Puebla, Puebla -El domingo 31 de agosto de 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la permanencia de una sentencia de 20 años de prisión en contra de María Dolores “N”, una mujer de Puebla acusada de asesinar a su propia hija porque, según declaró, “no dejaba de llorar”.
Entre enero y julio de 2025, mil 308 personas menores de 18 años como la hija de María Dolores, fueron asesinadas en México, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública recopilados por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
Aunque la cifra representa una disminución del 7.8% respecto al mismo periodo de 2024 —cuando se registraron mil 419 víctimas—, el número sigue siendo alarmante y refleja un patrón de violencia sistemática.
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De esas muertes, 209 corresponden a homicidios dolosos. En otras palabras, decenas de niñas, niños y adolescentes asesinados de manera intencional en los primeros siete meses de 2025. La cifra, ligeramente menor a la del mismo periodo del año anterior (219 casos), muestra que, si bien hay una reducción porcentual de 4.6%, la violencia sigue arrebatando vidas a la infancia de manera cotidiana.
Una vida entre carencias
La tragedia ocurrió el 17 de diciembre de 2020, en Santa Clara Ocoyucan, Puebla, un municipio vecino a la capital poblana marcado por la pobreza y la marginación. Ese día, la pequeña de apenas un año y cinco meses sufrió una golpiza que le provocó 32 lesiones en distintas partes del cuerpo. El castigo terminó por arrebatarle la vida.
Dolores intentó ocultar lo sucedido. Corrió hacia sus vecinos y les dijo que la niña había muerto por una infección estomacal. Pero la autopsia reveló la verdad; un homicidio cometido dentro de un cuarto improvisado, en condiciones de extrema precariedad.
El caso no es aislado. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, (REDIM), en el estado de Puebla, se registraron 462 casos de delitos contra niñas, niños y adolescentes entre enero y julio de 2025, lo que ubica a la entidad como la octava a nivel nacional. Una parte de estos delitos suceden dentro del ámbito familiar de los niños y las niñas y escalan a partir de un maltrato infantil reiterado. Muchos de ellos pueden culminar en un homicidio, como la historia de la hija de María Dolores.
Ambas, madre e hija, vivían en un cuarto rentado dentro de una vivienda de la colonia Tlacaelel. No había servicios básicos. Una sábana sustituía a la puerta y el único mobiliario era un catre con un colchón. La miseria, como un telón de fondo, marcaba la vida cotidiana.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Bienestar, en Ocoyucan más de la mitad de la población —unas 21 mil 700 personas— vive en pobreza moderada. A ello se suman 7 mil 100 habitantes en pobreza extrema, es decir, el 16.4% del municipio. Más de 25 mil 600 personas carecen de servicio de agua potable, lo que equivale a unas cinco mil 500 viviendas.
En estas condiciones, la violencia doméstica suele pasar inadvertida, hasta que se convierte en noticia por desenlaces fatales como el de la hija de Dolores.
Tras acreditarse su responsabilidad, la FGE ejecutó acción penal en contra de María Dolores. El tribunal dictó una sentencia de 20 años de cárcel por homicidio en razón de parentesco, además del pago de 86 mil 880 pesos como reparación del daño. También se le impuso una multa de 434 pesos por lesiones contra un policía que participó en su detención.
El 29 de abril de 2024, su defensa apeló la resolución. Sin embargo, el 31 de agosto pasado, la Fiscalía informó que la condena quedó firme; Dolores pasará dos décadas en prisión.
Un problema que rebasa un solo caso
La violencia contra niñas, niños y adolescentes no se reduce a una historia trágica en un cuarto de Ocoyucan, Puebla. Es un fenómeno extendido que, aunque presenta matices según la región, golpea con la misma crudeza en todo el país.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), advierte que la violencia infantil no se limita a los golpes físicos, sino que incluye cualquier forma de fuerza o poder ejercida deliberadamente en contra de un menor y que ponga en riesgo su salud, su desarrollo o su dignidad. Bajo esta definición, el espectro de agresiones que enfrentan los niños en México es mucho más amplio que las cifras de homicidio revelan.
En este contexto, Puebla ocupa un lugar preocupante. Tan solo entre enero y julio de 2025, en la entidad se registraron 68 homicidios de menores de edad, lo que la ubica en el sexto lugar a nivel nacional, con el 5.2% del total de casos en el país. Las estadísticas confirman que detrás del asesinato de la hija de María Dolores hay un panorama más amplio; la violencia infantil en Puebla no es un hecho aislado, sino parte de un entramado de impunidad, desigualdad y desprotección que sigue cobrando vidas.
El maltrato infantil no es la única amenaza
El maltrato infantil no es la única amenaza que enfrentan los menores de edad en Puebla. La vulneración de sus derechos comienza muchas veces con la falta de acceso a la salud, a la educación o a una vida digna, explica en entrevista para La Silla Rota, Jesús Gabriel García, jefe del Departamento de Protección de los Derechos de la Infancia y la Familia del DIF municipal de Puebla.
El funcionario detalla que, desde que inició la actual administración municipal en octubre de 2024, el DIF ha recibido 148 reportes de maltrato infantil en la capital poblana. La mitad de esos reportes resultaron ser casos comprobados y, en diez de ellos, la gravedad llevó a presentar denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado.
El procedimiento comienza con una visita al domicilio del menor. Un médico del DIF evalúa su estado físico y emocional. Si no hay señales de riesgo inmediato, se cita a los padres o tutores para continuar la valoración en las instalaciones de la dependencia. Pero cuando el niño presenta lesiones, signos de violencia o de acoso, la situación cambia; el caso se denuncia de inmediato ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Lo mismo ocurre si los padres se niegan a recibir a los representantes del DIF o ignoran los citatorios.
En esos casos, el Ministerio Público es quien dicta las medidas de protección necesarias. Puede ordenar, por ejemplo, que el menor sea llevado a un albergue estatal. “El MP dicta la medida de protección; nosotros somos una herramienta para detectar y canalizar”, resume García.
Sin embargo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que los menores no deben ser separados de su familia, salvo que su integridad esté en riesgo. Cuando se determina esa separación, el primer paso es buscar a un miembro de la familia extensa que pueda hacerse cargo. Si no existe esa posibilidad, o los parientes viven en otra entidad, el niño es resguardado en un albergue mientras se logra localizar a sus familiares.
El maltrato hacia la niñez puede manifestarse de muchas formas; desde el daño físico hasta el abuso sexual o el abandono. Pero la protección institucional no se limita a estas expresiones más visibles. La vigilancia debe garantizar el cumplimiento de los 20 derechos de las niñas, niños y adolescentes reconocidos en los convenios internacionales que México ha suscrito. Entre ellos destaca el derecho a vivir en un ambiente libre de violencia, un principio que se vulnera cada vez que un menor es agredido dentro de su propio hogar. “Los casos se presentan en todos los estratos sociales —advierte García—, aunque en las familias de clase alta es más raro que se denuncien”.
Cuando se recibe un reporte, el DIF activa un protocolo que incluye la conformación de un equipo multidisciplinario de médicos, trabajadores sociales, psicólogos y abogados, quienes realizan una visita de campo para corroborar los hechos. Aunque casi la mitad de los reportes resultan falsos —en su mayoría motivados por rencillas entre vecinos o familiares—, la institución está obligada a atenderlos todos. “Tenemos que verificar por ley; yo debo leer cada reporte que llega al 089. Aunque algunos me parezcan exagerados, tengo la obligación de comprobar que un niño o una niña no esté en riesgo”, subraya el funcionario.
La historia de la hija de María Dolores no es sólo la crónica de una tragedia familiar en Puebla, sino el reflejo de un entorno donde la infancia sigue siendo vulnerada en México día tras día.
Contexto: Esta información es importante porque visibiliza una realidad que suele permanecer oculta dentro de los hogares: la violencia que padecen niñas, niños y adolescentes. Más allá de las cifras, muestra cómo la pobreza, la falta de protección institucional y la impunidad generan un entorno donde la infancia queda expuesta a riesgos mortales. Dar voz a estas historias permite dimensionar la urgencia de fortalecer políticas públicas, garantizar derechos y construir una sociedad donde la niñez pueda desarrollarse en un ambiente seguro y digno.