40 migrantes y dejó al menos 27 más gravemente lesionados.
El incendio comenzó al interior del área de detención para hombres, donde se encontraban encerradas más de 60 personas migrantes, sin posibilidad de salir.
De acuerdo con información oficial y reportes de la Fiscalía General de la República (FGR), varios migrantes prendieron fuego a colchones en protesta por las condiciones de detención y la amenaza de deportación.
Las autoridades migratorias y personal de seguridad privada no abrieron las puertas para evacuar a las personas, a pesar del avance del fuego. Todo quedó registrado en videos de vigilancia interna.
Entre los fallecidos había migrantes de Venezuela (18), Guatemala (7), El Salvador (6), Honduras (7), Colombia (1) y Ecuador (1).
lrc