SONOYTA, Son.- Un punto carretero conocido como cachimba en el argot de los traileros que aparentemente era utilizada para el trasiego de huachicol fue cateada por autoridades estatales y federales en la carretera Sonoyta-San Luis Río Colorado, asegurando diversos indicios de desvío de hidrocarburos.
La diligencia judicial fue realizada por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Federal Ministerial (PFM) y diversas autoridades.
Durante el operativo, las autoridades localizaron un contenedor de 200 litros que contenía 40 litros de aparente hidrocarburo, así como 26 bidones vacíos de 20 litros de capacidad, dos bombas hidráulicas, tres mangueras conectadas a dichas bombas y dos contenedores adicionales de 200 litros de capacidad.
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Estos elementos fueron asegurados como indicios clave para la investigación en curso, la cual busca determinar la procedencia del combustible, su destino y la red de personas involucradas en su manejo ilegal.
La diligencia se llevó a cabo con estricto apego al marco legal, garantizando la cadena de custodia de los indicios, así como la integridad de las personas y el lugar intervenido; el personal de Bomberos y Protección Civil brindó apoyo logístico y de seguridad durante la operación, asegurando condiciones óptimas para el manejo de materiales potencialmente peligrosos.
Este operativo refrenda el compromiso de la FGJES con la seguridad energética y la lucha contra el robo y desvío de combustibles, delitos que impactan directamente en la economía nacional y la seguridad pública.
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Huachicol fiscal en México
En los últimos meses, México ha registrado una escalada significativa en casos de huachicol fiscal, modalidad del contrabando de combustibles que consiste en importar diésel o gasolina disfrazados como otros productos (“lubricantes”, “aditivos”, etc.) que están exentos o pagan menores impuestos, para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Esta práctica implica no sólo pérdidas millonarias al fisco, sino también la participación que se presume de funcionarios públicos y estructuras criminales organizadas.
Uno de los casos de mayor resonancia involucra a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, acusados de liderar una red que estaría utilizando su influencia para colocar personas de confianza en aduanas y permitir estos esquemas de importación fraudulenta de combustibles.
Las autoridades federales han señalado que este huachicol fiscal ha generado pérdidas para el erario superiores a los 40 mil millones de pesos en los últimos nueve meses, solo por diésel introducido de contrabando.
Además, se calcula que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador las pérdidas atribuibles a esta práctica podrían alcanzar los 4,600 millones de dólares.
El fenómeno tiene ramificaciones que trascienden lo económico: también hay denuncias de muertes vinculadas al tráfico de combustible, así como operaciones de lavado de dinero internacional relacionadas con redes que operan tanto dentro como fuera del país.
Hernán Bermúdez Requena —también conocido como “El Abuelo” o “Comandante H”— está acusado de operar bajo el liderazgo del grupo delictivo La Barredora, con funciones de dirección, supervisión y aprovisionamiento ilícito de hidrocarburos.
Una de las acusaciones señala que, durante su gestión como Secretario de Seguridad de Tabasco, recibió “millones de litros” de combustible mediante convenios entre la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Desarrollo Energético, que permitían donaciones de gasolina Magna y diésel como parte de sus operativos de seguridad, lo cual presuntamente facilitó el desvío de hidrocarburos.
Además, Bermúdez Requena enfrenta órdenes de aprehensión por delitos que incluyen delincuencia organizada, tráfico de armas, secuestro, extorsión y delitos en materia de hidrocarburos (huachicol fiscal).
Por otro lado, informes oficiales señalan la existencia de tomas clandestinas y una mini-refinería clandestina en el sur de Veracruz –en Coatzacoalcos– ligada a su red, en la que se procesaban combustibles robados, lo que amplía la escala del ilícito más allá del simple contrabando.
djh