Chihuahua- En Chihuahua, la cifra es tan contundente como alarmante; 42 de los 67 municipios carecen de policías operativos o de armamento suficiente para enfrentar la violencia que asfixia al estado.
En algunos pueblos, los uniformes quedaron guardados en un cajón y las patrullas se oxidan en los talleres. En otros, los agentes se marcharon porque no hubo condiciones mínimas para seguir. Lo cierto es que el silencio de las sirenas ha dejado a comunidades enteras expuestas, solas frente al crimen organizado.
De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2025 del Inegi, la entidad cuenta con 0.8 agentes por cada mil habitantes, una tasa por debajo de los 1.8 elementos que establece el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ý de los 2.8 que señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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Orfandad policial
Bocoyna, Coronado, Gómez Farías, Guadalupe Distrito Bravos, Praxedis G. Guerrero, Valle de Zaragoza y otros más de una decena de municipios, viven en esa orfandad. Allí, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) se limita a recorrer los caminos polvorientos y a instalar retenes temporales. Pero la ausencia de policías locales es evidente en medio de territorios donde los grupos criminales marcan su ley.
En contraste, la SSPE señala que en Cuauhtémoc sí hay agentes pero el mando operativo está en sus manos porque no hay una comandancia de policía, lo que refleja la fragilidad de las corporaciones municipales.
Municipios sin armas
No es solo la falta de policías. De acuerdo con la SSPE, en al menos 27 municipios, el armamento fue retirado porque los elementos no cumplieron con los controles de confianza. La imagen de un policía sin pistola patrullando las calles es casi un símbolo de la precariedad institucional. Apenas les dejan unas cuantas armas, lo mínimo para reaccionar ante una emergencia.
En pueblos como Moris o Nonoava, los agentes se convirtieron en figuras casi decorativas; sin fusiles, sin chalecos, apenas con la presencia física, son más bien testigos que actores de una violencia que los rebasa. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Chihuahua ocupa el segundo lugar en homicidios dolosos en México con el 7.2 por ciento, de enero a julio del presente año solo por debajo de Guanajuato.
Mientras tanto, los habitantes saben que si ocurre una balacera o un levantón, la policía local no podrá responder. La semana pasada, la SSPE intervino seis municipios más —entre ellos Namiquipa y Chínipas— y decomisó 128 armas. El pase de lista reveló irregularidades, vínculos sospechosos y expedientes sin actualización.
Zonas calientes sin resguardo
Muchos de los municipios desarmados o sin policías están en zonas de alta violencia. En Nuevo Casas Grandes, por ejemplo, las disputas de La Línea han dejado decenas de desaparecidos. Apenas el año pasado, 50 cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas en los alrededores. La policía local fue disuelta en 2023 por infiltración del crimen organizado; su director, Ricardo González Toala, alias “El Chicharrón”, fue señalado por la SEDENA como miembro del Nuevo Cártel de Juárez.
En el corredor Aldama-Ojinaga, las pugnas entre La Línea y Los Mayos/Cabrera han cobrado al menos 80 vidas desde septiembre de 2024. Ahí, Coyame y Manuel Benavides no tienen policías, y en Ojinaga los desarmaron. El vacío lo ocupan las balas y los desplazamientos.
En Moris, la violencia obligó a huir a 355 personas en lo que va del año. Los grupos criminales se disputan la tala clandestina y el robo de minerales. El pueblo se vacía poco a poco; casas cerradas, corrales abandonados, escuelas con menos alumnos. Los que se quedan saben que un día pueden ser los siguientes en irse.
Comunidades bajo fuego Guadalupe y Calvo acumula más de 300 homicidios desde 2020. La policía municipal fue desarmada en 2022 y nunca se reconstituyó. El pueblo ha quedado atrapado en la guerra entre Gente Nueva de los Salgueiro y La Línea, una guerra que paraliza la vida cotidiana; comercios cerrados, presidencia municipal clausurada temporalmente, calles vacías tras una balacera.
En las comunidades de la sierra —San José del Rincón, El Tigre, El Carnero, Llano Grande— el miedo es rutina. Familias enteras se desplazan con lo poco que pueden cargar. Algunos terminan en casas de parientes, otros improvisan refugios. Nadie los escolta, nadie los protege.
En el Occidente, municipios como Guerrero, Temósachi y Madera, también padecen la disputa entre La Línea y el Cártel de Sinaloa. Apenas en agosto, fueron derribados dos arcos de la Plataforma Centinela, el sistema de vigilancia que presumía el gobierno estatal como un escudo tecnológico contra el crimen. Lo que quedó fue la evidencia de que ni la tecnología sustituye a la presencia de policías confiables y preparados.
Contexto: La fractura del Estado El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2025 lo confirma; Chihuahua tiene apenas 0.8 policías por cada mil habitantes, menos de la mitad del mínimo recomendado por la ONU.
La SSPE insiste en que los municipios deben fortalecer sus corporaciones; reclutar jóvenes, capacitarlos, someterlos a pruebas de confianza y asignarles una Clave Única de Identificación Policial (CUIP). Solo entonces podrán recibir nuevamente armas y respaldo. Pero en la realidad, el crimen avanza más rápido que los trámites. Lo cierto es que, mientras el Estado se reorganiza, los pueblos se vacían, los muertos se multiplican y la confianza ciudadana se erosiona.