NOGALES, Son.— Lo que comenzó como casos aislados se ha convertido en una constante: cada vez más políticos mexicanos pierden su visa para ingresar a Estados Unidos, en un contexto de endurecimiento migratorio bajo la administración de Donald Trump.
El más reciente episodio lo protagonizó Juan Manuel Ruiz Hernández, director jurídico del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, detenido cuando intentaba cruzar la frontera hacia territorio estadounidense. Aunque el municipio aclaró que se trata de un asunto particular, el hecho se suma a una larga lista de funcionarios y líderes políticos que han sufrido la misma medida.
Alcaldes y gobernadora, sin visa
Uno de los casos más mediáticos ocurrió el 7 de agosto, cuando autoridades migratorias retuvieron al presidente municipal de Nogales, Juan Francisco Gim Nogales. Además de confiscarle dos celulares y una computadora, le retiraron la visa. El propio alcalde explicó en redes sociales que se trataba de un procedimiento administrativo.
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Apenas una semana después, la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante, confirmó que fue su esposo, Luis Guerrero, quien quedó sin visa estadounidense, despejando rumores que la señalaban a ella. El episodio provocó revuelo político en Baja California.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda también enfrentó la medida. En mayo pasado, reveló que Estados Unidos revocó tanto su visa como la de su esposo, Carlos Torres Torres, hoy coordinador de Proyectos Estratégicos en Tijuana. “Mi conciencia está tranquila”, expresó Torres al confirmar la decisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
En junio, la situación alcanzó a Sonora, donde el alcalde de Puerto Peñasco, Óscar Eduardo Castro Castro, perdió su visa al intentar ingresar con su familia en la garita de Lukeville, Arizona. Fuentes cercanas al edil aseguraron que la decisión estaba relacionada con una investigación en curso, sin mayores detalles.
El muro político de las visas
Estos casos coinciden con la política restrictiva implementada por el gobierno estadounidense. De acuerdo con la Proclamación Presidencial vigente desde junio de 2025, la suspensión de visas busca “proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional”.
El Departamento de Estado sostiene que la revocación de visas es parte de un procedimiento rutinario de seguridad. Sin embargo, en México, la medida ha generado suspicacias sobre si existe una lista negra que afecta de manera particular a funcionarios públicos.
Aunque todos los políticos mexicanos involucrados aseguran no tener pendientes con la justicia del vecino país, la coincidencia de los casos ha despertado preocupación en distintos niveles de gobierno.
En medio de este escenario, cada nuevo “desvisado” mexicano se convierte en noticia. La frontera, más que un límite geográfico, se ha vuelto un muro político que redefine las relaciones bilaterales.
Contexto: La creciente lista de políticos mexicanos sin visa estadounidense revela tensiones en la relación bilateral y evidencia cómo las decisiones administrativas de Washington impactan directamente en la vida política de México. Además, pone sobre la mesa el debate sobre soberanía, transparencia y las implicaciones de estar en la mira de las autoridades de EE.UU.