Culiacán, Sinaloa -El 28 de agosto de 2025, en la comunidad de El Tamarindo, un camino polvoriento a las afueras de Culiacán, un grupo armado interceptó a María de Jesús, de 35 años, y la asesinó a tiros.
Su nombre se repitió en los medios porque era hermana de un influencer ligado al clan de “Los Toys”. Para su familia, fue una tragedia sin consuelo; para las activistas, otra mujer arrancada de la vida en un estado donde cada feminicidio suele convertirse en expediente empolvado, mal clasificado o sin respuesta.
Semanas después, la Fiscalía estatal confirmó una jornada violenta con siete homicidios en un solo día, de los cuales dos fueron feminicidios. Dos mujeres asesinadas en 24 horas: una escena que, para muchos, pasó como parte de la violencia cotidiana; para las colectivas, fue un recordatorio brutal de que la alerta de género no ha detenido la matanza.
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“En este momento en Sinaloa tenemos una crisis de derechos humanos por la violencia letal contra niñas, adolescentes y mujeres”, afirma Priscila Salas Espinoza, dirigente del colectivo No se metan con nuestras hijas.
“Los asesinatos de mujeres, clasificados o no como feminicidios, son una radiografía de lo que enfrentamos. Y lo más grave es que no se investigan como debe ser. Eso impide el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral para las familias”, manifiesta.
Cifras que confirman la denuncia
Entre enero y agosto de 2025, Culiacán registró 12 feminicidios, lo que la convierte en la segunda ciudad con más casos del país, solo por debajo de Ciudad Juárez (13). A nivel estatal, el total ascendió a 25 feminicidios, frente a los 13 registrados en el mismo periodo de 2024, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en su Informe de violencia contra las mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911, al corte del 31 de agosto de 2025.
En un año, los casos prácticamente se duplicaron.
“Tenemos alerta de género en cinco municipios: Ahome, Guasave, Navolato, Culiacán y Mazatlán. Y aun así, las cifras siguen subiendo. Eso significa que las medidas no han tenido ningún impacto real en la vida de las mujeres”, advierte Salas.
La violencia no se limita a los feminicidios. Según el mismo documento del SESNSP, en el mismo lapso se documentaron 22 homicidios dolosos de mujeres, 34 homicidios culposos y 50 casos de corrupción de menores. Para Salas, cada cifra encierra un drama humano: “Detrás de esos números hay niñas arrancadas de su niñez, mujeres que nunca debieron morir y familias que siguen esperando justicia. No son estadísticas: son vidas”.
Contexto: El repunte de feminicidios ocurre en medio de la narcoguerra que atraviesa Sinaloa desde septiembre de 2024, cuando la pugna interna del Cártel de Sinaloa desató enfrentamientos, bloqueos y ejecuciones. Las cifras del Secretariado Ejecutivo muestran que la violencia letal contra mujeres creció a la par de la confrontación criminal.
Aunque no todos los casos se relacionen directamente con la disputa, el clima de guerra ha multiplicado la vulnerabilidad y ha saturado a las instituciones encargadas de investigar.
Omisión del Estado
Priscila Salas Espinoza no duda en señalar las fallas institucionales. “La Fiscalía no tiene recursos, no hay más presupuesto, no hay más personal. Y ni el Ejecutivo ni el Congreso han querido fortalecerla. Esa omisión cuesta vidas. Y las familias lo saben”.
Para la activista, la impunidad es estructural. Los expedientes mal clasificados, las investigaciones incompletas y los protocolos ignorados son tan graves como la violencia misma. Casos como el de María de Jesús en El Tamarindo o las dos mujeres asesinadas en un solo día son ejemplos de una crisis que no se resuelve con discursos ni alertas de género sin acción.
“Esta violencia no es un tema de números”, concluye. “Es un tema de derechos humanos que el Estado sigue sin asumir. Mientras eso no cambie, la impunidad va a seguir cobrándonos vidas”.