Iguala, Guerrero- Periodistas de Iguala lograron frenar una reforma al Bando de Policía y Buen Gobierno, impulsada por el alcalde Erick Catalán Rendón, la cual pretendía sancionar las críticas hacia el presidente municipal y otros servidores públicos, y que fue señalada como una amenaza directa a la libertad de expresión.
La movilización se llevó a cabo ayer 19 de enero en las puertas de la sala de cabildos del palacio municipal, donde comunicadores denunciaron que la iniciativa buscaba imponer una ley mordaza que limitaría el ejercicio periodístico y la crítica pública en el municipio.
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Reforma cuestionada por su alcance
El punto más controvertido de la propuesta era la modificación al artículo 234 del Bando, justificada bajo el argumento de preservar el “orden moral y social”. El texto planteaba sanciones como amonestaciones públicas, arresto administrativo, trabajo comunitario o multas contra quienes difundieran información considerada ofensiva o crítica.
La iniciativa incluía disposiciones para castigar a quienes “difamen o amenacen por cualquier medio o plataforma digital”, así como a quienes “agredan física o verbalmente, o causen afectación por cualquier medio o plataforma digital, a la honorabilidad y dignidad” del alcalde, ediles o servidores públicos.
Cabildo rechaza iniciativa tras protesta
Tras la manifestación y la revisión del documento, el Cabildo determinó no aprobar las modificaciones al considerar que su contenido excedía las atribuciones de un Bando de Policía y Buen Gobierno, lo que representó un revés para la propuesta del alcalde.
Los periodistas señalaron que la redacción era ambigua y abría la puerta a sancionar publicaciones informativas o críticas, sin definir cómo se acreditaría el supuesto agravio ni quién tendría la facultad de hacerlo.
Antecedentes de tensión con la prensa
Los comunicadores recordaron que no es la primera vez que el alcalde Erick Catalán es señalado por intentar inhibir el trabajo periodístico. En 2024, el portal Agencia Periodística de Investigación (API) denunció haber sido objeto de reportes masivos presuntamente promovidos por trabajadores municipales a petición de colaboradores cercanos al edil.
Finalmente, advirtieron que de haberse aprobado la reforma se habría abierto la puerta a la censura y a la inhibición de denuncias sobre corrupción y otras irregularidades, por lo que destacaron la decisión del Cabildo como una defensa del derecho constitucional a la libertad de expresión y de prensa en Iguala.